En el marco de una instrucción penal preparatoria caratulada como “Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, el personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Tandil desplegó una serie de procedimientos que permitieron el secuestro de diversos elementos de vital interés para el avance de la causa. Según se desprende de las actuaciones judiciales, la labor investigativa fue desarrollada de manera integral por el Gabinete Técnico Operativo (G.T.O.) de la mencionada especialidad policial, contando con la estrecha colaboración de sus pares de la Comisaría Primera de esta ciudad.

El despliegue operativo, que tuvo lugar durante las últimas horas, estuvo supervisado por la jefatura del Comando de Prevención Rural local, bajo la responsabilidad del subcomisario Nicolás Sacchetti. De acuerdo a lo consignado en el parte oficial, la fase de irrupción en los objetivos fue ejecutada por el Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.) Tandil, garantizando la seguridad del perímetro en una zona de topografía compleja. Asimismo, se registró la participación conjunta de efectivos de la Comisaría Primera y del personal de Centinela en Territorio Tandil.

Las diligencias judiciales se centraron específicamente en dos inmuebles situados en el sector norte de la ciudad. El primero de ellos ubicado sobre la calle Picheuta, en el tramo comprendido entre Juldain y Del Libertador, mientras que el segundo registro se efectuó en una finca de la calle Potrerillos, entre las mismas arterias. En ambos puntos, los uniformados procedieron a una minuciosa requisa de los ambientes en busca de elementos que acreditaran la materialidad ilícita de los hechos denunciados oportunamente.

Al decir de los investigadores, el resultado de los registros domiciliarios fue altamente positivo, logrando agrupar una gran cantidad de material probatorio que excede el objeto principal de la causa original. En fojas de la instrucción judicial se dejó constancia del hallazgo de proyectiles de diversos calibres correspondientes a armas de fuego de puño, armas largas y abundante cartuchería de escopeta, lo que refuerza la hipótesis fiscal sobre la peligrosidad del imputado y el uso efectivo de armamento en el conflicto que dio origen a la denuncia.

Dudosa procedencia y drogas

En el transcurso de la inspección de las viviendas, los efectivos lograron identificar y recuperar un motovehículo que, tras ser cursado por el sistema informático policial, arrojó un pedido de secuestro activo. Este hallazgo permitió a los pesquisas establecer posibles nexos entre el morador de la finca y otros hechos de robo o hurto de vehículos ocurridos en la jurisdicción. De igual modo, se procedió a la incautación de diversos dispositivos de informática y electrónica, entre los que se destacan terminales móviles, sistemas de grabación DVR y consolas de videojuegos, elementos que serán sometidos a las pericias de rigor.

En otra de las dependencias registradas, los uniformados hallaron maquinaria y herramientas de uso profesional. Estos elementos estarían directamente vinculados a otros expedientes por delitos contra la propiedad que se encuentran bajo investigación, lo que motivó el inicio de actuaciones complementarias para determinar su trazabilidad y posterior reconocimiento por parte de posibles damnificados. El hallazgo de esta logística criminal sugiere que los domicilios allanados funcionaban, presuntamente, como sitios de acopio de bienes malhabidos.

En paralelo, los pesquisas secuestraron proyectiles de diversos calibres correspondientes a armas de fuego de puño, armas largas y cartuchería de escopeta.

Por otra parte, la intervención policial tomó un cariz diferente al detectarse la presencia de sustancias prohibidas en el interior de las fincas. Según informaron fuentes calificadas, se hallaron envoltorios con marihuana y cocaína, además de plantas de cannabis en plena etapa de cultivo. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la UFI número 21, especializada en la temática de drogas, para que se instruyan las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737.

Finalmente, el marco judicial de los procedimientos contó con el aval de la UFI número 08, a cargo del doctor Gustavo Morey, y la supervisión del Juzgado de Garantías número 01, bajo la titularidad del doctor José Alberto Moragas.

Tras la finalización de los operativos, se procedió a notificar formalmente a un ciudadano residente en el lugar sobre la formación de la causa por amenazas y tenencia de estupefacientes, quedando a disposición de lo que determine el Ministerio Público Fiscal en las próximas horas.

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