El caso Manuel Adorni y los interrogantes sobre el delito de enriquecimiento ilícito
La defensa del exfuncionario, basada en ganancias por inversiones en criptomonedas, genera debate entre especialistas sobre su impacto en futuras causas judiciales.
La defensa presentada por Manuel Adorni, quien atribuyó su patrimonio a ganancias obtenidas mediante inversiones en bitcoins, ha abierto una serie de interrogantes sobre el futuro del delito de enriquecimiento ilícito en la Argentina. La aceptación de este argumento por parte del fiscal Gerardo Pollicita, pese a reconocer que la versión era poco verosímil, ha generado críticas y análisis entre diversos especialistas del ámbito jurídico.
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo en su dictamen que, al no contar con pruebas para corroborar ni para refutar la versión del exfuncionario, debía darla por válida. Esta postura se basó en un informe de Cibercrimen de la Policía Federal. Como consecuencia, el caso dejó de investigarse como enriquecimiento ilícito para enfocarse en una posible evasión.
Voces especializadas
Delia Ferreira Rubio, abogada y expresidenta de Transparencia Internacional, advirtió sobre el precedente que esto podría sentar.
En el caso Adorni, la excusa de las viejas billeteras olvidadas de criptomonedas es sin duda un nuevo argumento en el repertorio de explicaciones para justificar un patrimonio en los casos de enriquecimiento ilícito
, señaló la experta, quien añadió que el tiempo determinará si esto se transforma en una jurisprudencia consolidada.
Por su parte, Manuel Garrido, extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, coincidió en que las defensas futuras podrían replicar esta estrategia. Sin embargo, aclaró que un dictamen fiscal no constituye jurisprudencia y sugirió que el caso podría motivar una instrucción de la Procuraduría General de la Nación sobre la valoración de pruebas en situaciones análogas.
En tanto, Pedro Biscay, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, puso en duda las consecuencias a largo plazo de esta decisión.
No se si esto es una salida que podría replicarse en casos parecidos, como una suerte de regla general para hacerle trampa a los demás casos de enriquecimiento ilícito que hay en la Argentina, afirmó.
Mientras tanto, el juez Ariel Lijo analiza la posibilidad de solicitar nuevas pruebas, distanciándose de la postura del fiscal, y se espera que la causa continúe bajo el escrutinio de los tribunales.
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