¿Qué factores clave explican hoy el boom de las energías renovables?

Energías renovables, origen, presente y futuro. ¿qué factores clave explican hoy el boom de las energías renovables? ¿cómo estamos parados en Argentina y qué desafíos tenemos por delante para avanzar en su masificación?

Las energías renovables no son algo nuevo o desconocido por el hombre, sino que tienen raíces muy antiguas. Nuestros antepasados utilizaban los recursos naturales como el viento y el agua para sistemas de molienda de granos, o el uso del sol para secar alimentos o calentar hogares. La humanidad siempre ha buscado transformar los recursos naturales en energía útil. Sin embargo, hubo un impass en donde el desarrollo industrial y el auge de los combustibles fósiles las relegaron a un segundo plano, básicamete por cuestiones de eficiencia y rentabilidad.

En el siglo XIX, el carbón dio paso a la primera revolución industrial cambiando la forma en que nuestras sociedades se abastecían de energía, se comunicaban y se organizaban, luego, el petróleo abrió la puerta a la segunda revolución industrial trayendo consigo el avance de los matriales compuestos, el nacimiento de la industria automotríz, y la química del silicio, entre otras. A lo largo de éstos últimos 300 años, las energías fósiles dominaron la escena por sobre las renovables debido a su alta densidad energética y facilidad de transporte. Sin embargo, el impacto ambiental, la dependencia económica, la crisis climática y las tensiones geopolíticas recientes, generaron una necesidad cada vez mas urgente de volver a las fuentes limpias, esta vez con tecnología avanzada.

Asistimos a un cambio de paradigma motorizado por la necesidad de reducir emisiones, de diversificar las matrices energéticas y de garantizar e independizar la seguridad de suministro. Estos drivers han convertido a las energías renovables en un eje estratégico del crecimiento económico. Ya no se trata solo de una cuestión ambiental, sino de competitividad: las tecnologías renovables han reducido drásticamente sus costos, atraen inversión, generan empleo y abren nuevos mercados.

El boom actual de las renovables responde a tres factores clave: a-innovación tecnológica, b-demanda social por asequibilidad y sostenibilidad y, c-visión empresarial a largo plazo. Las compañías que integran energías limpias en sus operaciones no solo mejoran su desempeño ambiental, sino que optimizan costos, reducen riesgos regulatorios y fortalecen su reputación corporativa.

Cuando hablamos de innovación tecnológica nos referimos al principal combustible que mueve el motor de la industria, entre otras cosas, para que las renovables pasen de alternativa marginal a elemento estratégico en el negocio energético. Hablando del mercado de energía eléctrica renovable, China invierte el equivalente al 3% de su PBI en innovación y desarrollo y esto le ha permtido trabajar fuertemente en la oferta tecnológica, ganando cada vez más espacio y capturando gran parte de la renta del sector, al punto tal que su omnipresencia masiva vuelve prácticamente inviable, por ejemplo, cualquier intento de relocalización industrial en Europa de plantas fabriles de manufactura de elementos que suplen a la cadena de suministro de las renovables. Todo esto debe leerse dentro de la lógica de un mayor nivel de proteccionismo de los principales bloques económicos del orbe, la guerra económica USA-China, la influencia relativa de éstos países en el acceso a los minerales de las tierras raras, el conflicto Rusia-Ucrania, y recientemente la beligerancia entre USA/Israel vs. Irán, que ha modificado el flujo comercial energético del mapa mundial.
Ahora bien, la inundación de productos chinos en el mercado también trajo su correlato positivo, una disminución categórica en el coste nivelado de energía (LCOE), pues, según IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable, el LCOE proveniente de nuevas instalaciones de energías renovables cayó dramáticamente un 89% entre 2010 y 2024. Por ejemplo, para la energía solar fotovoltaica (PV) el LCOE promedio mundial tocó los USD 0,043/kWh en 2024, y para la eólica terrestre (onshore wind) a USD 0,034/kWh.

En 2024, el 91 % de la nueva capacidad a escala de servicios públicos fue más barata que la alternativa más económica de combustible fósil. En el caso particular de la Argentina, la innovación tecnológica en las distintas formas de generación de energía eléctrica renovable, desde solar fotovoltaica, hasta biogás, pasando por eólica o hidráulica, ha permitido que sean más eficientes y rentables que la generación eléctrica de centrales térmicas de origen fósil. En el caso de las plantas de biogás, hoy por hoy, el punto de equilibrio se encuentra en torno a los usd100/mWh, muy por debajo de los costos de generación de las centrales termoeléctricas a diesel que suelen encontrarse por encima de los usd400/mWh (considerando costos de combustible, remuneración al generador por potencia y por energía despachada). Por otra parte, es importante destacar que para el caso particular de las centrales a biogás, el factor de capacidad de planta suele estár entre el 92% y 95%, muy por encima de otras alternativas tecnológicas como la solar, eólica o nuclear, y con una huella de carbono neto negativa, es decir, abate carbono de la atmósfera en lugar de incorporarlo.

