La Justicia declaró inconstitucional la movilidad jubilatoria aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, la cual estuvo vigente entre 2021 y mediados de 2024 durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. El tribunal ordenó reemplazar dicho mecanismo por el esquema previsto en la Ley 27.426, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.

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La resolución judicial se dictó en el marco de una demanda iniciada contra la Anses por la jubilada Carmen Galletta. El fallo, que lleva la firma de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, revoca una sentencia de primera instancia que anteriormente había rechazado el planteo. Esta decisión sienta un precedente clave tanto para el reclamo de diferencias retroactivas como para el recálculo de la base de los haberes actuales.

Detalles del fallo

De acuerdo con la resolución, el haber de la demandante deberá ser recalculado con el esquema anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, para luego empalmar con el régimen de actualización mensual por inflación dispuesto mediante el Decreto 274/2024. En sus fundamentos, el magistrado Juan Alberto Fantini señaló que la fórmula sancionada en 2020, basada en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, carecía de cláusulas gatillo o pisos de garantía frente a una aceleración inflacionaria.

Al realizar una comparación del período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, el tribunal constató que la movilidad acumulada fue del 553,55%, frente a una suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1.129,07%. Esto representó una pérdida real del poder de compra del 46,83%. Asimismo, los jueces remarcaron que los aumentos posteriores atados al IPC no corrigieron ese deterioro al aplicarse sobre una base ya depreciada.

Para recomponer el haber, la Cámara optó por reinstalar la fórmula de la Ley 27.426, que combinaba trimestralmente un 70% de inflación (IPC) y un 30% de variación salarial (RIPTE), por tratarse de una pauta previamente aprobada por el Congreso Nacional. En este sentido, deberán restarse las sumas ya abonadas en concepto de movilidad, adelantos y bonos extraordinarios para evitar duplicaciones. Además, se declaró inconstitucional el tope del artículo 9 de la Ley 24.463 si genera una quita igual o superior al 15%.

Finalmente, se aplicará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central, aunque el tribunal admitió la excepción de prescripción planteada por la Anses, acotando el período exigible de retroactivos. La sentencia tiene efecto únicamente sobre el expediente de la demandante y no implica un aumento automático generalizado, aunque consolida un antecedente de peso para miles de litigios previsionales en trámite.

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El Eco de Tandil

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