<h3 style="text-align:justify;">ACUSACIONES CRUZADAS Y UNA CAMPAÑA EN MARCHA</h3>A poco más de un año para las elecciones 2027, las cuales tendrán un tinte histórico para la ciudad al cerrar un ciclo de más de dos décadas del gobierno de Miguel Lunghi, la campaña política ya empieza a sentirse.En los últimos días, Raúl Escudero expuso en sus redes sociales una problemática que sufren los vecinos de Las Tunitas, donde una vivienda abandonada a metros de un jardín de infantes se utiliza como aguantadero para la comercialización de estupefacientes."Se trata de una problemática social que continúa sin resolverse y que afecta directamente a la calidad de vida", señaló el referente de Amemt en sus redes sociales. "La misma situación se repite en distintos barrios de Tandil, convirtiéndose en una demanda urgente que requiere respuestas concretas y sostenidas por parte del Estado", añadió.Dichas palabras fueron refrendadas en diálogo con este Multimedios. Escudero señaló al Ejecutivo por la poca respuesta al reclamo vecinal, pero también advirtió que no hay políticas de prevención para atacar la problemática creciente del consumo de sustancias.La respuesta del Gobierno local no tardó en llegar. Por un lado, fuentes oficiales comentaron los caminos legales por los que está circulando&nbsp; el Municipio de Tandil con el propósito de encontrarle una solución a la situación que aqueja a los vecinos de Las Tunitas.Por el otro, este Oído escuchó a una fuente oficial cruzar al referente mutualista: "Lamentamos que Escudero no consulte en el Municipio sobre el estado de algunos trámites antes de hacer declaraciones públicas. Parece más una intencionalidad política que una preocupación real por los vecinos”.La campaña política rumbo al sillón de Belgrano 485 está en marcha. Escudero ya dejó clara su intención de competir por afuera del peronismo con una propuesta vecinal. Ante este escenario, el lunghismo respondió con firmeza a lo que entendió parte de la campaña.<h3 style="text-align:justify;">LA ZONA FRÍA</h3>Tras varias especulaciones y posicionamientos políticos de acá y más allá también, finalmente la medida impulsada por el Ejecutivo Nacional para eliminar el régimen de Zona Fría no consiguió los votos necesarios en el Congreso y postergó el debate para después de las vacaciones de invierno.Según versiones de la Casa Rosada, el Gobierno nacional decidió frenar, al menos por el momento, su intención de eliminar el subsidio, habida cuenta de la tibia recepción que encontró la iniciativa entre los propios aliados del oficialismo en el Congreso, lo que llevó a que se recalculara y se demorara el tratamiento del proyecto.Si bien se hizo campaña para exigir que la iniciativa no prosperara y algunos sospechaban que se iba aprovechar el Mundial de Fútbol para meter el asunto, el oficialismo encontró resistencia de los aliados, en especial aquellos legisladores que representan fuerzas políticas cuya representatividad territorial especialmente alzaron su voces en contra, léase radicales y del PRO.Así, los votos no alcanzaban para aprobar la iniciativa, por lo que en la mesa política definieron correr el debate para después de las vacaciones de invierno, cuando el frío será probablemente menos intenso y haya menor rechazo social a la quita del beneficio.Cabe consignar que la propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a volver al esquema vigente antes de la reforma de 2021, que había extendido geográficamente el subsidio para sumar, además de las provincias patagónicas que ya contaban con él, a 94 municipios bonaerenses y otras comunas del país.<h3 style="text-align:justify;">DEMANDA A LA PROVINCIA</h3>Integrantes del Foro de Intendentes de la UCR bonaerense, del cual forma parte Tandil, acompañados por legisladores provinciales, mantuvieron una reunión de trabajo con la directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, para analizar las principales problemáticas que afectan al sistema educativo bonaerense.Uno de los ejes centrales del encuentro fue la crítica situación del transporte escolar. Los jefes comunales advirtieron que los valores actuales que perciben los prestadores del servicio resultan insuficientes en numerosos distritos, lo que obliga a los municipios a cubrir la diferencia con recursos propios.Desde la Dirección General reconocieron las dificultades financieras y las restricciones presupuestarias que atraviesa el sector.Otro punto de fuerte reclamo fue el funcionamiento de las Jefaturas Distritales de Educación. Si bien los intendentes valoraron la predisposición al diálogo de las autoridades provinciales, señalaron que en muchos territorios persisten serias dificultades de articulación cotidiana, lo que genera demoras y problemas operativos en la gestión local.Durante la reunión también se planteó el atraso en el pago de certificados de obras ejecutadas por los municipios en el marco de convenios con la Provincia, cuyos desembolsos continúan pendientes.En el tramo final del encuentro, los presentes abordaron los principales desafíos que enfrenta hoy la educación bonaerense: el aumento del ausentismo escolar, la creciente conflictividad y violencia en las instituciones, sobre lo cual Tandil fue epicentro de sucesos y debates que ganaron la escena mediática más allá de las fronteras serranas, y la necesidad de reforzar la autoridad pedagógica y el apoyo a los equipos docentes.Al respecto, las autoridades provinciales informaron que ya se encuentra en marcha una agenda específica para combatir la violencia en las escuelas y anticiparon nuevos encuentros con las Jefaturas Distritales para avanzar en soluciones concretas.