El fenómeno descripto ha permitido condiciones favorables para que la capacidad global de energías renovables alcance un récord en 2024, superando los 4,448 GW, principalmente gracias a la solar y eólica. Sin embargo, para sostener el impulso a las renovables y alinearse con un escenario de adaptación al cambio climático que no supere los 1,5 °C, debemos triplicar dicha capacidad para el año 2030, y para ello, se requieren inversiones anuales en innovación y desarrollo superiores a los USD 5 billones/año (incluyendo generación renovable, redes/flexibilidad, eficiencia energética, electrificación). La pregunta es si nuestro país está dispuesto a crear el marco de incentivos y atractivos suficientes como para que el mercado escale al ritmo que se requiere. Si bien América Latina se encuentra entre las regiones más verdes del mundo, con una participación de las renovables cercana al 70% en la matriz eléctrica, en Argentina dicha participación llega tan solo al 20%, y prácticamente, el grueso de su generación es fósil, con el gas natural como figura estelar. Cabe mencionar que Argentina solo destina un 0,55% del PBI a investigación y desarrollo, la diferencia con China es abismal.

Es cierto que Vaca Muerta representa una oportunidad inmejorable para monetizar activos energéticos que se encuentran en el subsuelo por casi el equivalente a 30.000 millones de dólares/año, pero también es una verdad consumada que seguir incorporando a la atmósfera una fotosíntesis desfasada en el tiempo acarrea sus consecuencias climáticas, económicas, ambientales y geopolíticas. La Argentina posee de los mejores factores de capacidad no solo por los vientos patagónicos del sur o por la irradiación solar de la Puna, sino también por la producción de biomasa, gracias a su posición geográfica privilegiada en torno a la latitud 33 (mayores niveles de clorofila). Toda su arquitectura jurídica y regulatoria debiera enfocarse no solo en fomentar la generación renovable intermitente (solar, eólica), o la nuclear, sino también en impulsar la producción y aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos. Estas centrales producen potencia de base, no solo despachan energía, sino que sirven como backup de todo el parque de generación. Mantener diversificada la matriz energética colabora a la soberanía, brinda independencia en la toma de decisiones y otorga resiliencia a todo el sistema. Y en el caso de las plantas de biogás, te permite generar energía distribuida allí en el lugar donde

se la necesita, en el tambo, en la estancia, en los pueblos rurales, a bajo costo, sin huella ambiental, y con el bonus track de tener como subproducto un biofertilizante de elevado contenido de nutrientes, sobretodo en N,P,K, y en carbono orgánico mineralizado apto para utilizarlo como enmienda de cualquier cobertura vegetal.
Otro punto central en la innovación tecnólógica son las implicaciones que tiene para el empresario, pues, la caída de costes hace que incorporar renovables deje de ser un accesorio de sostenibilidad y se convierta en una decisión de negocio.

Las innovaciones como almacenamiento (baterías), digitalización, generación distribuida, redes inteligentes, permiten transformar el modelo energético (y de coste) de la empresa.

La velocidad de innovación exige que la empresa no se quede “esperando” la tecnología, sino que la incorpore estratégicamente para acceso anticipado a ventajas de coste y competitividad. De hecho, alinear los estándares operativos de la empresa a las nuevas exigencias del mercado, reportará no solo una mejora en su performance productiva y agregado de valor, sino, a la postre, una optimización de sus activos.
Esto es lo que hizo justamente la firma IKEA cuando instaló paneles solares en más del 90 % de sus tiendas y centros de distribución a nivel mundial, además de las 500 turbinas eólicas propias que posee. Este tipo de despliegue tecnológico refleja cómo una empresa puede adoptar la innovación en energías renovables como parte de su infraestructura operativa y obtener beneficios tanto en costes como en reputación.
Otro factor clave que contribuye al boom de las renovables es la demanda social por prácticas limpias. La sostenibilidad ya no es solo cuestión ética o regulatoria, sino una fuerza de mercado que impulsa las inversiones en renovables.

Un estudio citado por el Financial Times revela que, a nivel global, más del 90 % de las empresas encuestadas consideran el acceso a electricidad renovable como una prioridad de inversión. Además, el 93 % planea invertir en sus propias instalaciones renovables en el corto plazo.

