Alertaron sobre la falta de información para las políticas públicas en salud mental

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación realizó días atrás la primera reunión de un ciclo de jornadas sobre la temática “salud mental, consumos problemáticos y prevención de suicidio en niñas, niños y adolescentes”.

El encuentro, encabezado por la titular de la Comisión Roxana Reyes (UCR), contó con la participación de Luciano Grasso. El tandilense, exdirector nacional de Salud Mental y Adicciones, abordó la compleja problemática de la salud mental en niños, niñas y adolescentes y partió de una “profunda contradicción” al considerar que a pesar de la existencia de leyes y dispositivos para proteger sus derechos, observa una vulneración y desprotección generalizada.

“Declamamos la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y nos encontramos ante una absoluta vulneración y desprotección de esos derechos”, advirtió.

Señaló como un aspecto crítico la falta de información epidemiológica y recursos para abordar la situación, y argumentó que la solución no radica en la creación de nuevas leyes, sino en la plena implementación de la legislación existente.

“Estamos frente a un grave problema, pero a la hora de elaborar una política pública tenemos que saber de qué se trata ese problema”, de allí su diagnóstico sobre el “déficit de información” con la observación que “el Estado no ha sabido generar una vigilancia epidemiológica”.

Finalmente, llamó a la acción integral que incluya la prevención, la detección temprana, el acompañamiento psicosocial y la capacitación de diversos actores comunitarios, priorizando la garantía de los derechos humanos y la igualdad como pilares de la salud mental.

“El compromiso de todos y la capacidad de conmovernos frente a los problemas de salud mental de las niñeces y las adolescencias. Y por supuesto, un Estado presente. No se necesita nada más”, resumió.

“Profunda, injusta y cruel contradicción”

Primero, el exfuncionario nacional confesó que es un “honor” participar en el tratamiento de problemáticas “tan complejas”, pero que requieren su abordaje en el caso de niños y adolescentes en particular, pero también en general, para luego poner el foco en el tema por el que fue convocado.

En principio, observó que “nos encontramos ante una profunda, injusta y cruel contradicción”. En ese sentido, planteó que “declamamos la protección y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero nos encontramos ante una absoluta vulneración y desprotección de sus derechos”, que fueron “consagrados internacionalmente” y por la normativa existente en la materia a nivel nacional.

A más datos, citó el artículo cuarto de la Ley 26.061 y a la Ley Nacional de Salud Mental, que “desde su artículo primero hasta el artículo séptimo habla específicamente de los derechos a las personas que tienen problemas de salud mental”.

Luego, apuntó que existe “otra contradicción” que presenta dos extremos. Por un lado, “la subestimación de los padecimientos mentales en niños, niñas y adolescentes”, teniendo en cuenta “sobre todo la importancia que tiene la salud mental en estas etapas del ciclo vital”. Por otro lado, “la patologización y medicalización de las infancias”, que además “está amparado por mercaderes de la enfermedad mental”.

“No toda situación de sufrimiento, padecimiento psíquico en niños, niñas y adolescentes se tiene que pensar en términos y no se debe de pensar en términos de una patología”, completó el exvicepresidente del Sistema Integrado de Salud Público local.

Déficit de información

En definitiva, sentenció que “en materia de salud mental en niñez y adolescencia no hay dudas que estamos frente a un grave problema”, pero resaltó que “a la hora de elaborar una política pública tenemos que saber de qué se trata ese problema, poder estimarlo, tener tener datos, información para a partir de ahí pensar en soluciones”.

En ese sentido, Grasso dijo que “no sabemos si pensamos en analizar cuál es la real dimensión del problema”, ya que “hay un déficit de información”, por lo que apuntó al rol del Estado al indicar que “no ha sabido generar una vigilancia epidemiológica”.

Para Grasso, esa información resulta clave para el desarrollo de políticas públicas en la materia. Para trabajar en esa línea de manera integral, planteó que resulta necesaria la “participación de la sociedad civil, con un Estado presente, pero también la evidencia, es decir, de qué padecen las personas que padecen, cuáles son las principales problemáticas psicosociales y sobre todo cuáles son las causas o los condicionantes que llevan a determinadas patologías”.

