Discapacidad obtuvo amplio respaldo en el Senado para dar continuidad a los beneficios

El proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad consiguió un amplio respaldo en las comisiones del Senado y quedó encaminado para su tratamiento en la sesión prevista para el 19 de noviembre.

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La propuesta, que cuenta con media sanción de Diputados, busca mantener los principales beneficios de la emergencia en discapacidad y darles carácter permanente, para evitar que su continuidad dependa de nuevas prórrogas.

El dictamen reunió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y bloques provinciales, en el ámbito de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.

Entre los principales puntos figuran la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo registrado, la actualización de los aranceles de las prestaciones, la cobertura de salud y las garantías de financiamiento del sistema.

Coincidencias para sostener las prestaciones

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el entendimiento alcanzado y sostuvo que “el objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”.

La senadora puso especial énfasis en la posibilidad de mantener una actividad laboral sin perder automáticamente la pensión, al considerar que el trabajo favorece la integración y la autonomía.

“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.

También valoró la continuidad de los beneficios para los empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, el régimen de empleo protegido y la cobertura sanitaria.

Desde el bloque Justicialista, Juliana Di Tullio explicó los motivos del acompañamiento: “Vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga”.

“Vale la pena seguir peleando porque a las personas con discapacidad y a sus familias no se las lleva puestas nadie”, añadió.

La continuidad de las prestaciones constituye uno de los reclamos de los bloques aliados al Gobierno ante el vencimiento de la emergencia, establecida por una ley que la oposición consiguió sancionar el año pasado y que fue vetada por el presidente Javier Milei.

Pensiones compatibles con el trabajo

El texto reproduce buena parte del esquema de beneficios de la Ley 27.793, aunque elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. La intención es establecer un régimen permanente y de orden público.

Uno de sus ejes es la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo, y el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El beneficio alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La iniciativa también conserva el principio de nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

Financiamiento, auditorías y deudas con prestadores

En materia presupuestaria, el proyecto dispone que la asignación del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Asimismo, contempla auditorías periódicas mediante el cruce de información entre la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Esos procedimientos deberán respetar el principio del debido proceso inclusivo.

A pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria con un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores. También se fijó un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Vigo anticipó pedidos de cambios

Pese al amplio consenso, la senadora cordobesa Alejandra Vigo cuestionó la falta de participación de los organismos y sectores involucrados y adelantó que solicitará modificaciones.

“Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas”, señaló.

Con el dictamen obtenido, el próximo paso será el debate en el recinto. El oficialismo buscará convertir la propuesta en ley el 19 de noviembre, antes de que finalice la vigencia de la emergencia.

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