Otorgaron la prisión domiciliaria a Báez
La medida fue tomada por el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por lavado de dinero conocida como “La ruta del dinero K”, por lo que podrá salir de la cárcel de Ezeiza tras cuatro años.
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Los jueces dispusieron la colocación de una tobillera electrónica que le permitirá movilizarse a cien kilómetros a la redonda de donde fije domicilio, y también establecieron que antes de dejar el penal deberá pagar 632 millones de pesos de fianza.
Si bien obtuvo la excarcelación en esa causa, Báez quedará con prisión domiciliaria por otra investigación en su contra también por un delito de lavado de dinero.
El empresario y dueño de Austral Construcciones fue detenido el 6 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa por maniobras de lavado a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
Tras muchos pedidos de liberación denegados, ayer la Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que rechazaba su excarcelación o su prisión domiciliaria y le ordenó al Tribunal Oral 4 -que lo juzga por ese delito- volver a resolver sobre el planteo, algo que finalmente se resolvió a favor de Báez.
“En el día de la fecha la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Lázaro Antonio Báez y anular la resolución de este Tribunal por medio de la cual, con fecha 19 de junio del corriente año, no se hizo lugar a su excarcelación bajo ningún tipo de caución ni medida alternativa; reenviando las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento”, afirmó el Tribunal.
“En función de lo resuelto por el tribunal superior y siguiendo las pautas allí establecidas, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por la defensa del imputado bajo las condiciones requeridas”, agregaron los jueces.
En tanto, los abogados del empresario pusieron en duda que su cliente pueda dejar en las próximas horas la cárcel de Ezeiza, al señalar que el Tribunal Oral Federal 4 “impuso una caución enorme” que le es “imposible pagar”.
Los abogados Elizabeth Gasaro y Juan Martín Villanueva cuestionaron así la fianza de 632 millones de pesos que impuso el Tribunal como condición para liberarlo y señalaron que pidieron “la sustitución de esa caución por un seguro”. NA
