“No vamos a pagar más caro los caños”: el Gobierno descartó avanzar con una medida antidumping
Desde la Casa Rosada aseguraron que no se pagarán caños más caros.
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La adjudicación de la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro abrió un debate sobre las políticas productivas, al tratarse de la primera vez en décadas que una compañía extranjera se impone a una empresa argentina en una contratación de este tipo.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailSegún se conoció a partir de una nota publicada en La Nación, la empresa india Welspun fue la adjudicataria del contrato para proveer los caños destinados al proyecto de exportación de Gas Natural Licuado de Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por PAE, Pampa, YPF, la noruega Golar y la inglesa Harbour Energy.
Welspun presentó una oferta 40% inferior a la que había realizado inicialmente el Grupo Techint, cuyo CEO es Paolo Rocca. Finalmente, la propuesta ganadora fue de USD 203 millones por 480 kilómetros de ductos, mientras que Tenaris acercó una oferta que resultó un 25% superior a la de la compañía india.
Desde Techint dejaron trascender que la diferencia de costos podría derivar en una denuncia formal por dumping, al considerar que existe competencia desleal y advertir sobre el impacto a largo plazo en el entramado industrial argentino. También señalaron que este tipo de decisiones favorece el trabajo en países como India y China, mientras que en Argentina persiste un esquema impositivo poco competitivo, con cargas nacionales, provinciales y municipales.
Ante la repercusión del caso, el medio Infobae consultó a fuentes de la Casa Rosada sobre la posibilidad de adoptar medidas futuras. “No vamos a pagar más caros los caños”, aseguró una fuente inobjetable, marcando la posición oficial frente a la controversia.
Cualquier eventual denuncia debería ser presentada ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que depende de la Secretaría de Industria y Comercio, conducida por Pablo Lavigne, funcionario cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Hasta el momento de la publicación de esta nota, el Grupo Techint no realizó ninguna presentación formal.
Horas antes, el presidente Javier Milei se expresó sobre el tema a través de su cuenta oficial de X, donde dio a entender su respaldo al resultado de la contratación. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”, escribió.
Un alto funcionario del Gobierno profundizó la postura oficial al señalar que no tiene sentido elegir un producto más caro cuando existen opciones equivalentes a menor precio. “Si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el tema es que el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? El precio nos conviene”, afirmó.
La CNCE define que existe dumping cuando un producto se exporta a un precio inferior al que se vende en el mercado interno del país de origen, aunque aclara que esta condición por sí sola no habilita la aplicación de medidas, ya que también debe comprobarse un daño a la producción nacional causado por esas importaciones.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también se refirió al tema en un extenso comunicado publicado en su cuenta de X. Allí sostuvo que el Grupo Techint ofreció los caños un 40% más caros y consideró indefendible adjudicar el contrato en esas condiciones. Según explicó, un mayor costo en los insumos implicaría menor rentabilidad del proyecto, menos inversiones, menos empleo y menos exportaciones.
Sturzenegger añadió que, con un precio del gas fijo, ese mayor costo podría haberse trasladado a un aumento en el precio de la energía para empresas y consumidores, lo que definió como parte del “costo argentino”. Además, remarcó que importar insumos más baratos genera efectos positivos en el tipo de cambio y en otras industrias exportadoras, al favorecer la eficiencia, el empleo y la generación de riqueza.
Por último, el ministro advirtió que otorgar un derecho de preferencia para igualar ofertas, como el denominado first refusal, podría desalentar la competencia en futuras licitaciones y derivar, a largo plazo, en menos oferentes y costos más elevados.