Polémica por una contratación de $8.690 millones para organizar la visita del Papa a la Argentina
El Gobierno nacional inició un proceso de contratación directa con DF Entertainment para la organización de los eventos previstos en Buenos Aires. La oferta presentada equivale a unos 5,6 millones de dólares y generó cuestionamientos por la falta de una licitación abierta.
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La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina quedó en el centro de una polémica luego de que se conociera una oferta de $8.690 millones presentada por la empresa DF Entertainment S.A. para llevar adelante la producción y coordinación de uno de los principales eventos religiosos previstos en la Ciudad de Buenos Aires.
El procedimiento, impulsado desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, generó cuestionamientos por tratarse de una contratación directa y no de una licitación pública abierta. La controversia tomó mayor dimensión luego de que la periodista Camila Dolabjian, de Radio Rivadavia, difundiera detalles del proceso y de los antecedentes de la productora involucrada.
Según explicó la periodista, el servicio contempla la organización de las actividades previstas en el Monumento a los Españoles, donde se espera una importante concurrencia de fieles durante la vigilia y los actos vinculados con la visita del Sumo Pontífice.
"Se armó revuelo por la adjudicación, no por licitación sino por compra directa a una empresa del armado de la visita del Papa León XIV, específicamente del evento que se va a hacer en el Monumento a los Españoles y la vigilia, que es la parte con más concurrencia", sostuvo Dolabjian.
La cronista también puso el foco en el presupuesto destinado al evento. "Llamó la atención el precio que se está pagando por esto y que se haya hecho de forma directa cuando en general estas cosas se tienen que hacer por licitación. Se van a pagar 5,6 millones de dólares", señaló.
De acuerdo con la información publicada en el portal oficial COMPR.AR, DF Entertainment S.A. presentó una oferta por $8.690.000.000, equivalente a aproximadamente 5,6 millones de dólares, tomando como referencia la cotización vendedora del Banco Nación de $1.550.
El procedimiento está identificado con el número 79-0012-CDI26, bajo el expediente EX-2026-100191830–APN-DCYC#JGM, correspondiente a la Dirección General Técnico Administrativa de la Jefatura de Gabinete.
Sin embargo, es importante señalar que la documentación disponible acredita la presentación de una oferta, pero no permite confirmar por sí sola que exista una adjudicación formal a la empresa.
La polémica también alcanzó a los antecedentes de DF Entertainment, particularmente por su participación en el proyecto de remodelación del histórico estadio Luna Park, una iniciativa que generó controversias por las normas de protección patrimonial vigentes en la Ciudad de Buenos Aires.
Dolabjian recordó una investigación del periodista Diego Cabot sobre el proceso de selección de la empresa para intervenir en el recinto porteño y los cuestionamientos que surgieron alrededor de las propuestas presentadas.
"La propuesta de la empresa rompe con todas las leyes de protección al Luna Park. Se avanzó a pagar un canon mayor por el hecho de demoler el estadio existente y construir uno mucho más grande a pesar de que está prohibido", afirmó la periodista.
En ese contexto, sostuvo que existen interrogantes sobre las autorizaciones otorgadas para las obras y su compatibilidad con la normativa de protección del patrimonio histórico.
"La Justicia porteña tiene que definir algunas cuestiones en relación a esta polémica porque la obra que autorizó el Gobierno de la Ciudad iba en contra de su propia normativa. Esperemos que sea todo pulcrísimo", concluyó.
De esta manera, la organización de la visita papal quedó atravesada por cuestionamientos sobre el monto de los fondos públicos comprometidos, la modalidad de contratación elegida y los antecedentes de la empresa oferente.
Mientras tanto, resta establecer el estado definitivo del procedimiento administrativo y si la propuesta económica presentada por DF Entertainment se convierte efectivamente en una contratación adjudicada por el Estado nacional.
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