Diputados aprobó la nueva ley de Discapacidad y avanzó con penas contra el vandalismo rural
La Cámara baja otorgó media sanción a una normativa integral para el sector de la discapacidad y dio luz verde a un proyecto que busca penalizar los ataques a la infraestructura agropecuaria.
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La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la nueva Ley de Discapacidad con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. La medida fue posible tras un acuerdo entre La Libertad Avanza, bloques aliados y sectores de la oposición, logrando un texto que mantiene las prestaciones vigentes y descarta los recortes previstos en el Presupuesto 2027.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, ratifica las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y sostiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta principal de acceso. Asimismo, conserva la actualización por inflación y el nomenclador universal de prestaciones.
“Desde la oposición entendimos que no ibamos a tener el número necesario de diputados para prorrogar la Emergencia. Por eso empezamos a conversar con las organizaciones del colectivo y nos pidieron que vengamos a discutir para que el proyecto no contemple regresiones. En ese sentido, el oficialismo receptó numerosos planteos, y logramos un dictamen final que es absolutamente contrario a lo que mandaron Javier Milei, Luis Caputo y Diego Santilli en el Presupuesto 2027”, señaló el legislador Juan Marino.
La norma establece que las personas con CUD podrán conservar su pensión aunque accedan a un empleo registrado, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, se incluyen garantías de cobertura de salud y mecanismos para evitar bajas arbitrarias. En caso de existir deudas con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos en 30 días y cancelarlas en un plazo de 90 días.
Vandalismo rural
En la misma sesión, el cuerpo legislativo aprobó el proyecto impulsado por el diputado nacional Martín Ardohain, del PRO, para incorporar al Código Penal figuras específicas contra el vandalismo rural. La iniciativa busca sancionar los ataques a bienes e infraestructura de la producción agropecuaria.
“Un paso importante para fortalecer la protección de los productores y sus familias”, celebraron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). La entidad agraria subrayó que “la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas provoca pérdidas económicas y atenta contra meses de trabajo e inversión”.
Por su parte, el senador bonaerense del PRO, Juan Manuel Rico Zini, enfatizó la necesidad de proteger al sector productivo: “En Pergamino y toda la zona sabemos lo que significa el campo para nuestra economía, el trabajo y el desarrollo. Ahora es el turno del Senado. Quienes producen, trabajan e invierten necesitan un Estado que los proteja, no que mire para otro lado”.
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