Esto último también explica el aumento sostenido de la capacidad de generación renovable, para ponerlo en números, en 2024 se agregaron 582 GW (un crecimiento del 20 % respecto al año anterior), lo cual muestra una clara tendencia alcista del mercado en cuanto a demanda se refiere.

En la dimensión empresarial, éste aumento exponencial de la demanda de servicios y tecnologías asociadas actúa como un catálizador en donde todo el ecosistema (clientes, inversores, reguladores, legisladores, etc.) espera que las empresas tengan estrategias activas de sostenibilidad y transición energética. Adaptarse no es solo “hacer lo correcto”, sino proteger reputación, reducir riesgos, atraer capital.

En éste contexto, la demanda social genera una ventaja competitiva: quienes puedan garantizar que su cadena productiva, su operación, su suministro energético sean limpios y renovables, consiguen una posición preferente de marca y de mercado. En éste sentido, el caso del consumo corporativo renovable de Amazon destaca por su estrategia de adaptación a los nuevos esenarios de demanda, la firma invirtió en más de 500 proyectos de energía solar y eólica a nivel global, totalizando una capacidad instalada de 28 GW. Esta acción responde a exigencias de clientes, reguladores e inversores sobre sostenibilidad, y muestra cómo la demanda social y los compromisos de marca impulsan las empresas a la adopción renovable.

Es claro que el vínculo entre sostenibilidad y rentabilidad se está estrechando; más que un coste adicional, para muchas empresas la energía renovable es un factor de crecimiento, de reducción de riesgos energéticos y de acceso al financiamiento.

De cara al futuro, las energías renovables representan una oportunidad de transformación productiva. La tendencia apunta hacia modelos más descentralizados, digitales e interconectados, donde la generación distribuida, el almacenamiento energético y la inteligencia artificial serán protagonistas. Para el sector empresarial, esto significa pasar de un rol de consumidor a uno de protagonista activo en la transición energética global.

Una empresa que integra renovables desde una visión estratégica de largo plazo está capitalizando tanto la transformación del mercado como la normativa, y posicionándose frente a los riesgos de quedarse rezagada.
Hoy por hoy, más de la mitad de las empresas planean reubicar operaciones o cadenas de suministro en los próximos cinco años para acceder a energías más verdes. Si empardamos ésta realidad con la cuota de renovables que según IRENA se espera para el año 2030, un 46%, es lógico deducir que las empresas que no se adapten podrían quedar competitivamente fuera en los próximos años.

Es por ello que integrar renovables no debe entenderse como un gasto aislado, sino como una estrategia de negocio: asegurar suministro a menor coste, mitigar la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, mejorar la resiliencia de la cadena energética y en última instancia, permanecer en el negocio.
Una visión a largo plazo implica anticipar políticas regulatorias, transición de mercado, expectativas de los stakeholders e invertir en infraestructura, capacitación y modelos de negocio que aprovechen la transición energética.

Las empresas que tengan bien internalizados éstos conceptos pasarán de ser “consumidoras de energía” a ser “protagonistas” en todo el ecosistema energético: productores, integradoras, gestores de eficiencia, incluso comercializadoras.

Un caso bien emblemático que puedo citar es el de Johnson & Johnson, la gran corporación que incluyó renovables en su estrategia de largo plazo invirtiendo más de US$100 millones en cerca de 50 proyectos de energía limpia, el resultado? logro una tasa interna de retorno (TIR) del 16.3%.

Tener una visión de largo plazo implica ver a las renovables no como un coste ambiental sino como una fuente de ventaja competitiva, nuevas líneas de negocio, menor exposición a la volatilidad del combustible fósil, reducción de riesgo regulatorio y posicionamiento futuro.

En el plano local, las renovables evolucionaron desde unos pocos MW de capacidad instalada (a partir del programa Genren de Enarsa del año 2009), a más de 6800 MW, luego de la sanción de la ley 27191 que dio origen a los programas Renovar, RenMDI y las sucesivas convocatorias del MATER. De ésta forma se logró alcanzar una participación de las renovables cercana al 20%, cubriendo de éste modo con las previsiones marcadas por la citada ley.

