Chile rechaza pedir autorización a la Argentina para navegar hacia las islas Malvinas
El canciller Francisco Pérez Mackenna descartó solicitar permiso para el paso del buque Danstar, invocando el derecho a la libre navegación internacional.
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El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, descartó en las últimas horas solicitar autorización a la Argentina para la próxima navegación del buque chileno Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas. El funcionario invocó el derecho a la libre navegación establecido por las Naciones Unidas y sentenció:
Los países no piden permiso.
La postura del gobierno chileno surge como respuesta a las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien había sostenido que la embarcación debía solicitar permiso para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas. Quirno señaló que, habitualmente, miles de barcos piden autorización para transitar hacia las islas cuando salen desde distintos puntos.
Ante los cuestionamientos, Pérez Mackenna precisó que Chile confía en el derecho al paso inocente, tal como lo define la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). El viaje del buque, operado por la naviera Easter Island, busca reinaugurar en diciembre una ruta comercial suspendida hace 15 años para transportar alimentos, maquinaria y materiales de construcción.
Impacto comercial y preocupación argentina
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Development Corporation Falkland Islands y de las autoridades de Punta Arenas. El alcalde de la ciudad, Claudio Radonich, destacó el carácter comercial de la operación al afirmar que buscan convertir a la ciudad en el gran supermercado de las islas.
Sin embargo, la operación genera inquietud en el gobierno de Javier Milei, especialmente ante la intención del Reino Unido de explotar recursos petroleros en la zona. El canciller Quirno recordó el compromiso previo de Chile para que este intercambio no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
Actualmente, la Argentina mantiene un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar solicitando medidas urgentes ante el inicio del proyecto Sea Lion, insistiendo en que el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos mientras persista la controversia por la soberanía.
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