Investigan a una dirigente de La Cámpora por la compra de un inmueble en el edficio de Cristina Kirchner

María Soledad Calle, referente de La Cámpora en la ciudad de Campana y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se encuentra bajo la lupa de la Justicia tras adquirir el departamento ubicado en el primer piso del edificio de San José 1111, justo debajo de la vivienda de la expresidenta Cristina Kirchner. La operación inmobiliaria se concretó el 20 de agosto del año pasado, apenas dos meses después de que el Tribunal Oral Federal 2 otorgara la prisión domiciliaria a la exmandataria.

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Durante las negociaciones previas a la compra, la dirigente habría manifestado que el inmueble se destinaría a ser la sede de una fundación. Sin embargo, fuentes que conocen los detalles de la operación han expresado dudas sobre el uso real del espacio. Al intentar contactarla en el lugar, no se obtuvo respuesta y personas apostadas en el edificio aseguraron desconocer a la mujer.

Vínculos políticos y causas judiciales

La trayectoria de Calle ha estado ligada al Estado, desempeñándose en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el Concejo Deliberante de Campana, donde presidió el bloque de La Cámpora. La dirigente ha mantenido una estrecha relación con el gobernador Axel Kicillof y ha manifestado públicamente su adhesión a Cristina y Néstor Kirchner.

La situación judicial de la sindicalista se complica por su rol en la UOM. En diciembre de 2022, creó la empresa USEM SA junto a Adalberto Raúl Braconi. Dos meses después, el gremio liderado por Abel Furlán cedió a dicha firma la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados, un acuerdo que se extiende hasta 2033 y que habría reportado ganancias de unos 100 millones de pesos mensuales.

Por estos hechos, el juez federal Julián Ercolini investiga a Calle y Furlán por los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita, a raíz de una denuncia presentada por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático. Sobre las condiciones del contrato, dirigentes opositores señalaron:

Dicho contrato habría conferido a USEM S.A. facultades de significativa amplitud, entre ellas la administración de aproximadamente el 80% de los aportes sindicales, la apertura de cuentas bancarias en nombre del sindicato, la ejecución de pagos y la administración de la caja sindical, todo ello a cambio de una retribución equivalente al 0,5% de la recaudación por cuota sindical, en el marco de una contratación de diez años de duración.

En declaraciones a LA NACION, la sindicalista negó ser empleada del gremio, a pesar de que los registros la vinculan con la representación del sindicato ante organismos internacionales y con la gestión de fondos de los trabajadores.

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