Impulsan un proyecto nacional para deducir del Impuesto a las Ganancias las inversiones en educación
El concejal Bernardo Weber presentó un proyecto de resolución, en apoyo a la iniciativa del diputado Emiliano Yacobitti. Está destinado a trabajadores que ganen entre 55 y 155 mil pesos, para que presenten gastos en insumos, tecnología, clases particulares y cuotas de primaria, secundaria y universidad hasta los 25 años. Busca aliviar la carga tributaria, además con el incentivo de formar ciudadanos con mejor educación.
El bloque de Juntos por el Cambio, a través del concejal Bernardo Weber, presentó una resolución en apoyo al proyecto que promueve que las inversiones que las familias realizan en educación se puedan deducir del Impuesto a las Ganancias. El diputado nacional Emiliano Yacobitti le dio impulso a la iniciativa bautizada en las redes sociales con el hastag #EducaciónEsEvolución.
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La resolución, que tomó estado legislativo en la sesión de la semana pasada, apunta a solicitar a los diputados nacionales el pronto tratamiento de la modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias, conforme al proyecto presentado por el radical Yacobitti. En ese marco, se replicará esta acción en deliberativos de todo el país, en respaldo a la propuesta.
En concreto, promueve que las familias con ingresos de entre 55 mil y 155 mil pesos puedan deducir de Ganancias las inversiones que realicen en los estudios de sus hijos, por ejemplo, en materiales e indumentaria; clases de apoyo e idioma; transporte escolar o de pasajeros y residencias; comedores escolares, cuotas de cooperadoras, instituciones educativas y matrículas.
“Es aplicable tanto a primaria, secundaria y para hijos en edad universitaria menores de 25 años, donde van a poder deducir desde una clase de apoyo, material de estudio, una computadora, y obviamente tiene un tope cercano a los 15 mil pesos”, explicó Bernardo Weber en contacto con “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios).
Alivianar la carga
Además, sostuvo que se contempla para personas que ganan entre 55 mil y 155 mil pesos, que “si uno más o menos calcula, son familias de clase media la gran mayoría de ellas” y agregó que el objetivo es que “tengan la posibilidad de que todo aquello que se invierte en educación lo puedan deducir”.
En tanto, aclaró que se incluyen “todos los niveles educativos y todo tipo de educación, porque se entiende que el esfuerzo que hace una familia para la educación o haciendo que sus hijos estén mejor preparados también es una inversión que se hace hacia el país. Está demostrado que aquellas personas que tienen mayor cantidad de estudios o han accedido a mejores posibilidades, son mayores y mejores contribuyentes, mejores ciudadanos, tienen más cuidado del medioambiente, más control o más manejo de las reglas de ciudadanía. Hay un montón de variables que hacen que esto sea positivo y también entendiendo que el Estado lo recupera muy rápidamente”.
En ese sentido, consideró que “es una forma de aliviar un poco a aquel contribuyente que está sufriendo una carga enorme, que hace un esfuerzo muy grande para poder hacer frente a todo esto, pero aparte no sólo se alivia sino que tiene un fin específico que es invertir en educación”.
Los detalles
La iniciativa establece una deducción con un tope de un salario mínimo vital y móvil por mes por persona para aquellos que perciban hasta el equivalente de 12 salarios mínimos brutos por mes, y contempla que quienes ganen entre 55 mil y 145 mil pesos puedan descontar cada mes de Ganancias distintos ítems como materiales, clases de apoyo, clases de idioma, transporte escolar o de pasajeros por automotor y ferroviario desde y hacia las instituciones educativas, residencias universitarias, comedores escolares, indumentaria escolar, cuotas de cooperadoras y de las instituciones educativas y matrículas.
En ese sentido, el concejal destacó que la propuesta “también permitiría que muchos gastos que no se registran en blanco, como el pago a maestros particulares, se blanqueen, por lo que se tributaría sobre actividades que no suelen hacerlo. Y a medida que aumenta el nivel de educación, es un mayor nivel de ingresos futuros”.
Según los cálculos realizados por los autores del proyecto, el costo fiscal representaría (en el caso más extremo) el 0,32 por ciento del presupuesto nacional vigente para 2020, aunque con la última ampliación del Presupuesto 2019, el impacto sería de 0,24 por ciento.
La propuesta se sustenta en que un aumento de un punto en la matriculación primaria está asociado a un cambio de 2,5 por ciento en la tasa de crecimiento del PBI per cápita y del 3 por ciento para el caso de la secundaria. Una variación del 1 por ciento en las matrículas secundarias se asocia a una mejora del 1,5 por ciento en la productividad. Además, las personas con título universitario tienden a ahorrar un 32 por ciento más que el resto. A medida que aumenta la cantidad de años de formación, también lo hace el ahorro.
Weber destacó que “en sólo 13 años la inversión pública en educación superior se recuperaría, es decir que a los 8 años del egreso del estudiante el país comienza a recuperar su inversión y los restantes 32 años de vida laboral de la persona son ganancia neta para el Estado”.
Para cerrar, consideró que “aumentar las erogaciones en concepto de educación redunda tanto en una mejora del bienestar individual y colectivo como en la posición fiscal del Estado hacia el futuro, debido al incremento de la recaudación y la disminución del gasto social, por eso desde Tandil auspiciamos el tratamiento de este proyecto de ley”.