Santiago Peña pidió 72 horas para preparar su defensa en el juicio político por el colapso del Ueno Bank
El presidente de Paraguay solicitó una prórroga para ejercer su defensa en el juicio político iniciado tras el colapso del Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.
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Santiago Peña, el presidente de Paraguay, solicitó este viernes 6 de noviembre una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el juicio político que se le sigue a raíz del colapso del Ueno Bank, hecho que dejó a millones de ahorristas sin posibilidad de acceder a su dinero.
Peña presentó una nota dirigida al presidente del Congreso, Basilio Núñez, en la que señaló que la notificación recibida para formular su defensa no le otorgaba la antelación necesaria. El mandatario afirmó que presentarse esta mañana a las diez, como está estipulado, resultaba insuficiente para garantizar los estándares de un Estado de derecho: "Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, ente ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho".
En un mensaje a través de la red social X, Peña añadió: "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles".
Desde el entorno del Congreso, Basilio Núñez dijo en conversación con Radio Mitre que la decisión política sobre el trámite tiene un plazo de 12 horas y que la intención mayoritaria es acelerar la definición institucional para brindar tranquilidad a la población. Núñez indicó que la tendencia en la Cámara alta es rechazar el pedido de prórroga y continuar con el juicio político: “Somos 45 senadores. Si 23 me dicen ‘tenemos que continuar’, uno está sujeto a esa mayoría; queremos cortar esto de raíz”.
El contexto del juicio
La apertura del juicio político contra Peña se precipitó luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación para someterlo a destitución, mientras que un pedido similar contra el vicepresidente Pedro Alliana fue desestimado. Horas antes, una reunión bicameral destinada a tratar la renuncia presentada por el mandatario fracasó por falta de quórum, lo que impidió aceptar la dimisión y habilitó a la Cámara alta a avanzar y a designar a los fiscales acusadores.
La crisis institucional se desató tras la intervención del Banco Central del Paraguay al Ueno Bank, luego de detectar una grave insuficiencia de capital y un pronunciado deterioro en sus índices de solvencia. La medida congeló las operaciones del banco y dejó sin acceso a sus depósitos a cerca de tres millones de ahorristas —cerca de la mitad de la población del país—. Además, se bloquearon unos US$850.000.000 en fondos administrados por la entidad, de los cuales cerca de US$380.000.000 corresponden al Instituto de Previsión Social, que administra fondos jubilatorios.
El escándalo escaló por los vínculos del mandatario con el grupo económico al que pertenece la firma, de la que fue accionista hasta 2025, y porque había designado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, exdirectivo de la entidad que renunció esta semana. A raíz de estos hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra Peña para determinar eventuales responsabilidades en la supervisión de la entidad y en la asignación de recursos públicos. En la Cámara de Diputados se argumentó la existencia de un conflicto de intereses y la vulneración de la confianza pública.
Pese a que el Ejecutivo promulgó una ley para fijar la devolución de fondos en un plazo máximo de cinco días hábiles, la respuesta institucional no detuvo el malestar social: por tercera noche consecutiva, cerca de cinco mil manifestantes se concentraron ante el Congreso en Asunción y en localidades como Ciudad del Este para protestar, y allí se registraron choques con las fuerzas de seguridad.
La crisis derivó en la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y en el quiebre del apoyo del oficialista Partido Colorado, cuyo titular, Horacio Cartes, respaldó el juicio político. Aunque Peña presentó formalmente su dimisión para intentar desactivar el proceso, la falta de quórum impidió aceptar su salida; en consecuencia, deberá afrontar el juicio político que la Cámara alta podría continuar hoy a las diez, según señalaron voces del Congreso.
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