El Juzgado de Garantías debe resolver la prescripción del delito

Como oportunamente se consignó en estas páginas, el asunto ventilado quema, y en este caso no solo a la dirigencia política, oportunamente también a los actores judiciales. 

Cuando se realizó formalmente la denuncia colectiva, los funcionarios judiciales locales se excusaron de intervenir por razones que resultaron, valga la redundancia, razonables. Buena parte de los actores judiciales o sus hijos fueron alumnos del docente denunciado, por lo cual no podían intervenir. 

Así, la instrucción recayó en la UFI 4 de Olavarría, a cargo de la fiscal María Paula Serrano, con intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. 

En la citada dependencia se tomaron declaraciones testimoniales de las mujeres, quienes ratificaron en un todo lo que en su momento habían presentado en la denuncia conjunta. Asimismo, se aguarda aún por algunas pericias psicológicas de algunas de las víctimas, como marca el rigor del procedimiento penal para este tipo de delitos que, debe subrayarse, los propios judiciales reconocen que difícilmente tenga un futuro procesal penal por los años transcurridos de los presuntos abusos. 

Precisamente este Diario pudo confirmar que actualmente el expediente está en manos de la jueza de Garantías 2, Stella Maris Aracil, quien debe resolver el pedido de la defensa particular del profesor acusado (solo fue notificado de la causa y no pesa imputación alguna sobre él), quien planteó la prescripción de los hechos denunciados. 

Respecto a la presentación de la defensa, la fiscalía ya se opuso formalmente a la solicitud, entuerto que debe resolver la magistrada.