En la previa del debate por el Presupuesto local
La oposición objetó el "excesivo" aumento de tasas y las atribuciones extraordinarias al Intendente
La bancada opositora cuestionó que la ordenanza impositiva estime una suba de tasas del 54 por ciento en 6 meses, por encima de la inflación y de la actualización salarial de ese periodo, considerando que además se subestima la recaudación de estos tributos. Desacuerdo con la normativa fiscal que otorga al jefe comunal discrecionalidad para redireccionar fondos. Dudas sobre la dotación de servicios a un macizo de tierra sin convenio urbanístico aún.
El presidente del bloque del Frente de Todos, Darío Méndez, analizó el Presupuesto 2022 y las ordenanzas fiscales e impositiva que el Ejecutivo elevó para su debate y aprobación en el Legislativo, tratamiento que tendrá lugar en la sesión del próximo martes.
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El proyecto redactado por la Secretaría de Economía y Finanzas prevé un presupuesto consolidado de 8.550.724.442 de pesos para solventar a la comuna durante el año venidero. En tanto que la ordenanza impositiva establece un aumento de tasas del 49 por ciento durante el primer semestre y la ordenanza fiscal otorga la facultad al Departamento Ejecutivo para seguir desafectando partidas en el marco de la emergencia sanitaria.
Al respecto, el legislador anticipó que su bloque tiene severos cuestionamientos en torno al porcentaje de incremento de las tasas prediales que, sostuvo, es del 54 por ciento en realidad y no de 49 puntos, porque no se suman linealmente los tres tramos de aumento.
Según la normativa impositiva, las tasas Retributiva de Servicios, Servicios Sanitarios, Red Vial y sobretasa de Seguridad aumentarán un 49 por ciento en tres tramos. La suba escalonada establece un 35 por ciento de incremento en el primer bimestre; 9 por ciento en el segundo; y un 5 por ciento adicional para el tercer bimestre. Por otra parte, la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE) mantendrá sus alícuotas. Es decir, los mínimos se mantienen y, además, se deja la facultad de elevarlos un 30 por ciento para el segundo semestre del año.
“El aumento de tasas es del 54 por ciento y es un exceso, se ubica por encima de la inflación de este año y no tiene asidero. En primer lugar, cuando se ve el presupuesto de 2021, que tenía un consolidado de más de 5 mil millones y en efectivo hubo 6 mil millones de pesos -en un año de crisis y restricciones como el 2021-, se registró una recaudación del 20 por ciento por encima en coparticipación y tasas, entonces quiere decir que no es necesario un incremento de esas consideraciones", especificó.
En segundo lugar, el concejal observó que siempre se confeccionan los presupuestos a la baja y que hay una subpresupuestación de las recaudaciones para tener más margen de maniobra. Pero aún así, Hacienda está proyectando un presupuesto con un 63 por ciento de crecimiento, que está 15 puntos por encima de la inflación prevista.
"¿Qué van a hacer con eso? ¿Van a crear nuevas áreas? ¿Va a haber algo más que amerite descargar sobre los contribuyentes un aumento de esta magnitud?”, inquirió.
Asimismo, resaltó que la suba del 35 por ciento se aplica directamente de una vez y en enero, período en el que no existe un proceso inflacionario de ese calibre; pero tampoco hay un incremento de precios ni una actualización salarial del 54 por ciento en los primeros seis meses del año. De este modo, desagregó que la compactación de todas las subas en un lapso de tiempo tan acotado redunda en un duro golpe al bolsillo de los asalariados y jubilados, lo que echa por tierra la “falacia” del alza escalonada.
Incremento de tasas
En este sentido, Méndez reparó en que la recuperación económica no solamente debe incluir políticas para reactivar la industria, el comercio y las actividades productivas, sino que deben tener en cuenta la recomposición salarial y del poder adquisitivo para que la rueda del consumo no se licúe.
El concejal explicó que “este año estamos en 52,6 por ciento de incremento de las jubilaciones con la nueva fórmula de cálculo y las bonificaciones, y le vamos a ganar a la inflación por primera vez en 4 años para que se lo gasten en una tasa”, en tanto consideró que “todos los niveles del Estado tienen que ayudar a la recuperación de la economía”.
