Pidieron penas de prisión para Griselda Altamirano y Jorge Lezica

La segunda jornada del juicio que se sigue contra Griselda Altamirano y Jorge Lezica por los incidentes ocurridos durante una movilización frente al Palacio Municipal en 2019 estuvo marcada por los alegatos de las partes. Según informó Guillermo Liggerini, periodista de El Eco de Tandil, desde el lugar de los hechos, el fiscal ratificó la acusación y pidió penas de prisión para ambos dirigentes de la agrupación Primero de Octubre.

La causa busca determinar la responsabilidad penal que les cabe por los daños ocasionados durante la protesta realizada en reclamo de justicia por la muerte de Sebastián Simón, atropellado por un vehículo conducido por Luciano Jaureguiber, entonces funcionario municipal de Espacios Verdes Públicos, quien posteriormente fue condenado por homicidio culposo mediante un juicio abreviado.

En diálogo con ECO TV y Tandil FM 104.1, Liggerini explicó que la acusación no sostiene que Altamirano y Lezica hayan arrojado personalmente los proyectiles contra el edificio comunal, sino que se les atribuye una "coautoría funcional" por ser los referentes de la organización que encabezó la manifestación.

Durante la primera audiencia declararon efectivos policiales, el entonces secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, el exsecretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora y empleados municipales que se encontraban trabajando en las oficinas ubicadas sobre calle Belgrano.

Los testimonios dieron cuenta de la violencia de los hechos y de los daños producidos por las baldosas y otros elementos arrojados contra los ventanales del Palacio Municipal, incluidos los del despacho del intendente Miguel Lunghi. Curcio recordó que, ante la intensidad de los ataques, el jefe comunal fue retirado de su oficina y trasladado a la denominada Sala de Cuadros para resguardarlo.

En los alegatos, el fiscal solicitó una pena de dos años y seis meses de prisión para Griselda Altamirano y de dos años para Jorge Lezica. Más allá de la eventual declaración de culpabilidad, uno de los aspectos en discusión es la posibilidad de acumular estas penas con una condena previa que ambos poseen, dictada por la Justicia de Azul.

Si bien las penas solicitadas son inferiores a los tres años y, en principio, podrían ser de cumplimiento condicional, la controversia jurídica gira en torno a si corresponde unificar las condenas y revocar el beneficio otorgado anteriormente, una cuestión sobre la que existen distintas interpretaciones doctrinarias.

El juez Carlos Pocorena anunció que el próximo viernes al mediodía dará a conocer el veredicto. Los fundamentos de la sentencia se difundirán con posterioridad.

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