Impulsan una ley para eliminar el cobro de certificados de deuda municipal en operaciones inmobiliarias

El presidente de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Juan Osaba, elevó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir que los municipios cobren por la emisión de los certificados de deuda que resultan exigibles en las operaciones inmobiliarias. La iniciativa busca establecer la gratuidad de estos documentos al momento de realizar transferencias o constituir derechos reales sobre inmuebles en la provincia de Buenos Aires.

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Sobre los fundamentos de la medida, el legislador explicó: “No se busca eliminar el control ni la percepción de las obligaciones tributarias municipales, sino procurar reducir los costos de escrituración, simplificar trámites y favorecer la regularización dominial, estableciendo un criterio uniforme”.

En detalle, el proyecto ingresado a la Cámara baja propone modificar la Ley Provincial 14.351 para impedir que los gobiernos municipales perciban tasas, derechos, aranceles, sellados u otros conceptos por la solicitud, tramitación, emisión o entrega de dichas certificaciones. Actualmente, este documento es fundamental para constatar las obligaciones que pesan sobre una propiedad antes de concretar cualquier operación.

Al respecto, Juan Osaba cuestionó el funcionamiento actual del sistema: “El Estado te cobra para darte una información que ya tiene”. El planteo sostiene que la administración municipal ya dispone de la información necesaria para determinar si un inmueble registra deudas, por lo que el cobro resulta innecesario.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de 11 diputados de La Libertad Avanza, busca derogar las disposiciones locales que establezcan el cobro de tasas, aranceles y sellados por el pago de derechos y contribuciones que graven los bienes inmobiliarios. 

Finalmente, el texto parlamentario establece que las municipalidades deberán adecuar sus ordenanzas fiscales, tarifarias, sistemas administrativos y plataformas digitales dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.

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