Argentina pidió medidas al Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera en Malvinas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) abrió este martes en Hamburgo las audiencias sobre la solicitud argentina de medidas provisionales destinadas a frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.

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La delegación argentina sostuvo que la explotación unilateral de recursos en un área en disputa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente de la República Argentina, encabezó la exposición de apertura ante los 21 miembros del tribunal.

Oyarzábal explicó que Buenos Aires no pide que el TIDM resuelva la cuestión de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la explotación de recursos mientras la controversia de fondo se tramita en un tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar.

La arquitectura jurídica del Gobierno se apoya en las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas 2065 de 1965 y 31/49 de 1976, que reconocieron la existencia de la disputa y exhortaron a no adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permaneciera abierta. “Cincuenta años después, aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse”, afirmó Oyarzábal ante los jueces.

El pedido presentado por el presidente Javier Milei el 13 de octubre invocó el artículo 290 de la Convemar y solicitó cuatro medidas concretas: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación mediante Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área; que preserve la información obtenida durante la exploración; y que proteja el medio marino.

Oyarzábal sostuvo además que “los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, y marcó la distinción entre reconocer los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas y la imposibilidad de que esos habitantes decidan la pertenencia del territorio a un Estado.

El embajador advirtió sobre los riesgos ambientales del proyecto y recordó incidentes previos en la zona: en abril de 2015 falló un preventor de reventones en un pozo de exploración situado a unos 30 kilómetros al sur del yacimiento, y el plan de contingencia de una de las licenciatarias estimaba en un 30% la probabilidad de que petróleo llegara a aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. “En caso de reventón o de derrame, sería la Argentina quien soportaría sus consecuencias y quien estaría llamada a responder”, planteó Oyarzábal.

Desde la parte británica, la fiscal general británica Ellie Reeves sostuvo que “las medidas provisionales solicitadas tendrían consecuencias devastadoras”, en un planteo que rechazó la competencia del tribunal y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.

En el Gobierno hubo entusiasmo por la presentación. Según supo Infobae, Javier Milei compartió un mensaje entre los integrantes del gabinete en el que celebró la imagen de la delegación argentina completa que viajó a Alemania y afirmó: “Estamos en este tribunal para frenar la explotación petrolera en Malvinas. Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”.

La audiencia en Hamburgo marcó el inicio de un proceso con posiciones irreconciliables sobre Sea Lion, que ahora quedará sujeto al análisis del tribunal y a la decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

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