Tal como se anticipaba, el Concejo Deliberante fue epicentro de otro debate político motivado por las dudas acerca de la legalidad de la batería de decretos que firmó el intendente Miguel Lunghi para otorgar, en junio pasado, un incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros urbano y suburbano. En una discusión profusa y álgida en algunos de sus pasajes, en especial el presidente de la Comisión de Transporte, Juan Salceda, se mostró contrariado ante la postura de la oposición, que cerró filas detrás de la propuesta de Alternativa Tandil y PRO de realizar la consulta formal para que Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se expida sobre si los instrumentos se ajustan a derecho.

“Pensé que era un tema terminado”, confió Salceda, quien había llevado adelante el grueso de las infructuosas negociaciones con los diversos bloques en torno al pedido de la Cámara de Transporte para prorrogar la ordenanza que otorgaba incrementos bimestrales retroactivos, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se venció en marzo pasado. Finalmente, sin consensos y en el marco de las medidas de fuerza que comenzaban a afectar a los pasajeros de las seis líneas de colectivos, en junio pasado, el Intendente incrementó las tarifas, de acuerdo con el indicador previsto, a través de tres decretos ad referéndum del Concejo que no se pronunció, es decir, no convalidó ni rechazó estos instrumentos que entraron en vigencia de forma automática como preveían en el articulado.

“Sobre lo único que había consenso era que el aumento por IPC era razonable”, remarcó Salceda y disparó una discusión paralela con Acción Tandilense-LLA, que desde el inicio del tratamiento del expediente sostuvo que el boleto había sufrido un salto que derivó en un ajuste por encima del indicador nacional.