Diputados aprobó la Ley de Propiedad Privada y restituyó los límites a la extranjerización de tierras

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, en una votación ajustada que terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. La iniciativa incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales, sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y deberá regresar al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

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Uno de los aspectos más destacados de la sesión fue el cambio de postura del oficialismo respecto de la normativa que establece límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. La Libertad Avanza terminó respaldando la restitución de una ley que había intentado derogar mediante el DNU 70/2023.

El capítulo que dispone la derogación del artículo 154 de ese decreto y la restitución de la Ley de Tierras obtuvo un respaldo contundente, con 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.

La medida fue acompañada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Argentina Federal, Provincias Unidas y distintos bloques provinciales.

En cambio, la votación del proyecto en general resultó mucho más ajustada. Las seis abstenciones, correspondientes a cinco diputados cordobeses y Álvaro González, del PRO, fueron determinantes para que el oficialismo consiguiera la aprobación.

Qué establece la restitución de la Ley de Tierras

La normativa sancionada en 2011 establece restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Entre sus principales disposiciones, fija un límite del 30% para la extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones sobre la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero.

También contempla un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, o su superficie equivalente en otras regiones, y establece limitaciones vinculadas con inmuebles que contienen cuerpos de agua o se encuentran en zonas de frontera.

La restitución de estas disposiciones representa un cambio significativo en la estrategia legislativa del Gobierno, que inicialmente había promovido su eliminación.

El proyecto llegó a Diputados luego de que el Senado modificara la propuesta original y eliminara distintos capítulos, entre ellos los relacionados con la Ley de Manejo del Fuego y la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

Frente a las dificultades para conseguir respaldo legislativo y los cuestionamientos de sectores opositores, el oficialismo optó por incorporar expresamente la restitución de la normativa de 2011.

Cambios en las expropiaciones y los desalojos

Además de la cuestión vinculada con las tierras rurales, el proyecto aprobado introduce modificaciones en la legislación sobre expropiaciones y desalojos.

Uno de los puntos centrales consiste en restringir las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de determinados bienes inmuebles, mediante cambios en la Ley de Expropiaciones.

Asimismo, la iniciativa contempla reformas destinadas a acelerar los procedimientos judiciales de desalojo y facilitar la restitución de propiedades ocupadas irregularmente.

Desde el oficialismo sostienen que estas modificaciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el respeto al derecho de propiedad.

Sin embargo, distintos sectores de la oposición advirtieron que las reformas podrían limitar herramientas estatales utilizadas para desarrollar políticas públicas y ejecutar determinadas intervenciones sobre bienes privados.

Fuertes cruces durante el debate

El diputado Santiago Santurio, de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Legislación General, defendió la iniciativa y aseguró que representa un avance en la protección del derecho de propiedad.

"Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas", afirmó durante su intervención.

Por su parte, Diego Giuliano, de Unión por la Patria, cuestionó las contradicciones del oficialismo y recordó que la Ley de Tierras fue impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El legislador también rechazó la interpretación del derecho de propiedad planteada por el Gobierno y sostuvo que su ejercicio debe contemplar el interés social.

"A la Constitución hay que leerla completa, integralmente, no con un ojo tapado", expresó, al señalar que la protección de la propiedad privada debe interpretarse junto con los compromisos internacionales asumidos por el país.

Martín Lousteau, de Provincias Unidas, también cuestionó el cambio de postura del Ejecutivo y advirtió sobre las posibles contradicciones entre las restricciones a la extranjerización de tierras y el programa de ciudadanía por inversión.

En la misma línea, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, sostuvo que ese mecanismo podría afectar la soberanía nacional.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, consideró que el Gobierno debió retroceder en su intención de eliminar la Ley de Tierras debido a los cuestionamientos institucionales, judiciales y sociales.

Desde Unión por la Patria, Lucía Cámpora también rechazó las modificaciones propuestas a la Ley de Expropiaciones y advirtió que podrían dificultar decisiones estratégicas del Estado, como la recuperación de empresas.

En tanto, la presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Pamela Verasay, respaldó la iniciativa y llamó a superar la polarización política.

"Un gobierno necesita herramientas para gobernar, pero esas herramientas tienen que estar bien construidas", señaló la legisladora.

El proyecto vuelve al Senado

Con la aprobación en Diputados, la iniciativa deberá regresar al Senado, donde se resolverá el futuro de las modificaciones introducidas por la Cámara baja.

La Cámara alta podrá aceptar los cambios o insistir con su versión anterior, para lo cual necesitará reunir una mayoría de dos tercios.

De esta manera, el Gobierno consiguió avanzar con una de sus iniciativas vinculadas con la protección de la propiedad privada, aunque debió aceptar modificaciones importantes respecto de su propuesta original.

La restitución de la Ley de Tierras Rurales quedó como uno de los principales resultados políticos de la jornada, luego de que el oficialismo terminara respaldando una normativa que había buscado eliminar desde el inicio de su gestión.

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