Más consideraciones

Asimismo, el exconcejal advirtió que además de conocer “cuál es la situación general” de este grupo etario “tenemos que tener datos epidemiológicos”, con la aclaración que “estamos hablando de problemáticas psicosociales, directamente relacionadas con los derechos humanos”.

“Plantear cuál es la información epidemiológica implica posicionarnos no solo técnicamente, sino también política e ideológicamente”, definió, y amplió la idea al señalar que “tendremos un pantallazo de la situación actual si entendemos a la salud mental desde la psicopatología, desde lo individual, desde lo unicausal, desde las neurociencias”  y otro “si lo pensamos en términos de que no hay salud mental sin derechos humanos garantizados”. Es decir, “entendiendo que los problemas de salud mental están directamente relacionados con lo que llamamos los determinantes sociales: cómo vivimos, qué salud mental tenemos”.

Otro de los puntos expuestos por el profesional apunta a la falta de recursos. “Falta formación en los profesionales, una distribución más equitativa de los recursos en lugares donde las personas no llegan a tener la atención en promoción y prevención, en detección temprana, en atención oportuna; hace falta profesionales de salud mental en las guardias de los hospitales, camas de internación en hospitales generales”, repasó.

En resumen, Grasso expuso que “cuando hacemos ese análisis situacional, de lo que falta y lo que hay que modificar, lo que vemos que lo que falta es aplicar la Ley de Salud Mental”.

En conclusión, “nos encontramos con una brecha inadmisible”, afirmó y agregó que “la mayoría de las personas, en particular de niños, niñas y adolescentes, que requiere una atención en salud mental no la tiene o no como deberían tenerla”.

“Menos guardapolvo y más zapatillas”

Promediando su intervención, Grasso ratificó la existencia de una “emergencia” en la materia, pero aclaró que “no es nueva”, para luego contextualizar sobre lo sucedido en la pandemia por el Covid-19 y el impacto que tuvo en el grupo mencionado.

En el planteo de propuestas concretas, instó por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, a la ley de consumos problemáticos y de prevención del suicidio, además de “trabajar sobre los determinantes sociales, en la sensibilización en cuanto a los roles de los cuidadores, pero también trabajar en las condiciones de vida”.

Consideró que es importante remarcar que “no podemos pensar en la salud mental de niños, niñas y adolescentes mientras en este país sigamos teniendo una de las grandes deudas que tiene la democracia, que es la igualdad”.

Es “trabajar sobre la garantía de derechos”, enfatizó, pero también en la promoción y en la prevención. “Tenemos que descentrarnos de ciertas prácticas tradicionales y hay que cambiar las prácticas para poder comprender las problemáticas y sobre todo poder abordarlas”, es decir que “tiene que haber menos guardapolvo y más zapatillas, menos pastillas y más oreja para escuchar y acompañar en los ámbitos de la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes”.

“Estado ausente”

Sobre el final, el exsecretario de Salud del Municipio valoró que “frente a un Poder Ejecutivo a nivel nacional ausente en políticas públicas de niñez y adolescencia y de salud mental, me parece muy importante un Poder Legislativo presente que pueda elaborar o monitorear una estrategia integral”.

En ese sentido, repasó la posibilidad de “poder pedir que haya una partida presupuestaria para abordar esta problemática, que haya más formación a todos los agentes de la comunidad que pueden y deben ser preventores en materia de salud mental, en consumos problemáticos, en conductas suicidas”.

Apuntó a la importancia de “los espacios de escucha oportuna” y a la creación de dispositivos de atención como “camas de internación en hospitales pediátricos, profesionales capacitados en el primer nivel de atención y la contratación de más especialistas”.

Bajo el enfoque del modelo comunitario, “planteamos que la salud mental se tiene que descentralizar de los especialistas”, mencionó Grasso, que afirmó que “no somos fundamentales ni los únicos que podemos abordar los problemas de salud mental, sino todo lo contrario”, por lo que “ahí creo que también tiene que haber una política pública que fomente la incorporación de especialistas en el ámbito público”.

Y para finalizar, reflexionó que “es muy importante estudiar la problemática y analizarla racionalmente, pero creo que más importante es poder tener la capacidad de conmovernos frente a esta catástrofe psicosocial que sufren niños, niñas y adolescentes en materia de salud mental”.

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Por El Eco de Tandil

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