Diputados dio media sanción a un proyecto para endurecer la protección contra la discriminación en PBA

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción hoy a un proyecto de ley destinado a reforzar el combate contra actos de discriminación en la Provincia. La iniciativa, impulsada por el vicepresidente de la Cámara, Alexis Guerrera, del Frente Renovador, busca actualizar la Ley Nacional Antidiscriminación vigente desde 1988, permitiendo a la provincia contar con su propia normativa específica en materia de protección de derechos.

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Durante el debate en el recinto, Alexis Guerrera brindó un discurso en el que cuestionó a La Libertad Avanza, al señalar que existe “un sector de la política argentina que viene militando fuerte para poner al racismo o la discriminación de moda” y añadió que “lo dicen en sus redes sin sonrojarse, lo dicen a micrófono abierto sin escuchar que posteriormente se retracten”. En ese sentido, el legislador sentenció: “No quiero ser cómplice de esto. Nos puede salir muy caro como sociedad”.

Ampliación de criterios y carga probatoria

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, incorpora nuevos ítems para evaluar actos discriminatorios que no estaban contemplados en la norma nacional. Entre ellos se incluyen el color de piel o etnia, el origen nacional y social, la situación migratoria, la lengua, la edad, el estado civil, la responsabilidad familiar, el trabajo, condiciones de discapacidad o salud, el perfil genético, la situación penal y los hábitos personales, sociales o culturales.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la modificación en el ámbito judicial. Ante la dificultad histórica para probar actos de discriminación cometidos por particulares, la ley establece que corresponderá a la parte actora la prueba de los hechos denunciados, mientras que la parte demandada deberá aportar una justificación objetiva y razonable de su conducta.

Sobre este aspecto, Alexis Guerrera expuso: “Todos sabemos lo que ocurre hoy con las denuncias por discriminación. Frente a la violación de estos derechos, los organismos competentes suelen tratarlos como derechos de segunda categoría y se archivan porque nadie tiene la obligación específica de investigarlos, con víctimas a las que se les exige probar lo imposible. El resultado es un círculo perverso: el derecho existe en el papel, pero su vulneración queda impune, y esa impunidad enseña a la sociedad que discriminar no tiene consecuencias”.

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