Un vecino denunció que la policía secuestró su moto, la trasladaron al depósito de Cerro Leones y fue compactada de modo irregular

La historia de Julio Alberto Decima comenzó el 8 de octubre de 2025, cuando su hijo de 17 años circulaba en una motocicleta Corvem Triax, blanca y negra, por la zona del Parque Independencia. Según relató el vecino, el rodado sufrió un desperfecto mecánico en la rueda trasera, lo que obligó al joven a detenerse sobre la vereda. Al llegar al lugar, personal de la comisaría Primera procedió al secuestro del vehículo bajo el argumento de la falta de documentación obligatoria como la licencia de conducir, a pesar de que el propietario se presentó con los papeles en regla.

¿qué querés saber?

   Dame un resumen

Tras el incidente, el caso fue derivado al Juzgado de Falta 2, a cargo del doctor Pedro Oliveto. En aquel momento, la multa impuesta ascendía a 800.993 pesos, con una opción de pago voluntario de 400.496,50 pesos. Al momento de la liquidación, Decima informó que debía reunir el dinero. 

Días después del secuestro, el propietario se presentó en la Seccional Primera para solicitar permiso para cubrir su moto con una lona, ya que estaba al sol y tenía signos de golpes y rayas. Sin embargo, le negaron la posibilidad de tapar el rodado y le ofrecieron que llevara una lona. Esa fue la última vez que Decima tuvo noticias de la Corven. 

El vecino, quien se dedica a la construcción y había adquirido el rodado como parte de pago por sus labores, mantuvo la esperanza de recuperar su bien mientras reunía el dinero necesario para saldar la infracción. Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado el 30 de junio pasado, cuando fue citado nuevamente al juzgado para resolver la situación de su vehículo.

Una sorpresa ingrata

Al presentarse junto a su hijo ante el juez Oliveto, el vecino recibió la noticia de que la causa sería archivada y la moto liberada, argumentando que existió un "mal procedimiento" por parte de la policía al momento del secuestro acaecido en octubre. 

Con la orden de entrega definitiva en mano, Julio Alberto Decima se dirigió a la comisaría Primera, donde le informaron que el rodado ya no se encontraba allí, sino que había sido trasladado al depósito judicial ubicado en las cavas de Cerro Leones.

Al llegar al predio, el personal de seguridad le comunicó una noticia devastadora: la motocicleta no estaba en el lugar. Según le explicaron, durante los meses de enero y febrero se llevó a cabo un operativo de compactación que incluyó a numerosos rodados provenientes de las comisarías Primera, Segunda, Tercera y Cuarta. El vecino estima que, al igual que su caso, existen decenas de personas que se encontrarán con la misma situación al intentar retirar sus vehículos.

El afectado relató el derrotero que ha tenido que realizar, incluyendo traslados en bicicleta desde su domicilio hasta las dependencias municipales con la exBuxton y policiales, perdiendo días de trabajo y enfrentando respuestas contradictorias. Mientras tanto, desde el área de Legales del Municipio le indicaron que no podían intervenir por la participación policial, en la fiscalía le sugirieron que no obtendría beneficios legales al respecto.

“Yo quiero la moto, porque si yo hubiera querido sacar un beneficio, sí contrato un abogado, sí inicio una acción legal contra el Municipio, contra quien sea. Quiero la moto, recuperar algo que es mío y que se termine el problema porque van a seguir pasando los días y como que se va a ir olvidando”.

Un reclamo sin respuestas claras

La incertidumbre sobre quién autorizó la compactación es total. Mientras el juez Julio Oliveto le indicó que él no dio la orden desde el Municipio y que dicha potestad correspondería al juzgado penal, el vecino continúa sin obtener una solución concreta. 

Tras recorrer el predio de las cavas y confirmar la ausencia de su vehículo, Julio Alberto Decima decidió hacer público su caso para visibilizar lo que considera una cadena de errores administrativos y falta de responsabilidad institucional.

El vecino enfatizó que contaba con toda la documentación legal, incluyendo título, transferencia y comprobantes de chasis y motor, lo que hace aún más difícil comprender cómo el rodado terminó siendo destruido. Ante la falta de respuestas, su único objetivo sigue siendo la restitución de su herramienta de trabajo, la cual valuó en un millón y medio de pesos, al momento en que lo adquirió para saldar una cuenta.

Este martes, tras visitar el área de Legales de la comuna, el vecino se dirigía a la Defensoría del Pueblo de la Provincia para realizar una exposición del caso y recibir asesoramiento ya que no cuenta con medios para pagar un abogado. 

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 144 años escribiendo la historia de Tandil