La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó en forma parcial el hábeas corpus colectivo del Tribunal de Casación que habilitó las prisiones domiciliarias a presos encuadrados en el grupo de riesgo frente al coronavirus y dispuso que esos beneficios deben ser analizados caso por caso. La medida, adoptada por unanimidad por los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari cuestionó el carácter colectivo otorgado por el fallo del titular de Casación, Víctor Violini, en abril pasado. En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, el máximo tribunal de justicia de la provincia dispuso que la situación de cada detenido sea “reencausada” para que la analice el juez competente, teniendo en cuenta una serie de pautas que fijó en su resolución. La Corte afirmó que “la mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal” y agregó que lo resuelto “debe ser revisado porque persigue algo inmediato y masivo que interfiere contra el necesario actuar de los jueces competentes”. Puntualizó que el órgano de casación “desoyó la clara directiva” de la Corte dispuesta en su Resolución 52 del 25 de marzo pasado “en cuanto estableció que es atribución de los jueces competentes evaluar y discernir con arreglo al orden jurídico vigente la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad seriamente amenazadas por la situación pandémica”. El máximo tribunal estableció que “son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante Covid-19”. Entre las pautas que, de acuerdo al fallo de 64 fojas, deben ser tenidas en cuenta, la Suprema Corte bonaerense destacó: los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito, y las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas). Más parámetros También, el fallo indicó que debe ser tenido en cuenta -a la hora de analizar la concesión o no del beneficio de prisión domiciliaria por la pandemia- “el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado el delito, la pena en expectativa o la ya establecida, el examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales”. Además, hizo referencia a que los jueces deberán atender a la situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante. Incluso, los ministros pidieron evaluar la posibilidad de alojar al detenido en lugares especialmente destinados por el sistema carcelario para personas en riesgo sanitario agravado. En sus fundamentos, la Corte añadió que el análisis de cada causa “debe efectuarse sin descuidar el enfoque sobre la situación de la víctima, en especial, su vulnerabilidad, por ejemplo, en casos de violencia familiar o de género o agresión sexual”. Estableció, a su vez, que debe asignarse prioridad “al trámite de las peticiones articuladas a fin de dirimirlas con la mayor celeridad posible y con participación de las partes interesadas” y reafirmó que los supuestos abarcados en el fallo de Casación deben reconducirse para su resolución por parte de cada órgano judicial competente. (Télam)
