Ley de Tierras: cómo impactaría la reforma de Milei en la compra de campos por extranjeros

El proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales que impulsa el gobierno de Javier Milei propone un cambio profundo en el régimen de adquisición de campos por parte de extranjeros. La iniciativa, que el Senado debatirá este jueves, contempla la eliminación de los límites vigentes para personas y empresas privadas extranjeras, aunque establece controles más estrictos cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control.

Actualmente, la Ley 26.737 fija que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, impone un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la compra de campos sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. Según datos oficiales, apenas el 6% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras.

Comparativa regional

El escenario regional muestra diversas posturas. Brasil mantiene una de las regulaciones más estrictas mediante la Ley 5.709/71, que limita la propiedad al 25% del territorio de cada municipio, con un tope del 10% para una misma nacionalidad, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Por su parte, Uruguay no prohíbe la compra, pero exige mecanismos de transparencia e identificación de accionistas, mientras que Paraguay presenta una mayor participación extranjera, que oscila entre el 14% y el 19% del territorio.

Justificación oficial

El gobierno sostiene que la normativa actual desalienta inversiones millonarias en sectores como el forestal, el riego y los cultivos permanentes en el NEA, Cuyo y la Patagonia. El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que la reforma busca diferenciar a los actores:

“La reforma busca diferenciar a los inversores privados de los Estados extranjeros: mientras los primeros dejarían de tener restricciones para adquirir tierras, los segundos quedarían sometidos a controles más estrictos y necesitarán autorización específica para concretar operaciones”.

De aprobarse la iniciativa, la Argentina pasaría de tener uno de los sistemas con mayores limitaciones legales a uno de los más abiertos de la región, facilitando el ingreso de capital privado bajo un nuevo esquema de control.

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