Quinta Marcha Federal Universitaria: represión frente al Congreso y reclamos contra Milei
Miles de estudiantes, docentes y organizaciones sociales se movilizaron para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos frente al vallado de Gendarmería, con cinco policías heridos y una persona detenida, según el balance oficial provisorio.
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El Gobierno de Javier Milei enfrentó este jueves una nueva jornada de protestas con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sociales y políticas frente al Congreso de la Nación. La movilización estuvo atravesada por los reclamos de financiamiento para las universidades públicas, una disputa judicial por la aplicación de la legislación vigente y una serie de incidentes que alteraron el desarrollo de la convocatoria.
La protesta también coincidió con una jornada de actividad parlamentaria en la que el oficialismo logró evitar el tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, mientras distintos sectores reclamaban la derogación del decreto de desregulación económica.
La principal demanda de la comunidad universitaria fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada pese al veto presidencial. Las universidades sostienen que la norma resulta fundamental para garantizar su funcionamiento, actualizar los salarios de docentes y no docentes y recomponer el valor de las becas estudiantiles.
En las últimas horas, la Justicia dispuso la suspensión provisoria de las multas de 100.000 pesos diarios que pesaban sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización de salarios y becas.
Sin embargo, la decisión no resolvió la controversia de fondo. Mientras el Gobierno mantiene sus objeciones presupuestarias a la aplicación plena de la ley, las autoridades universitarias insisten en que debe cumplirse una norma que superó todas las instancias legislativas.
Incidentes frente al Congreso
Desde las 13, miles de manifestantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso, donde confluyeron columnas de estudiantes, agrupaciones universitarias, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos.
Durante las primeras horas, la movilización se desarrolló sin mayores inconvenientes. Sin embargo, pasadas las 14 se registraron incidentes cuando un grupo de personas se acercó al vallado de seguridad instalado por Gendarmería Nacional sobre la avenida Entre Ríos.
Según los reportes de la jornada, algunos de los involucrados comenzaron a arrojar piedras hacia los efectivos e intentaron derribar las vallas metálicas. Previamente, un grupo de jubilados autoconvocados había intentado alejarlos del sector para evitar enfrentamientos.
De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, los disturbios dejaron un saldo provisorio de cinco policías heridos y una persona detenida.
Los episodios de violencia modificaron el desarrollo de una convocatoria que hasta ese momento había transcurrido sin incidentes de consideración.
A la tensión se sumaron las condiciones climáticas. Pasadas las 15 comenzó a llover en las inmediaciones del Congreso, mientras continuaban los discursos desde el escenario principal. La combinación de la lluvia y los enfrentamientos provocó que parte de los manifestantes comenzara a retirarse antes de lo previsto.
El reclamo por el financiamiento universitario
Más allá de los incidentes, el eje central de la movilización estuvo puesto en la situación presupuestaria de las universidades nacionales y en las consecuencias que, según sus autoridades, genera la falta de actualización de los recursos.
Antes de los enfrentamientos, representantes de la Federación Universitaria y del Consejo Interuniversitario Nacional habían leído un documento consensuado en el que advirtieron sobre el deterioro del sistema de educación superior.
En el texto señalaron que el desfinanciamiento universitario está dando inicio a un proceso de deterioro que podría afectar el desarrollo del país y las oportunidades de las próximas generaciones.
“Estamos hipotecando nuestro futuro”, expresaron los representantes universitarios, quienes también remarcaron la necesidad de respetar las decisiones del Congreso.
“También marchamos en defensa de la democracia, porque en democracia, la ley se cumple”, sostuvieron en uno de los pasajes del documento.
La comunidad universitaria volvió a reclamar una recomposición salarial para docentes y no docentes, mejoras en las becas y recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas.
Una protesta que reunió distintos reclamos
La quinta Marcha Federal Universitaria también se convirtió en un espacio de confluencia de diferentes sectores que cuestionan las políticas del Gobierno nacional.
A los estudiantes y trabajadores universitarios se sumaron organizaciones sindicales, movimientos sociales, agrupaciones políticas y jubilados, que expresaron sus propios reclamos contra las medidas económicas del Ejecutivo.
Entre las consignas que se observaron durante la jornada aparecieron mensajes como “Milei, cumplí la ley”, impulsado por el Frente Sindical Universitario, y “La patria no se vende”.
También hubo banderas referidas a la situación de los jubilados y a la defensa de la soberanía nacional, mientras se escucharon cánticos críticos hacia el Presidente.
En paralelo, distintas organizaciones reclamaron la derogación del DNU 70/2023, una iniciativa que finalmente no logró avanzar en su tratamiento parlamentario durante la jornada.
De esta manera, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a colocar el financiamiento de la educación pública en el centro de la discusión nacional, en un escenario marcado por la confrontación entre el Gobierno, el Congreso y las instituciones universitarias.
Aunque los incidentes frente al Congreso y la lluvia alteraron el desarrollo de la convocatoria, los organizadores ratificaron su reclamo para que el Poder Ejecutivo cumpla con la legislación vigente y garantice los recursos necesarios para el sostenimiento de las universidades públicas.
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