Petroleras de Malvinas minimizaron las sanciones anunciadas por Milei
Rockhopper y Navitas Petroleum, responsables del proyecto Sea Lion, aseguraron que las medidas anunciadas por el Gobierno argentino no modificarán sus planes de explotación. Las acciones de ambas compañías, sin embargo, registraron bajas este viernes.
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Las petroleras Rockhopper y Navitas Petroleum, responsables del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, respondieron a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei y aseguraron que no esperan consecuencias materiales sobre el desarrollo del yacimiento.
Las compañías difundieron una declaración conjunta luego de que el mandatario anticipara un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización de la Argentina.
Las operadoras ratificaron que continuarán adelante con el proyecto y remarcaron que trabajan bajo licencias petroleras otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas, además de asegurar que cuentan con el “respaldo total y continuo” del Gobierno británico.
Rockhopper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, consideraron que las decisiones anunciadas desde Buenos Aires no modificarán el cronograma previsto para Sea Lion.
“La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion”, señalaron las empresas en su comunicado.
La respuesta se conoció después de la cadena nacional encabezada por Milei, en la que el Presidente anunció una serie de medidas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina.
Entre las iniciativas, el mandatario anticipó que el Gobierno avanzará con la inhabilitación para operar en territorio argentino de aquellas empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos desarrollados en las islas.
Además, anunció la firma de un decreto para acelerar la aplicación de sanciones y el envío al Congreso de un proyecto de ley para incrementar las penalidades contra las compañías alcanzadas por esas medidas.
Sea Lion se encuentra en aguas del Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y constituye uno de los principales proyectos petroleros previstos en la zona.
El emprendimiento se encuentra todavía en etapa de desarrollo y, en caso de avanzar hasta su fase productiva, implicaría una explotación comercial de petróleo a gran escala en las aguas circundantes al archipiélago.
La Argentina sostiene que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización nacional vulneran sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Rockhopper y Navitas, por su parte, ratificaron que reconocen las licencias concedidas por las autoridades isleñas y volvieron a destacar el respaldo del Reino Unido a esas autorizaciones. Las compañías también remitieron a sus informes corporativos de 2025 y del segundo trimestre de 2026 para fundamentar su posición sobre el marco jurídico y las perspectivas del emprendimiento.
Pese a que las petroleras minimizaron las posibles consecuencias de las medidas anunciadas por la Argentina, sus acciones registraron bajas durante la jornada de este viernes.
Hacia las 10.30 GMT, los papeles de Rockhopper retrocedían más de un 5% en la Bolsa de Londres, mientras que las acciones de Navitas perdían alrededor de un 2% en Tel Aviv.
Ambas compañías ya habían sido alcanzadas anteriormente por sanciones argentinas debido a sus actividades vinculadas con Malvinas: Rockhopper fue sancionada en 2013 y Navitas en 2022.
En la zona también existen licencias de exploración en manos de otras compañías, entre ellas la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.
Durante su discurso, Milei sostuvo que la Argentina buscará impedir que las empresas involucradas en la explotación de los recursos naturales de las islas puedan desarrollar actividades en el territorio continental.
El Gobierno pretende además extender el alcance de las medidas a accionistas, directivos y proveedores relacionados con esos emprendimientos, como parte de una estrategia más amplia para incrementar las consecuencias sobre quienes participen de actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina.
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