La Justicia rechazó el pedido de desalojo del acampe de la explanada municipal

La doctora Stella Maris Aracil emitió en horas de la mañana del jueves una resolución rechazando el pedido de desalojo de la vereda del edificio de la Municipalidad. De este modo, la administración comunal sufrió un revés en su embestida contra la protesta que exige justicia por el fallecimiento del joven Sebastián Simón, tras ser atropellado por el exfuncionario municipal Luciano Jaureguiber en diciembre pasado.

En un documento de 11 páginas de extensión, la titular del Juzgado de Garantías N°2 de Tandil, Stella Maris Aracil, resolvió "no hacer lugar a las medidas cautelares formuladas por el fiscal José Ignacio Calonje, por resultar improcedentes por falta de verosimilitud en el derecho y por haber devenido abstracta frente a los nuevos hechos acontecidos en la protesta social que se lleva a cabo en la vereda del Palacio Municipal".

El Municipio había pedido a la Justicia la "liberación total de la acera ubicada en la calle Belgrano al 400 y el retiro de todos los elementos que se hallan colocado sobre la fachada del Palacio Municipal". También el fiscal Calonje había solicitado "una orden desalojo contra los integrantes de la Agrupación Social Primero de Octubre, representada por la referente social, Griselda Altamirano y de toda otra personas que se encuentre en el lugar, a fin que desalojen la vereda del Palacio Municipal y la Plaza Independencia".

En concreto, la magistrada separó las aguas y entendió que la manifestación pacífica de la familia Simón en el acampe como método para visibilizar su pedido, no tiene correlación con  la violencia ejercida los días 6 y 13 de diciembre de 2021 por el Movimiento Primero de Octubre. En la misma línea, valoró que tampoco representa una amenaza y “no revisten suficiente entidad para importar una limitación al uso o goce pacífico del inmueble –porción de espacio público de la vereda-, no trascendiendo los mismos de meras molestias ajenas a la ley penal”. 

Además, descartó que exista una usurpación del espacio público por el carácter transitorio del acampe y defendió el derecho a la protesta social. 

En tanto, Aracil aclaró que permanece abierta una causa por los daños provocados al edificio de la Municipalidad en ocasión de los actos de protesta de los días 6 y 13 de diciembre del año pasado, que sí quedan al margen de la protección constitucional del derecho de protesta. Ante ello, marcó la salvedad de que esas conductas y también una causa por Amenazas, se encuentran investigadas por los fiscales Luis Piotti y Gustavo Morey, respectivamente, y hay procesadas siete personas, entre ellas Griselda Altamirano.

Asimismo, la jueza de Garantías también ratificó que las peticiones del fiscal Calonje devinieron  “abstractas” y son improcedentes porque las personas que se pretendía desalojar, Altamirano y los miembros de su organización social, dejaron el lugar por cuenta propia.