Si vemos las proyecciones de la demanda de electricidad en Argentina para el año 2030, la capacidad disponible deberá aumentar en aproximadamente 16.000 MW. Ahora bien, esta capacidad puede obtenerse mediante diversas combinaciones de fuentes de energía renovable. Actualmente, existen más de 3.000 MW que podrían generarse con proyectos listos para su desarrollo en el corto plazo. Solamente con los recursos naturales biomásicos disponibles, estaríamos en condiciones de producir el equivalente al 5% de la demanda actual de energía eléctrica (unos 140.000 gWh-año). La industria local posee las capacidades humanas y técnicas requeridas, y domina todo el arco tecnológico como para transformar los 10 millones de m3/día de biogás que esperan ser monetizados en los establecimientos de cría de animales actuales. Sólo es una cuestión de tiempo y de acompañamiento del sector financiero para que se generen las condiciones necesarias para que el sector empresarial ejecute la FID (final investment decision).

En cuanto al escenario energético en general, Argentina ha venido manteniendo sistemáticamente una balanza deficitaria al punto extremo tal de llegar a importar energía por más de 7mi millones de dólares en el año 2013, con el objeto de cubrir su pico estacional de demanda doméstica residencial e industrial, pero también para abastecer su parque de generación eléctrica térmica, el cuál era obsoleto, caro y contaminante. Gracias al hito de la estatización de YPF (independientemente de si fue bien o mal instrumentada dicha acción política), se logró revertir el déficit de la balanza energética merced a la decisión de liderar el proceso transicional de sustituir la clásica explotación convencional de reservas hidrocarburíferas, por aquellas no convencionales. Esto brindó el plafón principal para el despegue de Vaca Muerta. Luego de ello, la eficiencia operativa en pozos, la suma de importantes players del sector, la mejora continua en los sets de perforación y fractura, la inversión en inteligencia artificial en procesos y tableros de control digitalizados, la escala del negocio, etc,etc., permitieron darle el músculo que hoy tiene esa industria. Gracias a ésta visión estratégica de largo plazo, a las políticas de Estado implementadas y a las articulaciones de alianzas estratégicas entre diversos actores, podemos hablar de exportaciones netas de GNL, y de proyectos como VMOS, Southern Energy, reversión del gasoducto norte e integración energética con Brasil, entre tantos proyectos que ya se discuten.

Toda ésta experiencia transitada en el sector oil&gas puede también volcarse a las renovables, de hecho, Brasil desarrolla su Presal off shore pero al mismo tiempo impulsa y fomenta el “Presal Caipira”, basado en las bioenergías. Se legisla en favor de tal determinación, así es como nacieron los decretos Renovabio, el Decreto nº 11.003/2022, y el más reciente que favorece el uso del biometano, el Decreto nº 12.614/2025.

Lo mismo sucede en Europa, el New Green Deal y el REPowerEU estimulan la producción de biometano para sustituir el gas ruso. De hecho, Europa tiene objetivos y metas concretas, por ejemplo de llegar a los 35 billones de metros cúbicos de biometano para el año 2030. Hasta Ucrania mismo ya posee planes firmes para el desarrollo y utilización del biometano.

En nuestro país, para avanzar en una verdadera masificación en la adopción de fuentes renovables de energía, se requiere apoyar de pleno a las bioenerías en general, y al biogás en particular, la decisión política de hacerlo debe fundarse en drivers semejantes a los de los países avanzados, si bien nuestra coyuntura no es de índole bélica estrictamente hablando, si lo es desde el punto de vista de la soberanía energética, de la integridad territorial, del desarrollo económico y de la resiliencia de todo el sistema que nutre la gobernanza. Apoyar el segmento energético desde el estado, no significa desguarecer areas sensibles de la sociedad civil, pero sí reasignar y resignificar recursos en sintonía con lo que se conoce como equilibrio marshaliano.

Políticas públicas de estímulo a la generación renovable. La importancia del apoyo institucional de sectores ligados al desarrollo industrial para impulsar las nuevas tecnologías de generación.

Cuando Argentina aprobó el paquete de medidas e incentivos en 2015 para fomentar el uso de fuentes de energías renovables a través de la ley 27191, Alemania (país 9 veces más chico que Argentina) que para entonces tenía 1000 plantas de biogás, hoy ya cuenta con más 1500 que aportan a la red una potencia eléctrica de más de 10Gw. Brasil, por otra parte, no poseía plantas de biogás relevantes para el mismo período analizado, y hoy, merced al régimen promocional de la ley RenovaBio (una política brasileña de biocombustibles, establecida por la Ley nº 13.576/2017), el país vecino se da el lujo de inaugurar una planta de biogás por semana, lográndose contabilizar unas 1350 centrales construidas y en operación. A su vez, Chile, que importa gas desde la Argentina está en franca conversión de su industria del reciclaje y está montando plantas de biogás que tratan y convierten residuos municipales en energía. Este último caso es interesante porque Argentina podría montar el mismo modelo de negocio para reconvertir en ecoparques los más de 40 rellenos sanitarios existentes a lo largo y ancho del país, con posibilidades concretas de generación distribuida para proveer energía limpia a los municipios respectivos. La iniciativas Global Methane Hub y Waste Map permiten identificar la ubicación de tales landfills.

