Pablo Quirno: “Van a tener que elegir si quieren operar en Malvinas y ser sancionadas”
El canciller argentino confirmó que el Ejecutivo notificó a las compañías con vínculos hidrocarburíferos en el archipiélago sobre la aplicación de sanciones bajo la Ley 26.659.
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El canciller argentino, Pablo Quirno, informó que el Gobierno nacional notificó a 180 empresas que mantienen vínculos con actividades hidrocarburíferas en el territorio de las Islas Malvinas sobre la necesidad de definir su continuidad operativa, bajo la advertencia de recibir sanciones por parte de la Argentina. La comunicación fue revelada durante la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desarrollada en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
El funcionario explicó que esta medida se enmarca en la estrategia oficial para penalizar a las firmas que desempeñan operaciones en las islas, alcanzando también a sus proveedores. Al respecto, Quirno señaló: “La ley 26.659, que ahora va a ser un poquito más famosa a partir de anoche, lo que hacía era sancionar a las empresas petroleras que operen en Malvinas, prohibiéndoles operar en la Argentina”.
El canciller argumentó que el contexto actual difiere del momento en que se dictó la normativa, entre 2011 y 2013, debido al desarrollo de Vaca Muerta. Según el funcionario, el objetivo es generar un desincentivo para que las compañías opten por la seguridad jurídica y el potencial de negocios en el territorio nacional. “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”, sentenció.
El Gobierno busca, mediante un decreto reglamentario, acelerar el proceso de sanciones y ampliar el alcance a proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros. “Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, detalló Quirno sobre el universo de 180 compañías alcanzadas.
Asimismo, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659, buscando mayor amplitud en las penalidades y la posibilidad de que las empresas cesen sus actividades en Malvinas sin perder su capacidad operativa en Argentina. “Hoy, cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”, aclaró.
Finalmente, el canciller indicó que se ha incluido en el decreto reglamentario una declaración jurada para los aspirantes a los beneficios del RIGI, donde deben manifestar que no se encuentran en violación de la mencionada ley. “Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave en lo que estamos haciendo, porque nos permite poder cubrir nuestros intereses vis-à-vis el Reino Unido y las protestas y las acciones que estábamos tomando”, concluyó.
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