El secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Tandil, Juan Maciá Cantarelli, analizó las tensiones entre el sector privado y el Estado local respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial. En una entrevista con el programa "Ultimo Bondi de la radio de El Eco, el funcionario brindó detalles sobre la clausura de un loteo irregular en la zona de La Elena y calificó como "descabellada" la denuncia penal presentada contra el intendente Miguel Lunghi y el secretario Luciano Lafosse por parte de los responsables del proyecto Miradores de Montecristo.

La expansión de la mancha urbana de Tandil y el crecimiento exponencial que la ciudad evidenció en los últimos años pusieron en el centro del debate el rol de la fiscalización estatal frente a los desarrollos inmobiliarios. Durante la última semana, dos sucesos de gran impacto público y judicial reavivaron la disputa por el uso del suelo: la intervención en un loteo no autorizado en La Elena, que incluyó la agresión a un vecino, y la denuncia penal contra las máximas autoridades del Ejecutivo local.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario de Legales Juan Maciá Cantarelli explicó que la gestión municipal se encuentra abocada a hacer cumplir el marco normativo vigente, en un contexto donde el interés económico suele colisionar con la planificación urbana.

Al respecto, el funcionario destacó que, si bien la inversión privada trae beneficios como la generación de puestos de trabajo, también acarrea complejidades que requieren una respuesta técnica y legal rigurosa por parte de la comuna.

El conflicto en La Elena

El caso de La Elena cobró notoriedad tras un episodio de violencia en el que un vecino resultó brutalmente agredido tras alertar sobre movimientos de suelo sospechosos.

La Secretaría de Legal y Técnica tomó intervención luego de que se detectara un loteo irregular y la apertura material de calles sin la debida autorización de la Dirección de Vialidad. "No se puede ir y abrir una calle como si fuese propia; existe un trámite previo para que Vialidad dé cuenta de las condiciones técnicas, hidráulicas y medioambientales", precisó Cantareli.

Según la mirada comunal, los responsables del proyecto estaban realizando excavaciones de magnitud, con perforaciones de hasta tres metros de ancho por siete de largo, destinadas presuntamente a la construcción de piletas o bases estructurales.

El funcionario advirtió que la zona posee una particularidad geológica compleja, ya que a escasos metros de profundidad se encuentra una base de piedra que actúa como una "palangana" que capta el agua de napa, lo que limita severamente cualquier tipo de construcción subterránea o de gran porte.

Al decir del secretario, la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) es taxativa en este sector: se trata de un área protegida donde la potencialidad constructiva se limita a un único inmueble por manzana. Sin embargo, se detectó que el proyecto estaba siendo comercializado a través de redes sociales como un loteo fraccionado, una maniobra que vulnera el ordenamiento vigente y pone en riesgo el patrimonio de potenciales compradores. Ante esta situación, la Dirección de Obras Privadas y Defensa Civil procedieron a labrar las actas correspondientes para frenar el avance de las máquinas.

La preocupación del municipio no se agota en la infracción administrativa, sino en el impacto social de estas maniobras. Maciá Cantareli subrayó la necesidad de mejorar la comunicación institucional para alertar tanto a los ciudadanos de Tandil como a los turistas sobre la situación legal de los terrenos. "Viene gente, ve una publicación en redes, firma un boleto de compraventa entregando dinero y después se entera de que el negocio no es tal", consignó el funcionario, haciendo especial hincapié en la responsabilidad compartida entre el Estado y los profesionales del sector, como agrimensores y abogados, para no convalidar proyectos inviables.

La denuncia penal

Paralelamente al conflicto en La Elena, el Ejecutivo enfrenta una nueva embestida judicial vinculada al desarrollo denominado Miradores de Montecristo. Los impulsores de este proyecto inmobiliario radicaron una denuncia penal ante la fiscalía (recayó en el fiscal Ignacio Calonje) contra el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse.

La presentación judicial se produjo poco después de que los privados solicitaran un "pronto despacho" administrativo, un plazo de cinco días que, según Cantarelli, no existe en la ley de procedimientos vigente.

El secretario de Legal y Técnica calificó la maniobra como un acto "organizado de manera previa" con claras intenciones de escalar el conflicto a nivel mediático y nacional. La denuncia acusa a los funcionarios municipales de diversas irregularidades en el tratamiento del expediente de Miradores de Montecristo, un proyecto que ya arrastra un largo historial de litigios, incluyendo la suspensión de un magistrado local.

"Me parece algo descabellado; los funcionarios de Miguel (Lunghi), y él mismo, actuamos con honestidad y estamos tranquilos", aseguró Cantarelli.

Según su narrativa, el Municipio sostiene que no se ha cumplido con los requisitos básicos para la transmisión de dominio. De acuerdo a su mirada, el expediente sucesorio de las tierras —originalmente a nombre de Ángel María Valiente Noailles, fallecido en 1988— no presenta aún la denuncia de bienes ni la partición necesaria para avanzar en una escrituración válida. A pesar de esto, el desarrollo inmobiliario se publicitó ofreciendo escrituración inmediata, lo que motivó advertencias por parte de la Justicia civil.

Un proceso judicial complejo

La situación procesal de los terrenos de Miradores de Montecristo incluye una acción posesoria en la causa caratulada "Ramírez con Giove". En marzo del año pasado, el juez Blanc, tras la excusación de su par Zárate, dictó una resolución confirmada por la Cámara que obliga a los demandados a colocar al menos dos carteles informativos de visibilidad suficiente en el predio. Estos carteles deben informar a cualquier interesado que la posesión de los lotes se encuentra actualmente debatida judicialmente.

Cantarelli fue enfático al señalar que la justicia aún no ha resuelto la cuestión de fondo y que, mientras tanto, el Municipio debe velar por el cumplimiento de las leyes provinciales de uso del suelo, como la 8912 y la 11.723.

"Tandil ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años y hoy debemos tomar otros recaudos para pensar en la ciudad de las próximas décadas", explicó el funcionario. En este sentido, la postura del Ejecutivo es esperar los resultados del expediente y las resoluciones judiciales antes de otorgar cualquier tipo de factibilidad técnica.

Finalmente, el secretario se refirió al uso de "cámaras ocultas" y grabaciones subrepticias que formarían parte de la estrategia de los denunciantes. Según trascendió, existirían filmaciones realizadas dentro de las dependencias municipales, incluyendo conversaciones en la Secretaría de Planeamiento. Cantareli admitió haber recibido a Jorge Heter, uno de los impulsores de la denuncia, pero aclaró que el diálogo siempre se mantuvo dentro de los carriles profesionales. Para el Municipio, estas tácticas buscan presionar al poder político en medio de una disputa que es, en esencia, judicial y técnica.

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