Si bien acordó que hay inflación y que es lógico que el aumento de los tributos municipales deba acompañar ese proceso, porque de otra forma no se pueden sostener los servicios que se brindan, focalizó que el eje de la discusión debe ser la salida de la pandemia a partir de un esfuerzo más equitativo de los diferentes niveles estatales y más progresivo para los ciudadanos.
“Que los que más tienen, más paguen. Aumentan el 54 por ciento las tasas a una vivienda que vale 10 millones y a la que vale 2 millones. Es cierto que el proporcional es distinto, pero la Retributiva, que determina la mayoría de los gravámenes, tiene cinco escalafones de valuaciones fiscales. Se podrían imponer un aumento mayor a las más altas y menos a las bajas, no hay impedimento para hacerlo, lo que no hay es definición política”, deslizó.
Incertidumbre
Méndez tampoco dejó de lado que hay una falta de certezas sobre los números de la coparticipación y del CUD (Coeficiente Único de Distribución), por lo tanto no se va a discutir un presupuesto que reposa sobre parámetros fijos. Es que el rechazo de la oposición en el Congreso anuló la posibilidad de contar con una Presupuesto nacional en 2022 y, frente a este escenario, las provincias van a tener el mismo presupuesto que este año. Por ende, los municipios deberían contar con igual presupuesto que en 2021 más algún crecimiento de tributos provinciales.
En este tren, valoró que el panorama tras el fracaso de la votación de la Ley de Presupuesto “no está en consonancia con lo que estaba pautado desde el Gobierno nacional para con las provincias y las provincias con los distritos. Esto puede poner en jaque las expectativas de muchos municipios y ni hablar de las obras públicas financiadas por Nación. Juntos pide a nivel local responsabilidad de los funcionarios de la oposición, pero también deberían tenerla los suyos en otros niveles”.
Ordenanza fiscal
Por otro lado, puntualizó que la ordenanza fiscal que pretende imponer el Gobierno local sigue el camino de mantener las facultades corporizadas en el marco de la emergencia sanitaria que se votó en marzo de 2020 y que fue prorrogada hasta el 31 de diciembre próximo.
Esta normativa permite, entre otras cosas, que el Departamento Ejecutivo disponga de los recursos necesarios para paliar los efectos de la pandemia y la crisis sanitaria, lo que se traduce en una potestad para modificar la cobrabilidad de las tasas, y afectar o desafectar fondos afectados y de libre disponibilidad con el objeto de redireccionar partidas si es necesario. Esta delegación de funciones tornaría cuasi obsoleto al cuerpo deliberativo.
“Estamos totalmente en desacuerdo con esto. Vamos a discutir el presupuesto el 28 de diciembre y a los 4 días el Intendente puede modificarlo a su antojo, entonces para qué discutimos un presupuesto; no tiene sentido el trabajo del Legislativo. En Nación no sucedió lo mismo, el Presidente no tiene esas atribuciones”, sostuvo.
Además, el texto indica que estas facultades se pueden prorrogar en el tiempo, más allá de la emergencia sanitaria y mientras dure la emergencia económica. En esta línea, Méndez aclaró que Tandil no está declarado en emergencia económica.
“En 2019 la realidad lo ameritaba y lo solicitamos, pero no fue aprobado. Ahora quieren que votemos darle la facultad al Ejecutivo para que otorgue a su criterio eximiciones de tasas parciales o totales en el tiempo que quiera, y decidir la disponibilidad de recursos afectados en el tiempo que quiera”, reclamó.
En el desglose de datos, refirió que en 2021 se giraron 164 millones de pesos más de la coparticipación, que el cobro de tasas fue mayor al esperado, que la TUAE recaudó 86 millones más y aseveró que la Tasa Retributiva de Servicios es la única que a la fecha recaudó 40 millones menos de lo previsto, pero con la salvedad de que no está el informe final y todavía resta analizar los números a fin de mes.
“Hablan de emergencia y tuvieron 600 millones más de lo presupuestado en 2021. El tema es entonces cómo cuajan las facultades extraordinarias y la emergencia económica, cuando el presupuesto creció por encima de lo previsto. La ordenanza fiscal no tiene otro asidero que dotar al Intendente de facultades extraordinarias, cuando en realidad a esta altura cualquier modificación debería discutirse en el Concejo. Si hay nuevamente un riesgo sanitario, se volverá a discutir en el recinto y la voluntad va a ser la de acompañar como se hizo hasta ahora”, ponderó.
