“Si juzgásemos al imputado sin su presencia o sin ninguna intervención en el debate, o si no le diéramos participación alguna en el juicio abreviado, y –a pesar de ello– dijéramos que su derecho de defensa se encuentra garantizado por las facultades recursivas, no habría jurista republicano que no pusiera el grito en el cielo. No veo por qué –ni de qué modo– semejante argumento, que resulta írrito e indigerible cuando es aplicado al acusado, mágicamente se transforma en lógico y razonable en relación a la víctima presentada como particular damnificado”.&nbsp;La reflexión, línea de pensamiento, se reprodujo en parte ayer en estas páginas, acerca de la sorprendente como controvertida resolución que tomó la Cámara de Apelaciones de Azul, en torno al juicio abreviado y consiguiente sentencia por el caso Luciano Jaureguiber, condenado por la muerte del joven Sebastián Simón.&nbsp;A más precesiones, como se informó en exclusiva, por mayoría, los camaristas hicieron lugar&nbsp;al recurso interpuesto por el particular damnificado en representación de la familia Simón. Se declaró –de oficio– la inconstitucionalidad&nbsp;del artículo 402 del Código Procesal Penal bonaerense y tras cartón, se desestimó el acuerdo de juicio abreviado; se dictó la anulación de la sentencia dictada a Luciano Jaureguiber; y, en consecuencia, se dispuso que la causa, previo sorteo de juez hábil, prosiga por el trámite ordinario de juicio oral y público.Como se anticipó en la edición de ayer, las percusiones sobre semejante resolución no se hicieron esperar. Todos, de un lado y del otro del mostrador y de “las dos bibliotecas” que conviven en el pensamiento penal, coincidieron en la sorpresa que causó el fallo traducido en la noticia de este Diario. No hay precedentes de una decisión de esta naturaleza. Pero no sólo en Tandil y el departamento judicial de Azul. No se conoce antecedente en el vasto territorio bonaerense. Ergo, la decisión de decretar la inconstitucionalidad del artículo normado en el Código Procesal pateó el tablero, sacudió a los operadores judiciales que reaccionaron a sus modos y sus formas, sin distinción.Ya no se trata del debate por el mediatizado caso Jaureguiber y su desenlace ahora abierto, abarca más, mucho más. Se trata, al decir del espíritu de la resolución de Carlos Pagliere y Gustavo Agustín Echevarría, de un cambio de paradigma en el sistema procesal penal, de cómo se asume el rol de la víctima en el expediente y consiguientes resoluciones. Definiciones de los camaristas que irían incluso más allá de lo que hasta aquí normaban las relativamente recientes leyes de la víctima, que aludía a una mayor participación en el proceso judicial, que empero su injerencia en la práctica se veía limitada a aceptar los designios de los operadores judiciales.En este caso, los camaristas se tomaron de la conocida resistencia de la familia Simón enrolada en la apelación del particular damnificado, para rechazar lo que oportunamente se resolvió mediante un juicio abreviado, instituto el cual no se lo cuestiona, como tampoco la labor de los judiciales que intervinieron en el caso, pero que claramente consideran que no resulta “justo” para las víctimas el desenlace arribado.&nbsp;Así, se desprende, de quedar firme la resolución ventilada, difícilmente se mantenga la resolución de conflictos de esta naturaleza bajo el instituto del juicio abreviado. Todos –o casi todos- deberían ir a un juicio oral y público porque difícilmente una víctima equis se conforme con lo que se pretenda resolver como eventual pena.&nbsp;Algunos que ponen reparos a lo resuelto, confían en que en la discusión de fondo hay acuerdo. Se acepta que la víctima en el proceso, a pesar de las recientes leyes aprobadas, es cartón pintado. Su rol no interfiere en lo que finalmente se resuelva, muy a su pesar. Sin embargo, no se deja de señalar que de aplicarse este nuevo criterio que impone la Cámara, difícilmente se arriben a acuerdos previos al juicio. Incluso las morigeraciones, arrestos domiciliarios, y demás herramientas se verían anuladas por el rechazo de la víctima, que generalmente nunca estará conforme con la pena a imponer. “Hoy hay 50 juicios, con este criterio habría cinco mil, no hay sistema que lo soporte”, confiaron desde las huestes judiciales, admitiendo las precariedades propias del sistema con el que conviven.Pero no sólo hay reparos por lo que depararía en la práctica la aplicación del nuevo criterio, también hay diferencias dogmáticas.