Calificaron de gravedad institucional lo resuelto por la Cámara

Un nuevo capítulo judicial se sumó al dilatado conflicto volcado en centenares de fojas de un expediente que no parece hallar un desenlace a una historia ingrata, injusta, sensible como polémica, bautizada como la toma masiva en un macizo en el barrio La Movediza.

A mediados del mes pasado, desde estas páginas se informó la fuerte resolución de la Cámara de Apelaciones de Azul, resolviendo a favor del damnificado, la familia Moauro, y ordenando el desalojo compulsivo del centenar de ocupas que a lo largo de un año fueron copando el polígono comprendido entre las calles Salta, Chaparrouge, Misiones y Piccirilli.

Ahora, bajo el plazo que rige en el Código Penal, el defensor general Diego Fernández acusó recibo y calificó de “gravedad institucional” lo resuelto por el tribunal de alzada. Apelando a Casación para que se revea el fallo y vuelva a retomarse la decisión política que oportunamente dictó un organismo nacional, a propósito del macizo considerado dentro del programa Renaper, sujeto a urbanización y eventual expropiación.