Antes del año 2015, la Argentina sólo contaba con algunas aisladas iniciativas de biogás para tratar efluentes y algún pasivo ambiental, pero ninguna de ellas fue pensada ni diseñada para cumplir un fin enegético en si mismo, hoy el país cuenta con 34 plantas de biogás que totalizan unos 80Mw de potencia instalada aproximadamente, cifra que no representa ni tan siquiera el 7% del potencial total que reviste éste segmento tecnológico. Las recientes políticas públicas en materia energética puestas en marcha por el actual gobierno buscan liberar las fuerzas del mercado y apuntan tanto a cubrir la demanda energética interna como a la exportación de vectores energéticos, principalmente del gas proveniente de la cuenca neuquina. De hecho, en la ley Bases se menciona como pieza clave y fundamental la necesidad de la maximización de la renta obtenida de la explotación de los recursos, premisa que se acompaña con medidas de fomento e incentivos fiscales y tributarios a las grandes inversiones o RIGI, dentro de las cuales se encuentra el sector energético como destinatario. Asimismo, el RIMI, que ya se encuentra operativo, es un régimen de incentivo a las medianas inversiones que aplica para inversiones menores a los 200 millones de dólares, cuyo alcance bien podría favorecer la mayoría de los emprendimientos de biogas y biometano, aunque es sabido que la problemática en éste segmento no radica en la falta de inversores, sino mas bien en el acceso al capital para las pymes.
El marco regulatorio que favoreció el desarrollo de las bioenergías se promulgó en el año 2006 con la ley 26.093, dicha norma establecía las condiciones para la producción, almacenamiento y comercialización de biocombustibles como el bioetanol, biodiesel y biogás. Gracias a ésta iniciativa vimos nacer numerosas plantas productoras de biocombustibles que hoy abastecen a las petroleras para cumplir con su corte reglamentario. Pero lamentablemente, no se avanzó en la promulgación de normas reglamentarias específicas para el biogas o el biometano y esto situación, cercenó la oportunidad de acoplar las capacidades de recursos naturales, humanos y tecnológicos del sector a las nuevas necesidades y oportunidades del mercado. La prima hermana de los biocombustibles líquidos se quedaba de ésta forma sin su puntapié inicial y todo esfuerzo privado se realizó únicamente en función de un feed-in tariff otorgado por CAMMESA en las licitaciones de energías renovable propiciadas por los programas Renovar y RenMDI.

Cuando hablamos de programas de estímulo, tenemos que diferenciar cuando los mismos apuntan al mercado eléctrico de cuando lo hacen para el mercado del gas. Mientras que en el mercado eléctrico renovable solamente se remunera por energía despachada y no por potencia, en el mercado del gas la lógica imperante es el incentivo o señal de precio otorgado por el comprador al volumen despachado por el productor durante un determinado tiempo, sea a traves del mercado spot o a través de contractualizaciones anuales bajo modalidad take or pay. El Plan Gas garantiza por ejemplo un valor promedio en boca de pozo de entre 3,5 y 4 dólares el MMBTU al comprador/comercializador. Si se suman los costos de transporte, el industrial paga, en promedio, unos 7-8 dolares el MMBTU. El biometano (la molécula gemela al GN fósil pero cuyo origen es biológico) no puede competir en igualdad de condiciones porque su costo de producción promedio oscila entre 10 y 12 dólares el MMBTU, y su viabilidad queda comprometida a no ser que lo consideremos como sustituto del diesel o el GLP, cuyos costos rondan los 24 y 17 dólares MMBTU respectivamente. Claramente, si el consumo se ubica alejado de la red de gasoductos, la alternativa biometano se constituye en la más favorable, frente a las demás fósiles.

Independientemente de la internalización o no de los costos ambientales de los fósiles (que pueden visualizarse parcialmente en el impuesto al carbono de los combustibles líquidos), las señales de los legisladores deberían ir en el sentido de facilitar la inyección de biometano a la red de gasoductos, desde que técnicamente es posible hacerlo porque la normativa NAG-602 del ENARGAS así lo permite. Hoy la producción nacional de gas se ubica en torno a los 150 millones de m3 diarios, mientras que la demanda promedio ronda los 100 millones de m3 diarios, con picos del orden de los 150 millones de m3 diarios en los meses de invierno. Teniendo un potencial de producción de casi 10 millones de m3 diarios de biogas se podrían producir unos 5 millones de m3 diarios de biometano, ésto representa el 5% de la demanda interna del fluido energético. Comprender esto es clave porque un sistema plenamente diversificado aumenta las chances de lograr la seguridad energética y, como dije anteriormente, vuelve más resiliente la economía del páís porque se fortalece el ingreso de divisas por exportación neta del gas fósil.