“¡Una locura!. &nbsp;Se está consagrando un derecho al castigo y se reconfirma el posicionamiento vindicativo de la víctima. Va en contra de todo postulado restaurativo”, se animó a exclamar un agente judicial sobre lo que leyó en estas páginas sobre la resolución judicial.Por lo pronto, a título noticioso, las repercusiones también se tradujeron en acciones concretas. La fiscalía general anticipó su rechazo a lo dispuesto por la Cámara y recurrirá a Casación. Lo propio hará el defensor particular del aquí condenado Luciano Jaureguiber, el letrado Luciano Jaureguiber (ver aparte…).Favor y en contraCabe consignar que el fallo del tribunal de alzada fue dividido. Primeramente, el juez Damián&nbsp; Pedro Cini convalidó lo actuado. Entre otros conceptos, señaló que “los agravios traídos por el particular damnificado no representan un cuestionamiento a la subsunción del hecho en la figura del homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un automotor y por darse su conductor a la fuga. Calificación ésta pactada en el acuerdo de juicio abreviado y receptada por el Juez de la instancia en la sentencia. Tipificación que, por otra parte, se ha mantenido en las distintas etapas de la acusación (…) la impugnación del recurso de apelación presentado se relaciona, únicamente, con la no invocación, por parte del Fiscal, de circunstancias agravantes de la pena en los términos de los artículos 40 y 41 del CP, lo que determinó su no valoración por el magistrado”.Asimismo, el juez tuvo en cuenta que&nbsp;las causales de rechazo de juicio abreviado están taxativamente determinadas en el artículo 398 inciso 1 del CPP, no encontrándose dentro de las allí previstas las relativas a la determinación del monto de la pena cuando la misma respete la escala penal de la calificación legalmente establecida; es que el magistrado sentenció&nbsp; que el agravio no podía prosperar.“Por más que resulten atendibles las circunstancias que el apelante ha invocado como potenciadoras de la sanción, lo cierto es que: a) en el recurso de apelación no se ha discutido la calificación legal del hecho que nos ocupa&nbsp; -la cual, por otra parte, ha sido la misma que la establecida en las distintas etapas de acusación-; y b) la pena impuesta, seleccionada por el Fiscal y consentida por la Defensa y el imputado, se encuentra dentro de la escala penal prevista por el artículo correspondiente; con lo cual, no existe causa legalmente prevista para la desestimación del juicio abreviado.Criterio contrario tuvieron Carlos Pagliere y Gustavo Agustín Echevarría, quienes abordando la “discusión judicial, sostienen que consiste en la efectiva posibilidad que brinda el juicio –oral o escrito– a todas las partes para intervenir en la producción de la prueba y exponer sus argumentos a través de los alegatos (iniciales y finales), para que puedan ser valoradas –las pruebas– y sopesados –los argumentos– por el juez a la hora de dictar sentencia.“Pero el juicio abreviado –aclaran- es todo lo contrario a un juicio, ya que procura arribar a un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto penal, a fin de tornar superflua la discusión judicial y, con ello, evitar el juicio. Es decir, en puridad, el juicio no se `abrevia´, sino que se lo `reemplaza´ por un acuerdo entre las partes.A más argumentaciones, sendos camaristas alegan que “se torna imprescindible que todas las partes suscriban el acuerdo de juicio abreviado, o al menos, que ninguna de ellas se oponga fundada y razonablemente al mismo; caso contrario, no habrá un acuerdo, sino la imposición de unas partes a otras. Y es en este aspecto que observo una evidente falencia en la reglamentación que el código de rito provincial realiza al juicio abreviado, ya que, de conformidad con el artículo 402 del CPP, una de las partes del proceso (el particular damnificado) queda expresamente excluida del acuerdo”.“Semejante temperamento resulta inadmisible”, sentenciaron. “Así como no se podría excluir la participación del particular damnificado en el debate oral, por su calidad de parte del proceso; con igual fundamento la ley tampoco lo puede excluir del instituto que viene a sustituir el juicio, que es el acuerdo de juicio abreviado”, se añadióAsí, los magistrados&nbsp;concluyen en que el artículo 402, que establece que:&nbsp;“El particular damnificado no podrá oponerse a la elección del procedimiento del juicio abreviado,&nbsp;” resulta “palmariamente inconstitucional, por cuanto afecta principios, derechos y garantías constitucionales (nacionales y provinciales), vinculadas al derecho formal y fondal”.A la vez, se subrayó que “a la víctima –o particular damnificado– se le dice: `No tenés voz ni voto para oponerte a la pena en el juicio abreviado, pero sí tenés la posibilidad de recurrir la sentencia. Tu derecho está salvaguardado. Eso sí: en el recurso tampoco podrás cuestionar dicha pena…´. Como se aprecia, la ley es un callejón sin salida para los derechos de la víctima”, sentenciaron.Una de las objeciones y resistencias que se escucharon respecto a esta resolución, fue que atender esta opinión del particular damnificado, colapsaría el sistema, considerando que ninguna víctima de un proceso estaría de acuerdo con una resolución de esta naturaleza.