Karina Milei aumentó el presupuesto para tarjetas corporativas sin presentar los gastos

La Secretaría General de la Presidencia, bajo la conducción de Karina Milei, registró un incremento significativo en el presupuesto destinado a los denominados gastos flexibles de la Casa Rosada. En el transcurso de un año, este fondo se multiplicó por 2,4, pasando de 471 millones de pesos a una cifra superior a los 1.135 millones de pesos.

El esquema administrativo opera mediante un sistema de tarjetas corporativas estatales asignadas a distintos funcionarios. A pesar de la magnitud de los montos, el Gobierno decidió no hacer públicos los detalles de los consumos ni las rendiciones de cuentas correspondientes. El aumento presupuestario quedó formalizado a través de la Resolución 35/2026, firmada a fines de enero y publicada en el Boletín Oficial a principios de febrero.

Según se informó, la normativa estableció un límite de gastos individuales de 50 millones de pesos por operación, con excepciones únicamente para el pago de servicios básicos, débitos por embargos y costos vinculados a viajes presidenciales. Ante un pedido de acceso a la información pública, la dependencia oficial confirmó que, con datos actualizados al 10 de junio, existen 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios habilitados en la plataforma Corporativa Nación.

Falta de transparencia en los movimientos

La respuesta oficial resultó incompleta, ya que el Ejecutivo omitió entregar los resúmenes mensuales, el listado de proveedores, las facturas y los expedientes de rendición solicitados. Si bien se proporcionó la nómina de funcionarios vinculados a los plásticos, no se aportó documentación que permita verificar el uso de los fondos públicos.

Entre los nombres que integran el sistema figuran Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel —quien posee dos plásticos del Fondo Rotatorio—, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría.

La falta de desglose genera interrogantes, dado que el convenio con el Banco Nación permite visualizar en línea las transferencias y movimientos. Asimismo, el manual interno exige registrar cada operación en un expediente electrónico con facturas a nombre de la dependencia. Actualmente, la Dirección de Sumarios mantiene abierta una investigación interna por un posible uso irregular de estas tarjetas corporativas.

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