Buceando en los obstáculos que imposibiltan un verdadero despegue del sector bioenergético encontramos; la falta de una normativa especifica que asegure un corte mandatorio de biometano para mezclar la biomolécula con el gas fósil proveniente de los gasoductos, tal como ocurre actualmente en Alemania (que inyecta hasta el 10% de bioCNG en sus gasoductos) o en algunos países nórdicos, en contraste, en la Argentina, dicho régimen solo aplica al biodiesel y al bioetanol; la ausencia de un mercado de capitales y de herramientas financieras como el leasing operativo o el project finance que permitan fondear proyectos que demandan una inversión en capex importante y que suelen tener una tasa de retorno que oscila entre el 10 y el 15% en el mejor de los casos; la inexistencia de una férrea decisión política que permita coordinar una sustitución paulatina del gas natural fósil por biometano/biogás, con el objetivo de acrecentar saldos exportables del gas fósil proveniente de los proyectos ligados al GN.

En definitiva, si hoy hablamos de un Plan Nucelar Argentino que consagra y combina experiencia, capacidad tecnológica y know-how; o si nos referirnos al boom de Vaca Muerta que pone en práctica conceptos de la calidad total o la eficiencia operativa, es porque en el pasado hubo una visión a largo plazo de instaurar un modelo de país desarrollista con políticas de Estado.

China por ejemplo, con 420TW/hora es la segunda potencia nuclear detrás de los Estados Unidos en términos de generación eléctrica, posee las mayores reservas de minerales críticos, tanto por la cantidad de reservas propias como por su control del procesamiento y refinación a nivel mundial. El país lidera en reservas de tierras raras (con la mina Bayan Obo como la más grande del mundo), y domina, junto con otros países del sudeste asiático, toda la cadena de valor de los microchips y procesadores. El gigante asiático inunda el mercado no solo de paneles solares (tiene un market share del 80%) o de productos elaborados, sino también de vehículos eléctricos (con una participación que ha llegado al 70% de las ventas mundiales en 2024) y de toda una gama de productos tecnológicos que nada tienen que envidiar a sus competidores de occidente. China ha sabido crear las políticas públicas de estado requeridas, desde el seno del PC, para sostener e impulsar la fuerza emprendedora de su ecosistema industrial.

Claramente, China es comunista con economía de rasgos capitalista. Es un socialismo a la China, donde el Estado mantiene el control sobre sectores clave (como la energía, las finanzas y la defensa), al tiempo que permite que la dinámica del mercado, propia del capitalismo, impulse el crecimiento.

En las antípodas de la ideología política anterior, y con el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, tenemos un reordenamiento y reagrupamiento de los factores de producción de la economía americana, privilegiando las demandas de sectores que se constituyeron en la base electoral del nuevo presidente, quien con clara visión proteccionista y un marcado sesgo imperial, ha retomado el control de la agenda internacional, pateando el tablero y retirándose de pactos preexistentes como el Acuerdo de París o la Organización Mundial de la Salud. Estas medidas que parecen antipáticas para el concierto internacional, buscan, junto con las renegociaciones de presupuestos de sus socios de la OTAN, eliminar gastos para la administración central. La implicancia de todo esto en el mercado energético en general, y eléctrico en particular, está dada por el fomento a la producción fósil americana, sobre todo al gas del Permian, para suplir la demanda europea que se encuentra insatisfecha frente a la veda del suministro ruso y del fósil proveniente del Golfo persa a causa del conflicto bélico USA/Irán.

Por su parte, Europa, que oscila entre occidente y Africa para asegurar el suministro de energía limpia, busca ahora reactivar la implementación de nueva generación a partir del programa europeo para la generación renovable REPowerEU, lanzado en 2022 para reducir la dependencia de los combustibles fósiles de origen ruso, acelerar las energías renovables y alcanzar la neutralidad climática para 2050. Este plan también incluye la Directiva revisada sobre energías renovables (2023), que eleva el objetivo de cuota de renovables al 42,5% para 2030, y el Programa LIFE, un instrumento financiero para apoyar proyectos de energía limpia. La paradoja que se presenta en el bloque europeo es que para ejecutar la medida necesita de oriente, dado que la provisión de materiales y equipos de muchas centrales depende de la cadena de suministros emplazada en China, motivo por el cual, en la última década, cientos de firmas europeas vinculadas a la cadena de valor renovable se vieron forzadas a mudar sus operaciones a Asia para evitar la bancarrota. Hoy, el viejo continente ensaya medidas extremas para lograr la relocalización industrial en su propio territorio, porque no es capaz de promover el consumo sin generar nuevas fuentes de trabajo genuinas.

