Iparraguirre arremetió contra la "inercia" municipal frente a los loteos clandestinos

El concejal de Fuerza Patria cuestionó la demora del Ejecutivo en responder los pedidos de informes y la parálisis en el tratamiento de una ordenanza clave para crear un “DNI de los lotes”. Advirtió sobre la proliferación de construcciones ilegales en zonas protegidas, criticó el rol de la Usina Municipal y Popular de Tandil y denunció una alarmante falta de control urbanístico por parte de la gestión del intendente Miguel Lunghi.

El concejal Rogelio Iparraguirre, referente del bloque justicialista, volvió a poner en el centro del debate la problemática de los desarrollos urbanísticos irregulares en las sierras de Tandil. En declaraciones al programa Ultimo Bondi de la radio El Eco, el legislador denunció que el Ejecutivo aún no respondió el pedido de informes presentado en la última sesión del Concejo Deliberante, ni ha avanzado en el tratamiento de una propuesta normativa orientada a transparentar la comercialización de tierras. Según el edil, esta situación de inercia municipal no solo fomenta la violación de la normativa vigente en la Zona Natural Protegida, sino que deja a los vecinos en una situación de vulnerabilidad frente a posibles estafas.

Iparraguirre señaló que la falta de respuestas por parte de la gestión local es una constante que se agrava ante la flagrancia de las infracciones. El foco de la crítica se centró en la proliferación de los denominados condominios clandestinos, una figura legal que se utiliza de forma distorsionada para subdividir parcelas en áreas donde el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) lo prohíbe.

"No hay semana en la que no le envíe a los funcionarios del Ejecutivo un caso nuevo de loteos irregulares", afirmó el concejal, resaltando que la incapacidad de ejercer control por parte del Estado municipal está socavando su propia autoridad institucional.

Una herramienta

La propuesta central del bloque opositor, presentada originalmente a principios de marzo, consiste en la reimplantación del Certificado de Aptitud Urbanística. Esta herramienta, que funcionó en el municipio hasta el 2011, actuaría como un "DNI del lote". El objetivo primordial es que cualquier vecino, antes de adquirir una parcela, pueda exigir al vendedor este documento oficial que certifique que el terreno es subdividible y apto para construir según los indicadores del PDT.

Iparraguirre subrayó que muchos compradores actúan de buena fe y son engañados mediante figuras como el fideicomiso o el condominio en zonas donde la parcela mínima es de 1.500 metros cuadrados o directamente está prohibido urbanizar.

El proyecto de ordenanza lleva más de cuatro meses en manos del Ejecutivo para su evaluación técnica, sin que hasta la fecha haya retornado al Concejo para su debate. "Llevan más días reteniendo la ordenanza que renglones tiene el proyecto", ironizó el concejal, quien calificó la demora como una decisión política de "cajonear" una solución a un problema recurrente. Para el legislador, la ausencia de esta herramienta facilita que desarrolladores "osados" sigan comercializando lotes a precios accesibles en zonas protegidas, bajo la premisa de que "se construye primero y se pide permiso o excepción después".

La implementación de este certificado no solo brindaría seguridad jurídica a los ciudadanos, sino que obligaría a las dependencias municipales, como la Dirección de Obras Privadas, a tomar una postura activa antes de que el hecho consumado de la construcción sea irreversible. El edil recordó que el cumplimiento de la ley es lo que rige para la inmensa mayoría de los tandilenses y que resulta injusto que la osadía de unos pocos prevalezca sobre el patrimonio natural que es bien común de toda la comunidad.

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El llamado de atención

de la Justicia de Faltas

Uno de los puntos más críticos que subrayó Iparraguirre se basó en un reciente fallo del juez de Faltas, el doctor Oliveto, respecto a una construcción ilegal en la calle Israel. Según el relato del concejal, en el 2022 la Justicia de Faltas ordenó la paralización de una obra en un condominio tras una denuncia de un propio particular. Pese a la existencia de una orden de paralización vigente y del conocimiento formal del Municipio, que actuó como parte en el proceso, se levantaron seis viviendas en el lugar.

"El juez Oliveto le hace un claro llamado de atención a la Municipalidad de Tandil", explicó Iparraguirre, detallando que el magistrado cuestionó duramente a áreas como Vialidad y Obras Públicas por no haber garantizado el cumplimiento de la orden de frenar los trabajos. El fallo judicial sienta un precedente importante al destacar que el ejercicio de la propiedad privada no es absoluto, especialmente cuando colisiona con el patrimonio natural y las normativas de planeamiento. En ese sentido, el legislador advirtió sobre el impacto ambiental que estas construcciones tienen sobre las cuencas y el escurrimiento de aguas en la ciudad.

La persistencia de las obras a pesar de las órdenes judiciales y administrativas evidencia, para la oposición, una falta de autoridad política alarmante. Iparraguirre manifestó que este descontrol genera un "clima de ley de la selva" donde el Estado municipal parece resignar su poder de policía frente a los desarrolladores privados. Esta situación, sostuvo, es la que motiva la necesidad urgente de reformar los mecanismos de habilitación y control de obras en todo el partido de Tandil.

El rol de la Usina y el futuro del PDT

La crítica del concejal también alcanzó a la Usina Municipal y Popular de Tandil. El proyecto de ordenanza propone que la empresa de economía mixta esté obligada a solicitar el Certificado de Aptitud Urbanística antes de realizar cualquier conexión eléctrica en nuevos desarrollos. Iparraguirre cuestionó que la prestataria brinde servicios a loteos que están claramente en flagrancia respecto a la normativa, facilitando así la consolidación de barrios informales en zonas no aptas. "Nuestra empresa municipal no puede ignorar que se está violando la norma", sentenció.

Finalmente, el debate se trasladó a la discusión de fondo sobre el Plan de Desarrollo Territorial y el Plan de Manejo de la Zona Natural Protegida, temas que calificó como los "grandes pendientes" de la ciudad. El concejal denunció que el gobierno de Miguel Lunghi está iniciando una rediscusión del PDT sin convocar a los bloques de la oposición ni a los concejales que integran la Comisión de Gestión Territorial.

Para Iparraguirre, Tandil atraviesa un fin de ciclo tras 23 años de gestión de la misma fuerza política, lo que se traduce en una pérdida de capacidad de planificación frente al crecimiento demográfico.

El legislador concluyó instando al Ejecutivo a abandonar la lógica de "gobierno hegemónico" y abrirse a una discusión seria sobre el ordenamiento del territorio. Aseguró que su bloque no busca ser obstruccionista, habiendo acompañado herramientas fundamentales como el Presupuesto, pero que no permitirán que se siga hipotecando el futuro ambiental de Tandil por la falta de gestión y transparencia en el control de las construcciones y los loteos serranos.

Sobre el autor

Guillermo Liggerini

Sec. de Redacción El Eco de Tandil