La Justicia levantó el secreto fiscal ante ARBA de Adorni y su esposa

La Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión fue adoptada por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsa una investigación orientada a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y los bienes adquiridos en los últimos años.

Según se desprende del expediente, el levantamiento del secreto fiscal permitirá acceder a información clave sobre tributos, declaraciones impositivas y movimientos vinculados a bienes registrados en territorio bonaerense. En particular, la medida pone el foco en propiedades del matrimonio, entre ellas una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, cuyos mecanismos de financiamiento están bajo análisis judicial.

La resolución se suma a otras disposiciones previas, como el levantamiento del secreto bancario y financiero, que habilitó a los investigadores a examinar cuentas, transferencias, créditos y consumos del funcionario y su entorno cercano. El objetivo es “reconstruir con precisión” la situación económica de Adorni y contrastarla con la información presentada ante los organismos de control.

En ese sentido, la causa busca determinar cómo el funcionario y su esposa pudieron concretar distintas operaciones inmobiliarias en un mismo período sin desprenderse de otros activos, lo que despertó sospechas en la fiscalía.

El expediente también incluye el análisis de préstamos y acuerdos financieros con particulares, así como la participación de terceros que figuran como acreedores o prestamistas en diversas operaciones. La Justicia intenta establecer si esas personas contaban con capacidad económica real para otorgar dichos financiamientos, un punto considerado clave dentro de la investigación.

Con el acceso a los datos fiscales de ARBA, los investigadores esperan cruzar información para verificar si el nivel de vida y la acumulación de bienes del funcionario se condicen con sus ingresos declarados. Este paso es considerado determinante para confirmar o descartar la hipótesis de enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y podría avanzar con nuevas medidas en las próximas semanas, en un expediente que mantiene alto impacto político dentro del Gobierno nacional.

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