<h3 style="text-align:justify;">MÁS RECLAMOS</h3>A propósito de radicales y Provincia, desde medios platenses se informó que&nbsp; Nerina Neumann,&nbsp; senadora bonaerense de la UCR, volvió a poner en agenda el debate por la coparticipación municipal, al reclamar el tratamiento de un proyecto que busca elevar de manera gradual los fondos que reciben los distritos hasta alcanzar el 20 por ciento.La iniciativa propone una suba escalonada: 17 por ciento el primer año, 18 el segundo, 19 el tercero y 20 a partir del cuarto. El planteo fue reimpulsado tras conocerse que entre enero y abril de 2026 los municipios recibieron 1,33 billones de pesos, frente a más de 10,4 billones administrados por la Provincia.“El esquema vigente quedó desactualizado frente a las responsabilidades que hoy tienen los municipios”, afirmó Neumann. Y agregó: “Los distritos absorben cada vez más demandas en salud, seguridad e infraestructura, pero sin los recursos necesarios”.El proyecto también establece que parte de los fondos adicionales se destinen a un Plan de Obras Públicas Municipales. “Necesitamos garantizar que la mayor coparticipación tenga impacto directo en los vecinos”, sostuvo.En ese marco, la legisladora trazó un paralelismo con el reclamo bonaerense ante Nación: “Así como la Provincia pide una distribución más justa, también debemos aplicarlo hacia adentro”.Mientras espera avanzar en la Legislatura, la propuesta suma presión en un contexto de caída de la recaudación y reabre el debate por el financiamiento y la autonomía de los 135 municipios bonaerenses.<h2 style="text-align:justify;">UN PASO CLAVE PARA LA QUINTA DE LOS MÉNDEZ</h2>Después de meses sin novedades públicas, la situación de la Quinta de los Méndez –uno de los centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron en Tandil durante la última dictadura cívico militar- registró un avance significativo: la Provincia habría comprado recientemente el predio ubicado en Juan Manuel de Rosas y Scavini, a un “precio muy accesible” para el Estado bonaerense.Si bien la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, área encargada de llevar adelante las gestiones, no brindó aún información oficial, quienes conocen el expediente transmitieron un mensaje que busca despejar las dudas surgidas por la falta de noticias en los últimos meses: "El tema no está parado. Cada paso requiere procedimientos administrativos que llevan tiempo", señalaron.Con la adquisición prácticamente resuelta tras la Ley de Expropiación sancionada por la Legislatura bonaerense en octubre de 2024, ahora la atención está puesta en la etapa siguiente. En ese sentido, se analiza qué parte de las construcciones existentes puede conservarse y cuáles deberán demolerse.La vivienda que en ese entonces perteneciera a los hermanos Julio y Emilio Méndez -y donde funcionó el CCD- fue derribada hace años y, posteriormente, distintos propietarios realizaron nuevas edificaciones sobre el terreno.La intención es aprovechar, en la medida de lo posible, la infraestructura actual para reducir los costos de las futuras obras.El destino previsto para el lugar se mantiene por el momento sin cambios. La Provincia, el Municipio y la Universidad Nacional del Centro (Unicen) continúan trabajando sobre la propuesta de desarrollar allí un Espacio para la Memoria, junto con un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos orientado a jóvenes.Si bien las organizaciones de derechos humanos esperaban un avance más rápido, quienes siguen de cerca el proceso sostienen que la compra del inmueble representa un paso determinante para que el proyecto pueda comenzar a tomar forma.<h3 style="text-align:justify;">LOS CANTEROS SIGUEN EN PIE</h3>Los canteros instalados sobre la avenida Buzón al 200 continúan en su lugar y, en los últimos días, sumaron nuevas especies vegetales que buscaron realzar la estética del sector. Esta intervención, que nació como una propuesta de mejora para el entorno del nuevo local de Capitán Deporte, se convirtió en el centro de una controversia administrativa que ahora se encuentra bajo análisis en el Concejo Deliberante. Mientras tanto, el movimiento en las plataformas digitales no se detuvo: diversos videos reflejaron los avances de la obra y recibieron opiniones favorables por parte de vecinos.Como se informó, un proyecto privado para jerarquizar el frente del comercio derivó en la apertura de un expediente. El titular del emprendimiento recibió una intimación municipal para retirar la estructura montada en el espacio verde.Ante esta situación, el comerciante presentó un pedido de excepción ante el cuerpo legislativo con la intención de conservar los elementos instalados, bajo el argumento de que su acción tuvo como fin mejorar el entorno urbano sin perjudicar en ningún momento la circulación peatonal.La obra consistió en el reemplazo de una franja de césped por piedras blancas, junto a la colocación de canteros con arbustos y bancos de madera para el descanso.A la espera de una definición por parte de los concejales, el futuro de los elementos ornamentales sobre la avenida Buzón permanece en suspenso. Mientras tanto, las plantas recientemente colocadas se sumaron al espacio que puso en debate los límites de las intervenciones privadas en el espacio de dominio público.

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