Como observamos, el mundo asiste a una tensa interdependencia comercial, no solo entre las grandes potencias citadas, sino también entre bloques económicos más chicos y entre países pequeños. La fuerza de negociación relativa, el peso específico de cada parte frente al opuesto, hacen surgir las contramedidas paliativas requeridas en un sentido o en otro (aranceles, barreras para arancelarias, tarifas específicas, medidas antidumping, etc.) para asegurar los niveles de soberanía, gobernanza e independencia que cada actor esté dispuesto a exigir.

En éste contexto, y teniendo como premisa que según la IEA, la demanda energética mundial proyecta un crecimiento continuo, con una previsión de entre 3,7% en 2026, en gran medida
impulsada por el crecimiento de las economías emergentes de Asia, el aumento de los centros de datos y los vehículos eléctricos, es dable esperar que ciertas tecnologías innovadoras y prometedoras pero con poca penetración en el mercado, requieran de apoyos de políticas públicas de fomento y soportes específicos desde algunos sectores estatales que permitan su despegue.

La competitividad de los combustibles biológicos como el biodiesel y el bioetanol era inviable hasta la aplicación de políticas públicas sólidas, acompañamiento de diversos sectores y reglas de juego claras, a partir de allí, se logró consolidar un mercado creciente que traccionaba gracias a la enorme eficiencia y capacidad del clúster de moliendas nacional.

En un mundo donde la geopolítica está en constante movimiento poniendo en jaque el status quo del orden mundial, donde el eje del poder real se está desplazando cada vez más desde el Atlántico hacia el Pacífico, y muy posiblemente en 20 años se sitúe en el Mar Índico (en la hipótesis de un potencial estancamiento americano, de una extremada dependencia externa europea, y de un ascenso meteórico de los países asiáticos como China, India, Taiwan, Corea del Sur, entre otros), se vuelve hoy más que nunca imperioso revisar la historia, para no repetir errores del pasado, para tejer alianzas estratégicas con naciones y bloques económicos que permitan la transferencia de tecnología hacia nuestro ecosistema productivo-industrial-científico.

Para los casos del biogás, el biometano y el hidrógeno, el mercado aún no se encuentra maduro, pero la industria local ya domina todo el proceso y la dependencia extranjera se da únicamente en algunos equipos y componentes, de modo tal que en menos de una década, la Argentina podría plantear virar hacia una política de promoción de exportaciones de capacidades tecnológicas en la materia, hacia América Latina y más allá.
La agenda del crecimiento económico mundial en general, y la del cambio climático en particular, obligan a repensar la forma en que las sociedades modernas consumimos bienes y servicios, y en cómo nos abastecemos de un insumo del que cada vez dependemos más, la energía. Estamos asistiendo a un cambio fenomenal y sin precedentes en cuanto a la manera en que nos comunicamos, trabajamos y vivimos, del caballo pasamos al vehículo eléctrico en 200 años. De los combustibles sólidos como el carbón migramos a los líquidos como la nafta, el gasoil o el kerosene, y hoy estamos en la era de los gases; si el gas natural es el combustible de la transición energética, el biometano y el hidrógeno son los destinos de dicha transición. Pero para que esa transición no se dé por colapso, debemos atender y trabajar en toda la cadena de valor creando la política energética y marcos específicos adecuados para satisfacer la demanda tanto de las generaciones presentes como la de las futuras, en términos de garantizar seguridad energética, asequibilidad y sostenibilidad.

Posibilidades de desarrollo local y dinamización de economías regionales. ¿qué modelo de desarrollo país se adpataría mejor para permitir el escalamiento de las renovables?

Si partimos de que IRENA considera que debemos triplicar la energía renovable a nivel mundial para el año 2030, en el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, y si solo en Argentina se preve un crecimiento interanual de la demanda eléctrica del orden del 3% para los próximos años, entonces el mercado está allí, ahora cómo lo vamos a suplir es la pregunta. Para lograrlo, se necesita un aumento de la capacidad instalada de fuentes de generación de energía de origen renovable de alrededor 16% anual, junto con mayores inversiones y mejoras en las infraestructura.

