Mauricio D'Alessandro analizó el antecedente judicial que definirá el destino de Maduro en Estados Unidos
El abogado tandilense detalló cómo un secuestro internacional de la DEA en la década del 90 sentó las bases legales para juzgar al líder venezolano, pese a posibles vicios de origen.
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El sistema judicial de los Estados Unidos se encuentra actualmente frente a un espejo histórico que podría determinar el futuro procesal de Nicolás Maduro. Según explicó el Dr. Mauricio D’Alessandro en un video publicado en sus redes sociales, abogado con vasta experiencia en derecho penal oriundo de Tandil, el caso del médico mexicano Humberto Álvarez Machain se consolida como la clave para entender lo que vendrá.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEste antecedente, originado a principios de la década del 90, estableció una jurisprudencia determinante: la legalidad de un juicio en suelo norteamericano no depende de la forma en que el acusado fue capturado. En aquel entonces, una operación encubierta permitió el secuestro internacional de un sospechoso, un escenario que en la actualidad resuena con fuerza ante el posible juzgamiento del dictador venezolano.
El antecedente del secuestro internacional
La historia que sirve de base para el caso de Nicolás Maduro comenzó en los años 80 en México, cuando el médico Álvarez Machain fue acusado de colaborar en la tortura de un agente de la DEA. Ante la imposibilidad de un proceso estándar, el Gobierno de los Estados Unidos decidió actuar de manera oficial pero a través de una misión encubierta.
En el año 1990, Álvarez Machain fue secuestrado en su país y trasladado en un avión privado hacia El Paso, Texas, para ser puesto a disposición de la Justicia. Este hecho generó una reacción inmediata por parte de su defensa, que argumentó que el procedimiento invalidaba cualquier posibilidad de juicio posterior.
Los abogados del médico mexicano sostuvieron que Estados Unidos no podía secuestrar a una persona para juzgarla, ignorando los tratados de extradición vigentes entre ambas naciones. D’Alessandro detalló que se espera que la defensa de Maduro utilice argumentos idénticos para intentar frenar cualquier avance de la justicia federal estadounidense en su contra.
La intervención de la Corte Suprema
El conflicto legal escaló rápidamente hasta la Corte Suprema de Justicia, que intervino entre los años 1992 y 1993, aproximadamente dos años después de la captura del médico. La resolución del máximo tribunal fue sorpresiva para los especialistas en derecho internacional de aquella época.
La Corte determinó que, a pesar de la ilegalidad de la detención y de reconocer que se trató de un secuestro que violaba tratados internacionales, era legal juzgarlo. Este fallo separó el acto de captura del proceso judicial en sí mismo, permitiendo que la causa siguiera adelante en los tribunales federales.
D’Alessandro explicó que este criterio es el que permite proyectar que, sin importar cómo se produzca la llegada de Maduro a la jurisdicción de Estados Unidos, el juicio sería procedente según la ley norteamericana. La jurisprudencia de los años 90 blindó la capacidad del gobierno federal para procesar individuos capturados fuera de los canales diplomáticos habituales.
El "fruto del árbol envenenado" y la absolución
A pesar de que el juicio fue autorizado, el proceso estuvo marcado por lo que en derecho penal se conoce como un proceso viciado de nulidad desde su origen. Algunos analistas, como menciona el Dr. D’Alessandro, podrían referirse a esto como el "fruto del árbol envenenado".
Cabe aclarar que dicha doctrina es un concepto jurídico que establece que las pruebas obtenidas mediante mecanismos ilegales deben ser excluidas del proceso.
Sin embargo, el desenlace del caso Álvarez Machain dejó una lección adicional sobre la independencia del poder judicial. Un juez federal terminó dictando la absolución del médico, no por la ilegalidad del secuestro, sino por la falta de pruebas suficientes para condenarlo por los cargos imputados.
Esto evidenció que, incluso en un escenario de captura irregular y presión política, el sistema judicial estadounidense requiere certezas probatorias para emitir una condena. El precedente indica que la legalidad del juicio está asegurada, pero el resultado final depende estrictamente del expediente.
Una Corte Suprema más conservadora
Un punto crítico en la comparación entre ambos casos es la evolución política y jurídica del máximo tribunal de los Estados Unidos. Durante el proceso de los 90, bajo la presidencia de George Bush (padre) y Salinas de Gortari en México, la Corte era considerada más liberal y cuidadosa de las formas.
En aquel momento, se trataba de un tribunal de centro que, aun así, terminó autorizando el juzgamiento de una persona secuestrada ilegalmente. El Dr. D'Alessandro destacó que la Corte Suprema actual presenta un perfil significativamente diferente y mucho más conservador.
Con tres miembros nombrados por Donald Trump, otros por la administración Bush y una minoría designada por el gobierno de Obama, el tribunal tiene una marcada tendencia republicana. Esta conformación sugiere un cambio en la predisposición de los magistrados ante los casos de seguridad nacional y política exterior.
Perspectivas para el juicio a Maduro
Dada la composición actual, se esperaría que el tribunal sea mucho más permisivo con las acciones del gobierno federal que la Corte de 1993. Si aquel tribunal más liberal permitió el juicio a Álvarez Machain, las probabilidades de que la actual Corte valide un proceso contra Maduro son considerablemente más altas.
El Dr. Mauricio D’Alessandro afirmó que el escenario para el dictador venezolano se presenta complejo desde la perspectiva de la estrategia de defensa. Los planteos sobre la soberanía o la ilegalidad de una eventual captura podrían chocar contra una jurisprudencia que ya tiene más de tres décadas de vigencia y un tribunal actual afín a las posturas de orden federal.
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