El Concejo envió al Ejecutivo el proyecto para regular las plataformas de transporte

La Comisión de Transporte y Tránsito acordó los principales lineamientos de un proyecto de ordenanza que propone establecer un marco regulatorio común para el servicio privado de transporte de personas de interés público, cualquiera sea la modalidad de contratación, el canal de intermediación o la tecnología utilizada. La novedad es que la iniciativa alcanza a remises, agencias, plataformas digitales y otros sistemas destinados al traslado oneroso de personas.

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El proyecto plantea como objetivos centrales garantizar la seguridad, la transparencia y el control municipal de la actividad, además de establecer condiciones de competencia que sean comunes para los distintos actores.

Entre los principios que incorpora aparecen la igualdad regulatoria, el libre acceso a la actividad, la protección de los usuarios, la seguridad vial y la trazabilidad de los servicios.

La propuesta acordada el martes en la reunión semanal del espacio legislativo fue enviada al Departamento Ejecutivo para su análisis, en el marco de la búsqueda de una normativa viable y consensuada que permita ordenar una actividad que actualmente presenta distintos esquemas regulatorios.

Un registro común para prestadores

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro Municipal de Prestadores del Servicio de Movilidad Privada, que tendría carácter obligatorio, público y de consulta libre.

La inscripción sería un requisito para prestar el servicio dentro del Partido de Tandil y debería renovarse anualmente.

El registro incluiría a las empresas, agencias y plataformas que organicen, administren o intermedien en la prestación del servicio; a los conductores, cualquiera sea la modalidad bajo la cual trabajen; y a los vehículos afectados al transporte.

Para las empresas y plataformas se establece, entre otros requisitos, la constitución de domicilio legal y electrónico ante el Municipio, la designación de un representante legal, la acreditación de personería jurídica y la obligación de suministrar la información necesaria para el control y la trazabilidad de los viajes.

También deberán contar con mecanismos de atención de reclamos de los usuarios y avanzar progresivamente en la disponibilidad de unidades aptas para personas con movilidad reducida.

Requisitos para conductores y vehículos

El proyecto establece además una serie de condiciones para quienes conduzcan los vehículos afectados al servicio. Entre ellas figuran contar con DNI vigente, CUIL o CUIT, domicilio real en Tandil, licencia nacional de conducir profesional habilitante para el transporte de pasajeros, certificado de antecedentes penales e inscripción tributaria y previsional.

Los vehículos, en tanto, deberán contar con la documentación exigida por la legislación vigente, VTV y una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil correspondiente al transporte oneroso de pasajeros.

La iniciativa fija una antigüedad máxima de 12 años desde el patentamiento, con la posibilidad de una prórroga excepcional de hasta dos años.

También establece condiciones de higiene, conservación y funcionamiento, además de requisitos sobre el tipo de vehículo, cantidad de puertas, capacidad y transparencia de los cristales.

Identificación y control

Otro de los puntos previstos en el proyecto es la incorporación de una oblea identificatoria que tendrá una vigencia de 12 meses. Deberá exhibirse en la luneta y contener información sobre la inscripción y renovación del vehículo, además de identificar a la empresa, agencia o plataforma correspondiente.

El proyecto también contempla un código QR que permita acceder a información actualizada del vehículo, los conductores habilitados y la empresa, agencia o plataforma.

Otro código similar deberá estar disponible para los pasajeros y permitirá acceder, cuando corresponda, a los mecanismos de consulta y reclamo.

La intención es que el sistema permita fortalecer la trazabilidad de los servicios y facilite las tareas de fiscalización.

Un esquema de sanciones

El proyecto incorpora un régimen sancionatorio diferenciado para conductores, titulares registrales, empresas, agencias y plataformas.

Entre las conductas previstas se encuentran la prestación del servicio sin inscripción vigente, el ascenso de pasajeros en la vía pública que no hayan solicitado previamente el viaje a través de la plataforma, agencia o central correspondiente y la cesión de cuentas, claves o autorizaciones.

También se establecen sanciones para los titulares de vehículos que incumplan las condiciones previstas para las unidades o que no tengan la inscripción vigente.

Para empresas, agencias y plataformas que intermedien en el servicio sin estar inscriptas, se plantea una multa equivalente a entre el 400 y el 800 por ciento del salario municipal categoría 4, por cada conductor o vehículo detectado en infracción.

La iniciativa contempla además un esquema de reincidencia que puede derivar en el incremento de las multas, la inhabilitación y la baja definitiva de las inscripciones.

Responsabilidad de los distintos actores

El proyecto establece la responsabilidad solidaria de empresas, agencias, plataformas, conductores y titulares registrales de los vehículos frente a los usuarios y terceros por los daños y consecuencias jurídicas derivados de la prestación del servicio.

En ese sentido, uno de los principios incorporados es que la regulación alcance a todos los actores que intervienen en la actividad, independientemente de la modalidad utilizada para contratar el viaje.

La autoridad de aplicación sería la Dirección de Control Urbano Vehicular, o el organismo que eventualmente la reemplace, con facultades para fiscalizar, inspeccionar y sancionar, además de controlar el funcionamiento del registro y las condiciones técnicas de los vehículos.

Un plazo de transición

La propuesta contempla un período de transición de 180 días corridos desde su promulgación para que los prestadores puedan adecuarse a las nuevas disposiciones.

A su vez, las agencias, conductores y vehículos que actualmente se encuentren habilitados bajo la ordenanza 8.113 y sus modificatorias conservarían provisoriamente esa habilitación y serían incorporados de oficio a los nuevos registros, sin abonar un nuevo derecho por ese acto.

El proyecto también establece que el Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la ordenanza dentro de los 60 días e implementar trámites digitales.

Finalmente, plantea la derogación de distintas ordenanzas vinculadas con la regulación de la actividad, aunque establece que esas normas continuarán aplicándose hasta la entrada en vigencia simultánea de la nueva ordenanza y su reglamentación operativa, precisamente para evitar vacíos regulatorios.

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El Eco de Tandil

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