Presupuesto 2022
En base a la ordenanza del Presupuesto 2022 y la asignación de partidas para cada área, evaluó que este es confeccionado por el Ejecutivo y que la ciudadanía tandilense eligió un jefe comunal para gestionar la estructura municipal, motivo por el cual, a priori, la oposición debería acompañarlo.
“No pretendemos hacer un presupuesto porque no fuimos elegido para eso, pero mínimamente entendemos que podemos aportar algo. Pensamos en algunas modificaciones que son mínimas y no presuponen cambios sustanciales. Si estas ideas son escuchadas, podríamos aprobarlo, pero queremos ser escuchados. Si pretenden que acompañemos porque sí y que se imponga la mayoría del oficialismo, no. Acá jamás estuvo en riesgo la aprobación del presupuesto, ni la posibilidad de tener un presupuesto para gestionar”, señaló.
Dentro de las cuestiones presupuestarias sobre las que posaron el ojo, Méndez hizo hincapié en dos problemáticas fundamentales: producción y vivienda.
En cuanto a la producción, cuestionó que se lleva apenas el 2 por ciento del total de recursos. Y que si bien el porcentaje creció un poquito respecto del año anterior, la mayor parte de la torta de recursos asignada se va en gastos de personal y gastos corrientes, sin financiar políticas concretas que incentiven acciones en esa dirección.
El misterio del predio Carrasco
El otro tema crucial sobre el que pretenden debatir es la dotación de servicios para el predio Carrasco por un total de 100 millones de pesos, cuyo convenio urbanístico no existe ni fue votado por el Concejo. En torno a ello, indicó que el bloque evalúa la posibilidad de efectuar una presentación en el Tribunal de Cuentas –porque los concejales tienen que responder con su patrimonio las cuestiones improcedentes- frente a la opacidad que este ítem presenta al estar incluido en el proyecto de presupuesto, sin haberse suscripto previamente un convenio de tierras que explicite el modo en el que el Municipio se va a hacer de esos lotes, bajo qué valores y qué destino tendrán esas parcelas.
En tal sentido, consideró que si no se votó el convenio urbanístico correspondiente no es factible que los legisladores voten que se utilicen 100 millones de pesos para colocar infraestructura urbana y de servicios en ese macizo de tierra, que pertenece a un privado.
“Cómo vamos a votar que se usen más de 100 millones para ponerle infraestructura, hoy en día, a un privado. Es un macizo de tierra que no está subdividido y entonces ¿cómo va a participar el Estado ahí”, criticó.
Siguiendo esta línea, la Ley de Hábitat faculta a los departamentos municipales a dotar de indicadores a los macizos de tierra para que puedan lotearse y esto eleva el valor de la tierra entre 10 y 20 veces más. Como contrapartida, el Ejecutivo se queda con una parte de esos terrenos.
Sin información oficial acerca del tema y solamente a partir de la lectura de algunos artículos periodísticos que visibilizaron la novedad, el edil detalló que “entiendo el Municipio va a dar indicadores e infraestructura, y en función de ese monto que pone en servicios va a recibir un equivalente en lotes. Pero no sé si ese equivalente se calcula en base al lote listo, que vale más, o con el valor proporcional del macizo. En ese caso seríamos un ‘Estado bobo’ al servicio del capital, porque usamos la plata de los contribuyentes para que otros se hagan millonarios”, estimó.
Además, hizo foco en el destino que tendrán esos lotes. Si quedarán al servicio de la Ley Nacional de Tierras para que después el fideicomiso Procrear pueda entregar un lote con un crédito para construir, o si quedarán librados al poder adquisitivo de los eventuales adjudicatarios.
“No se sabe si apuntamos a un sector que no tiene problemas para acceder a la tierra y la vivienda, que puede comprar lotes a precio de mercado y pedir créditos en los bancos. En los terrenos de María Ignacia eligieron poner los lotes a precio de mercado sin que los adjudicatarios tengan la posibilidad de acceder a créditos Procrear hasta que no tengan la escritura", objetó.