Multan con 1.833 millones de pesos a un buque extranjero por pescar sin permiso en el Mar Argentino
El Gobierno sancionó al pesquero Hai Xing 2 tras detectar maniobras ilegales en la Zona Económica Exclusiva Argentina, sumando cuatro embarcaciones penalizadas en lo que va de 2026.
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En el marco de las acciones para reducir la depredación en aguas nacionales, el Gobierno nacional aplicó una multa equivalente a casi 1.900 millones de pesos al buque Hai Xing 2. La embarcación, de origen chino pero que opera bajo bandera de Tanzania, fue detectada realizando capturas sin permiso dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
La sanción fue oficializada el 7 de agosto de 2026 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tras concluir el procedimiento administrativo iniciado por el rastreo digital de la Prefectura Naval Argentina. La infracción se registró a la altura del Golfo San Jorge, donde se constató que la nave navegaba a una velocidad de 4,3 nudos realizando maniobras de pesca por arrastre.
La medida se basó en la Disposición SSRAyP N.° 20/2026, firmada por el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla. Esta normativa establece que la navegación por debajo de los seis nudos con patrones de giro constituye prueba suficiente para aplicar sanciones, convirtiendo los registros del Sistema Guardacostas en evidencia técnica incontrastable.
Al respecto, fuentes del sector indicaron:
Al fijar que la navegación por debajo de los seis nudos con patrones de giro, cambios de rumbo o trayectorias compatibles con operaciones de pesca constituye prueba suficiente, la disposición convirtió los patrones de velocidad y movimiento registrados por el Sistema Guardacostas en evidencia objetiva, técnicamente verificable y jurídicamente incontrastable.
El Hai Xing 2, que anteriormente operaba bajo bandera de Vanuatu, mantiene su continuidad operativa mediante su número IMO 1124009. Con esta resolución, ya son cuatro los buques extranjeros sancionados durante 2026 por incursiones ilegales en aguas de jurisdicción nacional, consolidando una estrategia de control remoto que evita la necesidad de abordajes físicos en altamar.
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