La Justicia reactivó la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

Tras el receso invernal, los tribunales federales de Comodoro Py reactivaron el pasado lunes las causas judiciales de mayor trascendencia política para el Ejecutivo nacional, entre las que se destaca la causa por enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Previo a las vacaciones de invierno, el fiscal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que arrojó inconsistencias entre los ingresos y los gastos del matrimonio Adorni. A partir de este documento, el fiscal retomó el lunes la confección de un requerimiento de justificación patrimonial, el cual se basará en las irregularidades detectadas por el organismo.

El equipo de investigadores que trabaja en el caso avanzó sobre el tema incluso durante la feria judicial. En ese marco, aún sin fecha definida, la fiscalía pedirá al juez Ariel Lijo que le ordene a Manuel Adorni responder el requerimiento para dar, por primera vez en los tribunales, explicaciones sobre su fortuna. De esta manera, el platense tendrá la oportunidad de justificar formalmente los gastos y viajes de lujo que se dieron a conocer en el último tiempo, tras asumir la función pública.

Antecedentes y posibles penas

Vale recordar que, antes de renunciar, ante los medios, Adorni reveló que invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin en 2014, y que esa prematura apuesta por las criptomonedas le dejó en el bolsillo medio millón de dólares que nunca declaró ni empezó a gastar hasta convertirse en funcionario público.

Si la versión que vuelque ante la Justicia no desarma las sospechas de enriquecimiento ilícito, el fiscal podría dar un paso más y pedir que el ex funcionario sea llamado a declaración indagatoria, el escalón previo a un eventual procesamiento. Cabe destacar que el platense está imputado por presunto enriquecimiento ilícito.

De comprobarse el hecho, la Justicia podría aplicarle una pena de dos a seis años de prisión, además de multas e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, si la investigación deriva también en una condena por otros delitos, como lavado de activos o falsedad documental, las escalas penales podrían ser mayores, según lo que determine la Justicia.

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El Eco de Tandil

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