Personal de la Sub DDI Tandil confirmaron ayer las detenciones de Federico Ariel Guglielminotti y Silvio Ramón Armentano, imputados en la causa caratulada como "Extorsión y Tentativa de Extorsión". Ambos se presentaban como dirigentes del Sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Tandil y habían sido denunciados por un empresario de la construcción.

Las órdenes de detención fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías 1, a cargo José Alberto Moragas, a pedido de la Fiscalía 16, dirigida por el fiscal Dr. José Marcos Eguzquiza.

Como informó este medio en mayo de 2025, la causa se originó a partir de una denuncia realizada por un empresario del rubro de la construcción, realizada en marzo de 2025. El denunciante manifestó que durante el período de 2024 y 2025, los dos señalados, presentándose como dirigentes del mencionado sindicato, se hacían presentes en diversas obras en construcción.

Allí, los acusados obligaban al constructor, mediante extorsión, a entregar una determinada suma de dinero para que no se detuviera el desarrollo de las obras en marcha. El empresario señaló ser víctima de múltiples aprietes por parte de los dirigentes gremiales, durante encuentros que solían darse en la sede sindical, durante los cuales convocaban al propietario para arribar a un acuerdo monetario a cambio de evitar “fastidiosas” inspecciones.

Una vez consumadas los arrestos, a media mañana sendos involucrados fueron trasladados a la sede judicial, donde el fiscal los esperaba para protagonizar la Audiencia 308, léase notificarles formalmente del proceso en su contra e invitarlos a prestar declaración. Asistidos por las respectivas defensas, los sindicalistas se negaron a declarar.

Sin más, quedaron alojados en uno de los calabozos de la seccional policial local hasta que se ordenó el trasladado a la sede de la DDI de Azul, al aguardo de un cupo en el servicio penitenciario.

La pesquisa

Tal se había detallado en ediciones pasadas, la pesquisa se inició con la denuncia del damnificado, quien tras ratificar lo padecido, se investigó a los señalados hasta derivar en un allanamiento en la sede de la delegación local de la Uocra en busca de elementos de prueba que se sumarán al expediente sustanciado en la Justicia por una denuncia de extorsión.

En efecto, tras la orden emitida por el Juzgado de Garantías 1, la policía de investigaciones realizó el procedimiento que derivó en el secuestro de documentación variada y, en especial, de los teléfonos celulares de los dirigentes señalados por el empresario,  quien denunció ser víctima de sobornos para dejarlo avanzar en distintas obras –tres- que lleva adelante en la ciudad.

La denuncia y respectiva instrucción penal preparatoria se remonta a marzo de este año, cuando un empresario se acercó a la sede judicial acusando ser víctima de aprietes por parte de los dirigentes gremiales del rubro, quienes reiteradamente lo convocaban a la sede sindical para arribar a un acuerdo monetario a cambio de evitar “fastidiosas” inspecciones que a la postre lo podría llevar a denuncias al Ministerio de Trabajo por las condiciones labores de los obreros que ellos representan.

Según trascendió del expediente, el soborno hablaba de unos 800 mil pesos mensuales o de una suma fija a cambio de evitar visitas a las obras y así no hacer planteos gremiales en la cartera ministerial local.

El empresario se dijo harto del hostigamiento constante de los gremialistas que a cambio de dinero evitaban reportar eventuales irregularidades en las obras con las condiciones laborales de los trabajadores.

La fuerte denuncia derivó en los allanamientos con el secuestro de pruebas que buscarán acreditar lo señalado, aunque ya se han incorporado a la instrucción documentación como el contenido de intervenciones telefónicas que no harían más que corroborar el tenor de lo que penalmente se calificó como “extorsión”.

Los acusados resultaron ser Federico Gugliominotti y Silvio Armentano, dirigentes de Uocra, quien con un tercero aún no identificado serían los que concurrían a las obras a hacer acto de presencia para luego citar al empresario para arribar a un acuerdo que evite inspecciones, denuncias y eventuales clausuras por irregularidades detectadas, diligencias que no son potestad de un gremio sino de las autoridades del Ministerio de Trabajo.

En las escuchas telefónicas se habrían reportado más de una situación semejante a la denunciada, incluso con otros empresarios del rubro, quienes hasta aquí no fueron citados ni presentaron denuncia del mismo tenor.

Tras la denuncia, 17 presentaciones

“No se sigue trabajando”. En esos términos arribaban a las obras los sindicalistas para “apretar” –según la acusación- al empresario y obligar a los obreros a dejar de hacer sus tareas hasta tanto se sustancie el acuerdo. Así lo corroboraron también las propias cuadrillas de trabajadores, quienes ratificaron como testigos que dejaban o no de trabajar de acuerdo a lo que indicaban sus representantes gremiales, sin saber a ciencia cierta si las inspecciones estaban bien o mal hechas y si correspondían.

A más datos sobre la pesquisa, se constató que una vez que el empresario hizo la denuncia penal en la sede judicial, llamativamente se sucedieron 17 presentaciones del gremio al Ministerio de Trabajo, denunciando justamente irregularidades laborales, fundamentalmente por seguridad e higiene y situaciones de esas características.

Sobre el autor

Guillermo Liggerini

Sec. de Redacción El Eco de Tandil