La Justicia ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, a partir de una presentación impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) y organizaciones ambientalistas.

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La decisión fue adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar contra Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, las compañías que llevan adelante el emprendimiento.

La resolución judicial dispone que las empresas se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar actividades vinculadas con Sea Lion, incluyendo perforaciones sobre el lecho y subsuelo marino, instalaciones permanentes de infraestructura submarina, tendido de conductos y el comienzo de la extracción comercial de hidrocarburos.

La medida tiene carácter precautorio y no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las compañías. Uno de los principales fundamentos considerados por el juzgado fue la falta de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante las autoridades nacionales argentinas.

Según consta en el expediente, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente informó que no se inició un aviso de proyecto ni un procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente a las empresas involucradas.

El fallo también alcanza aspectos financieros relacionados con el desarrollo del emprendimiento y busca impedir actos destinados a posibilitar su ejecución mientras se mantenga vigente la cautelar.

Además, Rockhopper y Navitas tendrán un plazo de diez días para informar documentalmente el estado actual del proyecto, con datos sobre su desarrollo, financiamiento y los actores vinculados al emprendimiento.

La Justicia también requirió información relacionada con las habilitaciones correspondientes para operar en la zona.

La intervención judicial surgió a partir de una presentación realizada a comienzos de septiembre por el Cecim La Plata, a la que se sumó la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Los demandantes cuestionaron el proyecto tanto por sus posibles consecuencias ambientales como por el marco jurídico bajo el cual las empresas pretenden avanzar con la explotación.

El emprendimiento Sea Lion contempla la explotación de hidrocarburos en aguas situadas al norte de las Islas Malvinas. De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente, incluye un esquema de pozos petroleros y de inyección, infraestructura submarina y una unidad flotante destinada a la producción, almacenamiento y descarga.

La resolución judicial se produce además en medio de una escalada de medidas del Gobierno argentino contra las compañías que participan de actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas sin autorización argentina.

En ese contexto, el presidente Javier Milei anunció recientemente un endurecimiento de las sanciones contra las empresas involucradas en la explotación de recursos naturales en la zona disputada. La presentación que derivó en la cautelar había sido realizada antes de esos anuncios oficiales.

Con la medida dictada por Borruto, el avance de Sea Lion queda alcanzado por una orden de la Justicia argentina que exige detener las actividades comprendidas por la cautelar hasta que se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente o el juzgado disponga otra medida.

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El Eco de Tandil

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