La situación del transporte público de pasajeros, con un nuevo pedido de aumento del boleto por la cámara que nuclea a las seis empresas prestadoras del servicio, ya anticipa otro conflicto entre el Departamento Ejecutivo y sectores de la oposición con representación en el Concejo Deliberante. Hasta aquí, la comisión legislativa tiene en tratamiento la solicitud de las líneas de colectivos de un ajuste en la tarifa y la respuesta a la consulta realizada a la Asesoría General de Gobierno, que opinó que el último aumento otorgado por el Intendente tiene validez aunque invalidó el mecanismo de “silencio positivo” del Deliberativo previsto en los decretos firmados por Miguel Lunghi.

De este modo, el organismo técnico le dio la razón a ambas partes. Por un lado, consideró que el ajuste aplicado a la tarifa del transporte público es legal y por otro, definió como inválidos los artículos que preveían que si el Concejo Deliberante no trataba el asunto en la siguiente sesión ordinaria, los decretos quedaban convalidados de hecho.

La respuesta de la Asesoría aclaró la inquietud sobre la legalidad de la tarifa vigente, pero abrió interrogantes de cara al nuevo pedido que ya presentó la Cámara de Transporte de Tandil ante el Concejo Deliberante, con copia al Departamento Ejecutivo.