El PRO impulsa un proyecto para aplicar penas de arresto a trapitos y cuidacoches en la Provincia

El bloque del PRO presentó un proyecto de ley en el Senado bonaerense con el objetivo de aplicar penas de arresto a quienes ejerzan las actividades de trapito, limpiavidrios y cuidacoches sin autorización legal en la vía pública. La propuesta fue impulsada por el senador Guillermo Montenegro, quien anteriormente se desempeñó como intendente de Mar del Plata.

La iniciativa propone modificar cinco artículos del Código de Faltas que rige en la provincia de Buenos Aires desde 1973. Según los fundamentos del proyecto, estas prácticas han dejado de ser hechos aislados: “Lejos de constituir prácticas aisladas, estas modalidades han evolucionado hacia modalidades cada vez más organizadas” que “han adquirido una magnitud creciente en numerosos municipios de la provincia”.

El texto establece sanciones de arresto para quienes realicen estas actividades de manera ilegal, aclarando que la conducta será penada incluso si la contraprestación económica es presentada como voluntaria. Asimismo, el proyecto incorpora sanciones para quienes reserven, delimiten u obstaculicen espacios de estacionamiento mediante el uso de conos, sogas, cadenas, vallas, cajones, carteles u otros elementos destinados a restringir la libre utilización de la vía pública.

Agravantes y sanciones

La propuesta contempla un endurecimiento de las penas cuando las conductas se cometan mediante intimidación, amenazas, hostigamiento o insistencia indebida. También se prevé un agravamiento de la sanción cuando exista un aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor, cuando intervengan dos o más personas de manera coordinada o cuando exista una organización previa.

El proyecto considera como agravante que el infractor registre antecedentes por hechos de la misma naturaleza, que oculte su identidad o que porte armas impropias o no convencionales. 

Finalmente, la iniciativa dispone sanciones más severas para quienes organicen, administren, financien o exploten económicamente estas actividades, e incluye la intervención de la autoridad competente ante indicios de connivencia de funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad, además de multas para clubes o instituciones que participen de estas prácticas.

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