Se oficializó la sesión para tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

La citación llegó con suspenso, ya que pasaban los días y no terminaba de concretarse. En total se pondrán en consideración del recinto cinco dictámenes, entre los cuales los de Unión por la Patria y de la oposición moderada son los que corren con más chances dado que son similares y podrían unificarse en caso de arribar a un acuerdo.

De hecho, el 15 de mayo pasado en el plenario de Previsión Social y Presupuesto, UP y la oposición “dialoguista” estuvieron a punto de dar el batacazo: hubo conversaciones hasta última hora para presentar una propuesta conjunta pero no fue posible.

Sin embargo, los esfuerzos no cayeron en saco roto ya que estas fuerzas políticas se comprometieron a limar las pequeñas diferencias entre ambos dictámenes de cara a la sesión del próximo martes a las 11.

En definitiva, se firmaron cinco dictámenes: el de mayoría fue el de Unión por la Patria con 33 firmas, y le siguió el de UCR+Hacemos+CC con 19. La Libertad Avanza (19), el PRO (8) y el Frente de Izquierda (2) presentaron dictámenes propios.

Unión por la Patria accedió a rebajar sus pretensiones originales de recomponer inicialmente las remuneraciones en un 30 por ciento y se acopló a la propuesta de “los dialoguistas” de fijar esa compensación en el 20,6 correspondiente a lo perdido por los jubilados en el mes de enero.

Con esta fórmula, la jubilación mínima quedaría en 285 mil pesos en el mes de junio, según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Al ajuste mensual por IPC (inflación medida por el Indec) se sumaría además un aumento adicional: en marzo de cada año se establecería un cálculo por el cual se reconocería un aumento del 50 por ciento de la variación del Ripte (variación salarial) por sobre la variación del IPC el año calendario anterior.

Lo que dinamitó el acuerdo con Unión por la Patria fue la decisión de Hacemos Coalición Federal de “meter por la ventana” en el dictamen la obligación de Anses de cancelar en un plazo máximo de seis meses la totalidad de las deudas que mantiene con las cajas previsionales provinciales así como con los jubilados con sentencias firmes favorables a partir de lo producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del organismo.

Además, el dictamen de la oposición moderada elimina los regímenes jubilatorios especiales para presidente y vicepresidente de la Nación.

Buena fe

Como muestra de buena fe del kirchnerismo y de la voluntad de llegar a un acuerdo de acá a la fecha de la sesión, el dictamen que presentó Unión por la Patria no fue el original, más ambicioso en términos de recuperación de capacidad adquisitiva para los jubilados, sino que respetó los términos del estado de negociación que se había alcanzado con los dialoguistas.

La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, ajuste mensual por IPC con impacto a los dos meses y compensación del 12,5%. Con esta fórmula, la jubilación mínima será de 265 mil pesos en junio.

El PRO, en tanto, firmó un dictamen que incorpora en la fórmula de actualización no solamente el IPC sino un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional a su criterio.

También el dictamen del PRO elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.

El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados. NA

Planteo de Unión por la Patria para tratar la cuestión educativa

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, que preside Germán Martínez, envió formalmente un pedido de sesión especial para el próximo martes a fin de tratar los proyectos sobre financiamiento universitario y restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

La solicitud, cuya decisión de dar lugar o no queda ahora en manos del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, es para sesionar el martes 4 de junio a las 14, tan sólo tres horas después de la convocatoria ya confirmada para votar los proyectos vinculados a la movilidad jubilatoria.

Al estar programadas en distintos horarios, en teoría el riojano tendría que avalar la convocatoria de Unión por la Patria, aunque hay un antecedente muy cercano que da cuenta de lo contrario: cuando dejó sin efecto el pedido de sesión del kirchnerismo para el día siguiente al tratamiento de la ley Bases, por entender que se yuxtaponían ambas convocatorias y debía priorizar la que estaba prevista con mayor anticipación.

Se trata, tanto en lo que refiere a la movilidad previsional como el presupuesto universitario y el restablecimiento del Fonid de una agenda incómoda para el Gobierno, que no quiere saber nada con iniciativas que modifiquen la ecuación fiscal.

De hecho, el presidente Javier Milei hizo saber que si la oposición lograba aprobar en ambas cámaras leyes que "rompieran la caja" y dañaran el equilibrio fiscal, no le iba a temblar el pulso a la hora de hacer uso de la facultad del veto.

El martes pasado, la oposición había logrado asestarle un golpe al Gobierno desde el Congreso, al avanzar con la firma de dictámenes que proponían la reposición del Fonid que el Poder Ejecutivo había eliminado a fines de marzo pasado.

El jueves pasado la oposición ya había logrado que se dictaminaran los proyectos que plantean la actualización automática del presupuesto universitario en el mismo plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto.

En cuanto al Fonid, el dictamen de mayoría resultó el de Unión por la Patria con 34 firmas, mientras que La Libertad Avanza junto al PRO, el MID y el bloque Independencia firmaron un dictamen de rechazo.

La UCR, con doce firmas, rubricó un dictamen de minoría en el que metió por la ventana la declaración de la educación como servicio esencial. NA