El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, firmó finalmente este lunes un decreto para establecer la prioridad de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el acceso a los servicios públicos. La medida, que pone el foco principalmente en el sistema de salud, busca reducir el impacto del uso de recursos por parte de habitantes del Conurbano que asisten a los hospitales porteños.

A través de sus redes sociales, el mandatario porteño justificó la decisión con duras críticas hacia la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. En su cuenta oficial de X, Macri expresó; “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó. Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: prioridad para los porteños”.

El decreto establece que las personas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán prioridad en la asignación de turnos, cupos y prestaciones en todos los servicios de la administración pública local. Según el texto oficial, la normativa alcanza tanto a las áreas centralizadas como descentralizadas del Gobierno de la Ciudad, y cada una la aplicará según las características del servicio.

“Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio. Esto también es ordenar y cuidar”, añadió el titular del Ejecutivo porteño. La medida surge en un contexto de tensión política, luego de que Macri calificara de "incompetente" a la administración bonaerense tras diversos cruces por la atención sanitaria y la situación de las personas en situación de calle.

Estadísticas usualmente aceptadas indican que cerca de tres millones de personas ingresan diariamente a la capital, en su mayoría provenientes de distritos del Conurbano. Si bien gran parte de este flujo corresponde a trabajadores que dinamizan la economía local, el jefe de gobierno insiste en la necesidad de priorizar a quienes tributan en el distrito.

Hace diez días, el conflicto escaló cuando Macri reclamó a la Provincia de Buenos Aires una compensación de 27.000 millones de pesos por la asistencia a personas en situación de calle. El reclamo fue rechazado por Kicillof, sumando un nuevo capítulo a la disputa por la prestación de servicios públicos que viene enfrentando a ambos gobiernos desde hace meses.

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