La industria energética es una industria motorizante, como la aeronáutica, la química, la electrónica, es decir, son capaces de provocar externalidades económicas aptas para otras inversiones. Y si las fuerzas del mercado no alcanzaran para iniciar estos proyectos de inversión, tal como le ocurrió a Brasil en su intento de crear una industria aeronáutica, el Estado debería apoyarlos, así nació Embraer. Esta es la lógica de los polos de desarrollo y normalmente los mismos generan dos tipos de externalidades o “spin-off”; la reinversión de utilidades del sector principal en subsectores vinculados; la influencia de invenciones que son puestas al alcance de otros usuarios.

El desarrollo del sector renovable en Argentina se propició, como comenté anteriormente, merced al programa Renovar, pero más allá del desembarco de tecnólogos europeos, principalmente de Alemania y de Italia, y de gestiones o misiones comerciales activas desde las respectivas cancillerías, lo cierto es que no hubo una verdadera política de compensaciones (offset). Esta política implica que las empresas extranjeras proveedoras se comprometen a generar en el país destino retornos iguales o aproximados al del valor de la compra realizada. Esto se lleva a cabo a través de Acuerdos de Cooperación Industrial, donde habitualmente se plasman los resultados de las negociaciones con las compañías suministradoras, tendientes a obtener transferencia de tecnología hacia la industria nacional, normalmente vinculadas al sistema que se ha comprado, o a generar exportaciones de ésta hacia su país o hacia otros Estados. La realidad es que salvo en contadas ocasiones, cuando alguna entidad u organización benéfica como la SES (un think tank alemán consituido por expertos seniors en materia energética), los titulares de cada proyecto iniciaron sus propios contactos y esfuerzos para asegurarse la cadena de suministro de sus necesidades tecnológicas y ésto, sumado a la problemática del financiamiento, provocó un magro desarrollo de proveedores locales de tecnología (en Alemania hay más de 200 proveedores, mientras que en nuestro país no llegan a 30).
En el camino hubo una serie de acontecimientos que se dieron con el auge de las renovables allá por el año 2017 al 2020, desde tecnólogos europeos que abrieron filiales en el país hasta su retirada en la Pandemia del Covid19, o firmas agropecuarias que se integraron verticalmente en el negocio energético y que hoy abrazan toda la cadena de valor y poseen internalizada la tecnología.

En el caso particular de la tecnología del biogás, la misma representa una oportunidad concreta para articular desarrollo local y economías regionales: hoy el país cuenta con más de 30 plantas en funcionamiento, pero el mercado potencial es sensiblemente mayor. Existe potencial como para desplegar unas mil plantas de biogás en las principales regiones agroindustriales, si esto sucediera, se podría cubrir cómo mínimo un 5% del consumo nacional de gas (o un 5% de la demanda eléctrica), con una inversión acumulada aproximada de US$ 5.000 millones y más de 10.000 empleos emergentes. En la cadena agro-ganadera regional esto se traduce en la transformación de un pasivo ambiental en un activo energético, es decir, en la valorización de residuos (estiércol, silaje, vinaza, efluentes), generación de energía local, producción de fertilizantes orgánicos para uso local y fortalecimiento de economías rurales. La clave está en asegurar el suministro de residuos, la escala viable, los contratos de compra de energía o gas, y la articulación de los productores con la central de generación, además de condiciones beneficiosas en el financiamiento. Con esas premisas, una planta mediana de unos 2-3 millones de dólares de inversión, podría generar energía equivalente al consumo de 7 mil de hogares,

consolidar una herramienta de retención de recursos humanos al crear decenas de empleos directos y otros tantos indirectos por cada Mw instalado, brindar un servicio ecosistémico de saneamiento de las cuencas, y promover el mejoramiento de la calidad de vida de las economías regionales. Por lo tanto, la industria del biogás, más que una promesa futura, es una palanca real ya comprobada de dinamización regional, siempre que se la ejecute correctamente y con las políticas de estímulo adecuadas al sector.

Argentina es un pais periférico que se encuentra lejos de la toma de decisiones del norte global desarrollado, pero posee una serie de industrias estratégicas y recursos, tanto humanos como materiales, que lo colocan en una posición ventajosa y de privilegio frente a otros países del sur. Aplicando las políticas de desarrollo correctas, el país tiene un enorme futuro por la renta que puede generar en el corto, mediano y largo plazo. Creo que la visión estratégica sobre el modelo país que se plantea, y la dirección tomada por la actual administración es correcta, el Estado no puede ser nunca un buen comerciante porque su razón de ser es otra, pero siempre debe estar ahí para brindar el contexto adecuado con políticas publicas coherentes y garantizar seguridad jurídica, estabilidad cambiaria y robustez regulatoria.

Sobre el autor

Francisco Martín Pagliaro