Robaron y los descubrieron al ofrecer el botín en redes sociales
Múltiples delitos esclarecidos cuando intentaron comercializar lo sustraído a través de plataformas digitales.
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En un fallo dictado por el juez del Tribunal en lo Criminal 1, Martín O. Viceconte resolvió mediante un juicio abreviado la situación procesal de Juan Sebastián Kalil Alía y Nicolás Benjamín Rodríguez. Ambos jóvenes fueron hallados culpables de una extensa lista de delitos contra la propiedad cometidos en la ciudad, los cuales incluyeron robos agravados, hurtos y violaciones de domicilio.
El caso principal permitió desentrañar el modus operandi de los imputados. La investigación cobró un impulso decisivo cuando las víctimas comenzaron a identificar sus pertenencias en perfiles de redes sociales. En particular, el hecho ocurrido el 5 de enero de 2023 en una vivienda de la calle Vicente López al 353, donde sustrajeron una motocicleta, notebooks y bebidas alcohólicas, fue esclarecido luego de que la damnificada recibiera capturas de pantalla de Facebook donde un usuario ofrecía el televisor robado.
La evidencia recolectada por el Ministerio Público Fiscal fue contundente. En el caso de Alía, el peritaje de rastros dactilares hallados en el lugar del hecho y el seguimiento de cámaras de seguridad privada permitieron situarlo en la escena. Asimismo, en otros episodios, como el hurto de un teléfono celular en diciembre de 2023, el imputado fue interceptado por personal policial tras ser señalado por testigos que presenciaron el momento exacto en que sustraía el dispositivo de un vehículo estacionado.
Por su parte, Nicolás Benjamín Rodríguez fue vinculado a diversos robos, incluyendo un hecho en el Parque Industrial de Tandil, donde fue sorprendido junto a otros sujetos intentando cortar cables del tendido eléctrico. La intervención del personal de seguridad privada y el posterior monitoreo de las cámaras del Municipio de Tandil fueron fundamentales para su aprehensión. En otro suceso, ocurrido en un lavadero de la avenida Buzón, Rodríguez fue captado por las cámaras de seguridad mientras escalaba un paredón y violentaba la puerta de una oficina para llevarse una billetera.
El magistrado destacó en su veredicto la gravedad de los hechos y la reincidencia de los acusados. Alía, quien ya contaba con una condena previa dictada por el mismo tribunal en 2023, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión. En tanto, Rodríguez, con antecedentes en el Juzgado Correccional 1 de Tandil, fue sentenciado a tres años y diez meses de prisión. El juez Viceconte consideró que la pluralidad de hechos —nueve atribuidos a Alía y siete a Rodríguez— demostraba una clara insistencia volitiva contraria al respeto por los bienes ajenos.
Un aspecto central del proceso fue la utilización de las redes sociales como herramienta de prueba. En varios de los hechos, los imputados no solo fueron identificados por testigos presenciales, sino que su propia actividad en plataformas como Facebook o WhatsApp facilitó la labor de los investigadores. En el caso de un robo en el Club Ferrocarril Sud, las comunicaciones telefónicas entre familiares de Rodríguez, donde discutían la venta de los elementos sustraídos y la preocupación por las cámaras de seguridad, terminaron de cerrar el círculo probatorio.
El fallo también ordenó la unificación de las penas con condenas anteriores, conforme a lo establecido por el Código Penal. Los condenados, que ya se encontraban privados de su libertad, deberán cumplir el tiempo restante de sus penas en las unidades penitenciarias correspondientes. La sentencia pone fin a una serie de investigaciones que mantuvieron en vilo a diversos vecinos y comerciantes de Tandil, quienes sufrieron el accionar de los jóvenes en distintos puntos de la ciudad.
El juez Viceconte concluyó que no existían eximentes ni atenuantes que permitieran morigerar la responsabilidad de los acusados, subrayando que la conducta precedente de ambos sujetos fue un factor determinante para ajustar la dosificación de la pena. Con este veredicto, el sistema judicial local cierra una etapa procesal compleja, reafirmando la importancia de la prueba digital y el testimonio de los damnificados en la resolución de delitos contra la propiedad.