El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante el Decreto 138/2026 que fue publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este domingo. Según se desprendió de la normativa, entre las modificaciones principales se destacó la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo sistema de penas graduadas.

Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito. Durante el periodo de sesiones extraordinarias del pasado 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación que cosechó 44 votos positivos y 27 negativos. De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo en el Congreso.

Contexto regional y negociación

Con esta modificación, la Argentina se alineó a países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, que tienen fijada la edad de imputabilidad en los 14 años. En tanto, Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician dicho proceso a los 12 años. En todos los casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basó en impartir medidas socioeducativas que priorizaron su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo impulsó el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con este cambio, el Gobierno nacional se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaron que el límite de los 14 años representó un punto de equilibrio más sólido, permitiendo armonizar la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

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