La oposición exige respuestas de Della Maggiora por una serie de faltas en el ejercicio de su función
Acusan incumplimientos del secretario de Protección Ciudadana, quien no contestó un pedido de informes sobre las cámaras, ni con los balances trimestrales de su gestión. Además, comenzó a ejecutar convenios que no elevó al Concejo Deliberante y suscribe contratos de alquiler a pesar de las objeciones del Tribunal de Cuentas. El Bloque Integrar presentó un proyecto de decreto, pero no consiguió que se tratara sobre tablas y pasó a comisión.
Los concejales de Integrar presentaron un proyecto de decreto del Concejo Deliberante que cita al secretario de Protección Ciudadana del Municipio, Atilio Della Maggiora, para que brinde explicaciones sobre distintas acciones de su área. Desde el bloque sostienen que el funcionario ha incurrido en serias faltas y buscan que concurran al Legislativo, tal como prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades, a dar respuestas y responder algunas preguntas.
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El proyecto de decreto impulsado por Nilda Fernández, Mauricio D’Alessandro y Gustavo Ballent, tomó estado legislativo y ahora será debatido en las comisiones, pese a que intentaron sin éxito el tratamiento sobre tablas en la sesión del último jueves.
“Cítese al señor secretario de Protección Ciudadana, doctor Atilio Della Maggiora, en los términos del artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, para que brinde explicaciones”, indica el primer artículo del decreto que luego enumera las dudas que el bloque opositor intentará despejar en el encuentro con el funcionario.
El artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece las atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo y su inciso 7 dice: “Concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia, a las sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación de cinco días para suministrar informes. El intendente podrá tomar parte en los debates, pero no votar. La falta de concurrencia del intendente o secretarios cuando haya sido requerida su presencia por decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho cuerpo, será considerada falta grave”.
Los cuestionamientos
En primer lugar, los ediles buscan conocer los motivos por los cuales el secretario de Protección Ciudadana no ha contestado en tiempo y forma la Minuta de Comunicación 3328, sancionada el 10 de mayo de 2018, en la que pedían informes sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad del Municipio.
Además, durante el encuentro, quieren conocer la “respuesta a los requerimientos efectuados en la minuta”, en la que habían datos sobre la cantidad de cámaras instaladas y en funcionamiento en el partido de Tandil; ante la falla, rotura o pérdida de visibilidad de alguna de ellas, qué mecanismo se pone en marcha y en qué tiempo se procede a su reparación y puesta operativa; la instalación, prueba, puesta a punto del sistema y mantenimiento de los equipos que instalaron en el período actual; las condiciones actuales de capacitación del personal y mantenimiento del sistema integral de cámaras; el funcionamiento de la Central de Vigilancia Intergal: sofware de gestión de video, equipos auxiliares a las cámaras, hardware de grabación integral y red de datos.
Si bien en el artículo segundo de la minuta aprobada en mayo habían requerido que el informe se presentara en los plazos establecidos por el artículo 6 de la Ordenanza 13843, la dependencia que conduce Della Maggiora aún no suministró esos datos. Esa normativa determina que “trimestralmente el Departamento Ejecutivo Municipal presentará, por escrito de manera personal a través del responsable del área, a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante, un informe del estado del Sistema de Protección Ciudadana y simultáneamente lo publicará en el sitio Web oficial del Municipio”.
Por tal argumento, en tercer lugar, a partir del encuentro con el secretario quieren saber los “motivos por los cuales incumple con la obligación establecida en el artículo 6to. de la Ordenanza 13843”.
El cuarto requerimiento son los “motivos por los cuales ha comenzado a dar cumplimiento a los convenios celebrados con la Universidad Nacional del Centro en materia de seguridad antes de haberlos elevado a este Cuerpo Deliberativo” y puntualizaron cuatro acuerdos con el instituto Pladema, uno de consultoría, otro de Smart Cam, el de video resumen y el SETVI.
Por último, los “motivos por los cuales continúa suscribiendo contratos de alquiler estableciendo un canon locativo en infracción a lo señalado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires”.
Los fundamentos del proyecto de decreto
A partir del inciso 7 del artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 134 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Tandil, los legisladores de Integrar motorizaron la citación formal al secretario de Protección Ciudadana del Municipio Atilio Della Maggiora.
En los considerandos del proyecto de decreto, consignaron que “la normativa reseñada faculta a este Cuerpo Deliberativo a citar a los secretarios del Departamento Ejecutivo a brindar informes”.
En tanto, señalaron que el funcionario “ha incumplido el plazo establecido por la Ordenanza 5181 (establece 30 días) para contestar los requerimientos efectuados por este cuerpo mediante la minuta de comunicación 3328 sancionada el 10 de mayo del corriente año en relación a materia propia de su incumbencia”.
Por otro lado, marcaron que Della Maggiora “incumple con lo establecido por la Ordenanza 13843 referente a su obligación de brindar -personalmente- informes trimestrales referidos al estado del sistema de Protección Ciudadana”.
Sumado a esto objetaron que el secretario “ha manifestado reiteradamente la innecesariedad de elevar los convenios suscriptos por el Departamento Ejecutivo en clara contradicción con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.
En ese aspecto, citaron los convenios firmados entre el Municipio de Tandil y la Universidad Nacional del Centro para estudios en materia de seguridad, los cuales contienen decretos de abril de 2018 suscriptos por el Intendente y refrendados por el secretario de Protección Ciudadana autorizando las erogaciones previstas en los citados acuerdos, sin que los convenios fueran elevados al Legislativo (circunstancia que ocurriera recién en mayo 2018).
Sumado a esto, los concejales argumentaron que “el funcionario citado suscribe reiteradamente contratos de alquiler en donde se fija el monto del canon locativo en función del sueldo de los empleados municipales, en infracción a las observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires”.
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