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Los fundamentosEn principio, la expositora aclaró que “no venimos a discutir sobre aborto” y planteó que el objetivo era solicitar que se institucionalicen las consejerías a las que el Municipio adhirió a través de la sanción de una ordenanza.Repasó los alcances de la Ley 14.738, que en su capítulo segundo creó las Consejerías para la Reducción de Riesgos y Daños en Situaciones de Embarazos no Planificados en las salas de atención primaria y hospitales de la provincia de Buenos Aires, y recordó que en 2015, el Concejo Deliberante adhirió a la normativa a través de una ordenanza votada por unanimidad.Resaltó que el espíritu de esta medida es respetar el derecho de la mujer a la “autonomía personal”, garantizar el acceso a la información y a tomar la decisión “sin presión”.Por otra parte, le achacó al concejal del radicalismo Adolfo Loreal que “desconozca y cuestione el trabajo de la consejería”, cuando votó la ordenanza de adhesión a la ley que busca garantizar una amplia gama de derechos.Al mismo tiempo, señaló que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), o el aborto no punible, está contemplada en el artículo 86 del Código Penal, a partir de un fallo de 2012 de la Corte Suprema de Justicia que fijó los alcances de la figura.Entonces, enfatizó que “el Estado debe poner a disposición condiciones médicas e higiénicas” para el ILE, ya que “la clandestinidad vuelve inseguro el aborto” y afecta “a los sectores más pobres”. En igual sentido, remarcó que cada vez que se niega a una mujer la posibilidad de abortar, se vulneran doce de sus derechos.Por último, solicitó que se cumpla con las consejerías, eliminando las barreras que existen para su funcionamiento; que se aseguren profesionales no objetores de conciencia; que se garantice el personal de salud, los insumos y las condiciones laborales libres de hostilidades.]]>

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Desde la Banca XXI, reclamaron que se cumpla con las consejerías para embarazos no planificados

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