&nbsp;Al respecto, Pagliere y compañía responden a la crítica en su propio fallo. “Debemos hacernos cargo de la objeción más corriente y reiterada a que se le permita a la víctima –o particular damnificado– oponerse al acuerdo de juicio abreviado: y es que, supuestamente, haría colapsar la justicia penal provincial, por cuanto ninguna víctima –o particular damnificado– brindaría su conformidad”.“En aras de no eludir ninguna de las aristas relevantes de la cuestión –por muy sensibles que ellas sean–, no podemos dejar de relevar un dato de la realidad: y es que, a través del juicio abreviado, se oferta al imputado una pena menor –o de modalidad más benigna– comparada con la que presumiblemente podría obtener luego del juicio, con el fin de reducir la cantidad de debates orales (y optimizar así los recursos judiciales). Bajo esta premisa, entiendo perfectamente la comprensible preocupación de los operadores de justicia: ya que no es de esperar que todas las víctimas (o particulares damnificados) se conformen con aquella pena –tal vez más benigna– ofrecida al imputado”.Sin embargo – continúan-&nbsp; “es cierto que la mera oposición de la víctima –o particular damnificado– resulte&nbsp;per se suficiente para la desestimación del juicio abreviado. Pues existen dos importantes restricciones a tal derecho. En primer lugar, para que la oposición sea acogida favorablemente, debe estar debidamente&nbsp;fundada. Caso contrario, el juez debe repeler sin más dicha oposición y dictar sentencia”.Es decir, no basta con que la víctima diga que se opone al trámite de juicio abreviado o a la pena acordada, ni tampoco que manifieste que desea que se imponga al acusado una pena mayor o de cumplimiento efectivo; sino que es menester que exponga argumentos para fundar su pretensión, asimismo, dicha oposición debe resultar&nbsp;razonable.El casoComo oportunamente se informó, Jaureguiber había sido sometido a un juicio abreviado arribado entre las partes, lo cual acordaron una sentencia condenatoria.&nbsp;Vale reseñar que a finales de marzo del corriente año, Jaureguiber finalmente recibió la excarcelación por parte de la Justicia.&nbsp;Quien fuera declarado autor del delito de "Homicidio culposo agravado” y &nbsp;condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y cinco años de inhabilitación para conducir por el incidente vial en el que perdió la vida Sebastián Simón el 5 de diciembre de 2021, dejó de estar bajo arresto domiciliario y cesó el monitoreo electrónico que pesaba sobre su persona.&nbsp;El juez Guillermo Arecha, subrogante del Juzgado Correccional 1 de Tandil en reemplazo del doctor Pocorena, le otorgó la inmediata libertad condicional conforme lo establece la ley y le endilgó una serie de reglas de conducta que Jaureguiber deberá cumplir hasta que se venza la condena. Al dictar sentencia, el juez Pocorena había ordenado “formar incidente de excarcelación por libertad condicional”, por lo que ya se especulaba que en ocho meses Jaureguiber podía recuperar su libertad, un plazo que finalmente resultó ostensiblemente&nbsp;menor.Previo a la excarcelación, los abogados Marcelo y Gastón Argeri, habían apelado la sentencia acordada en el citado juicio abreviado. Sin demasiada expectativa, fundada en los antecedentes que corren para estos recursos de apelación, los letrados de la familia Simón plantearon el incidente en el tribunal de alzada, quien sorpresivamente –para propios y extraños- dio lugar al recurso, en una resolución que no recuerda antecedentes en la justicia vernácula.&nbsp;Según la sentencia a la que tuvo acceso este Diario, el camarista Pedro Damián Cini convalidó con su voto lo actuado por las partes en el juicio abreviado, empero los doctores Carlos Paulino Pagliere y Gustavo Agustín Echevarría resolvieron con un criterio contrario, con un audaz resolución que incluso plantea la inconstitucionalidad del artículo por el cual hasta aquí los judiciales se amparaban para convalidar el acto procesal sin la anuencia de la víctima, bajo la figura de su particular damnificado.&nbsp;

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Fuertes repercusiones en los operadores judiciales por la resolución de la Cámara